Teresa Vásquez Vásquez

Expediente 397/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
397/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Teresa Vásquez Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 397/2021, promovido por **, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la quejosa **, la autoridad señalada como responsable pretende despojarla de la posesión de la fracción del terreno en donde se encuentra viviendo. Por ello, estima que ese ente público viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el catorce de abril el año en curso. La justiciable señaló como autoridad responsable al agente del Ministerio Público Tradicional en turno, de la Fiscalía del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; como actos reclamados: la orden verbal de que le dio a la ciudadana Celina Vásquez Vásquez, para que la despoje de la propiedad en la que ha estado viviendo y sus consecuencias legales que deriven de la misma. La demanda fue remitida el catorce de abril de la presente anualidad, quedando registrada en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 397/2021 y fue admitida el quince de abril siguiente; asimismo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la parte quejosa reclama del agente del Ministerio Público Tradicional en turno, de la Fiscalía del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, lo siguiente: La orden verbal de que dio a la ciudadana Celina Vásquez Vásquez, para que despoje a la quejosa de la propiedad en la que ha estado viviendo y sus consecuencias legales que deriven de la misma. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, negó la existencia de los actos reclamados. En ese contexto, si la inconforme no desvirtuó la negativa que la referida autoridad sostuvo ni demostró con alguna prueba la intervención de ese ente público en los actos que le reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a la referida entidad pública. VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, en contra de los actos reclamados a la autoridade responsable, precisados y señaladas en el apartado V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y con su contenido dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

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