Tiburcio Chávez Pérez
Expediente 133/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2019
Partes del expediente
- Tiburcio Chávez Pérez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, *****, autorizado del quejoso *****, solicita se sirva devolver la documentación en original que fue exhibida como base de la acción, previa copia certificada que se deje en autos, autorizando para recoger dicho documento a ******. En ese sentido, es menester precisar que en proveído de cuatro de diciembre del año en curso, se requirió a la parte quejosa a efecto de que dentro del plazo de noventa días comparezca en este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales; en consecuencia, y dado lo expuesto en el párrafo que antecede, en obvio de mayores dilaciones devuélvasele el acta de cedimiento que adjuntó al escrito de demanda, y como lo solicita téngase por autorizada para recoger la misma a ******, previa copia certificada que se glose en su lugar.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto Vigésimo Primero, fracción I, párrafos primero y segundo de dicho Acuerdo). Ahora bien, en el presente asunto obra un documento original, por tanto, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca a recoger dichos papeles; apercibido que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlo. Se comunica a las partes que de conformidad con el punto Décimo Primero del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, de conformidad, con el Punto Décimo Primero, párrafo segundo, del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
MESA VII.- Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo (con anexo) promovida por Tiburcio Chávez Pérez, contra actos del Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido San Mateo Atenco, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico; asimismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 133/2019-VII. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte el diverso 1° de la citada ley, señala: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Y el artículo 5, fracción II, de la legislación reglamentaria, dice que: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [...] En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: a) Acta de Asamblea Ejidal de la cual desconozco su fecha y contenido y por medio de la cual se me pretende privar de una fracción de mi propiedad. Acto que estimo violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Como consecuencia de ello, la privación de una fracción de mi propiedad ubicada en ubicado en Avenida del Canal y Calzada San Antonio Abad, Colonia Reforma en el Paraje San Antonio, en el ejido de San Antonio, en el ejido de San Mateo Atento, Estado de México (sic). Actos que se atribuyen al Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de San Mateo Atenco, Estado de México, como autoridad responsable; sin embargo, éste no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Por lo que, los actos que de dicha entidad se reclaman no pueden ser analizado en la presente instancia constitucional, toda vez que como ya se precisó con anterioridad el referido Presidente del Comisariado Ejidal de San Mateo Atenco, Estado de México, no puede ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo; toda vez que forma parte del comisariado el cual conforme al artículo 33 de la Ley Agraria, es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido y sus principales facultades como se denota en la siguiente trascripción: Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. De lo anterior, se concluye que el Presidente del Comisariado Ejidal al ser miembro de éste, quien de manera conjunta con los demás miembros, les compete la determinación de reconocer la asignación de derechos ejidales a los campesinos y esa resolución adquiere obligatoriedad únicamente para los ejidatarios miembros, de manera que sus actividades se limitan a cuestiones entre particulares, sin imperio ni coerción; asimismo, si bien es cierto que el comisariado ejidal forma parte del órgano de ejecución de los acuerdos determinados por la Asamblea, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria para efecto de este juicio constitucional, pues su carácter de órgano de ejecución es respecto del ejido y hacia su interior. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: ... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ... Es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria, aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria, ni mucho menos el presidente de este, dado que no tiene facultades de imperio, sino solo de representación del ejido y ejecución de los acuerdos tomados por sus integrantes, por lo que se concluye que al no tener facultades de imperio, no es autoridad para efectos del amparo. Sirve de apoyo, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 151-156, Tercera Parte, visible a página 41, con registro 237644, que no ha sido superada, con el rubro y texto siguientes: AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes. De igual forma, encuentra apoyo lo anterior en el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1099, Tomo XIII, Mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 189776, la cual no ha sido superada, que dice: COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Así mismo, el criterio sustentado en la Tesis 133 A, editada en la página cuatrocientos sesenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de mil novecientos noventa y cinco, Materia Administrativa, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, con registro 208669, del tenor literal siguiente: PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y DEL PATRONATO DE SOLIDARIDAD RURAL. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS EL. El Presidente del Comisariado Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia y del Patronato de Solidaridad Rural, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías, en razón de que, carecen de las facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, tales actos no derivan de la tramitación, resolución y ejecución de expedientes agrarios para considerar que ejercen actos públicos autorizados por las propias resoluciones, sino que son órdenes provenientes de la asamblea general de ejidatarios en administración y vigilancia de los bienes agrarios que se equiparan a actos de particulares contra los cuales es improcedente la suspensión. Y la tesis publicada en la página ochocientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Administrativa, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, con registro 214009, cuyo texto es el siguiente: COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.- El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo. Lo anterior conlleva a concluir que el Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de San Mateo Atenco, Estado de México, no puede ser autoridad para los efectos del amparo, en virtud de que los actos que se reclaman, pudiera ser conducta respecto a la cual el promovente está en aptitud de hacer valer sus derechos, ante la autoridad correspondiente, no constituye un acto reclamable en esta vía constitucional, ya que, por sí mismo no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al peticionario, por lo que, al carecer de facultades coercitivas, decisorias y ejecutoras, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, por concurrir los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio el que cita el quejoso, para los efectos que refiere, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Pérez García y Oscar Hugo Hernández Rodríguez, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Por otra parte, respecto a la solicitud del promovente para que los autorizados Pérez García y Hernández Rodríguez, consulten el expediente electrónico que deriva del presente; toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de los usuarios angymark y oscarhugo, en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto. Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, como lo solicita, devuélvase la documentación en original que exhibe, previa copia certificada que se deje en autos.
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