THALÍA TORRES GARCÌA y Otros.

Expediente 43/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
43/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • THALÍA TORRES GARCÌA y Otros.
  • Thalía Torres GarcìA

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 43/2021 promovido por Julio César Salas Fernández en su carácter de apoderado jurídico de la parte actora en autos del expediente laboral 312/2019 (carácter que acredita con copia de la continuación de audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte realizada en el referido expediente laboral), en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisará. El problema jurídico en el presente asunto consiste en determinar si la autoridad responsable ha sido omisa en calificar las pruebas en autos del expediente laboral 312/2019; y si con ello se trasgrede el derecho tutelado por los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Según señala la parte quejosa bajo formal protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que el dos de mayo de dos mil diecinueve sus representados presentaron ante la Oficialía de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, una demanda, dónde reclamaron de la Comisión Federal de Electricidad e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores diversas prestaciones, misma que quedó radicada con el número 312/2019 y citaron a las partes a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, desahogándose el doce de febrero y cuatro de marzo de dos mil veinte, reservándose en la última fecha la autoridad responsable sobre la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes; sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda, dicha autoridad aún no había calificado tales pruebas. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Presentación de la demanda. Por escrito presentado electrónicamente el veinte de enero de dos mil veintiuno, Julio César Salas Fernández en su carácter de apoderado jurídico de la parte actora en autos del expediente laboral 312/2019, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los hechos del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a éste órgano jurisdiccional, la que se admitió el veintiuno de enero siguiente; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previos los trámites del juicio, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto; este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, y porque el acto reclamado se trata de una omisión de una autoridad que radica en donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia territorial. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme combate el acto siguiente: A la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca: La omisión de dictar acuerdo sobre la calificación de pruebas ofrecidas en la audiencia de cuatro de marzo de dos mil veinte dentro del expediente laboral 312/2019. CERTEZA DEL ACTO Al rendir su informe justificado la presidenta encargada por ministerio de ley de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Treinta y Dos, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, aceptó parcialmente el acto reclamado, agregando que a la fecha de la presentación de la demanda (veinte de enero de dos mil veintiuno), no se había dictado el auto de calificación de pruebas dentro del expediente laboral 312/2019; sin embargo, el dos de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó el auto de calificación de pruebas ofrecidas por las partes en dicho expediente. Además, la certeza de esas actuaciones se patentiza con la constancia que en copia certificada remitió al momento de rendir su informe justificado, a la que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2. PROCEDENCIA A consideración de este juzgador, el juicio de amparo es improcedente, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la omisión de calificar las pruebas que las partes ofrecieron en autos del expediente laboral 312/2019. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que la responsable el dos de febrero de dos mil veintiuno, calificó las pruebas ofrecidas por ambas partes en el expediente laboral 312/2019. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión de calificar pruebas, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al dictarse el acuerdo en cuestión, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tal omisión no hubiera invadido la esfera jurídica de la particular. Por tanto, lo pretendido por la parte promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la omisión que reclamó, se satisfizo, al dictarse el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo contra la omisión que reclamó Julio César Salas Fernández en su carácter de apoderado jurídico de Thalía Torres García y otros, parte actora en autos del expediente laboral 312/2019, por parte de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en los términos del apartado VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta a este juicio de amparo en que se actúa y téngase al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito formulando sus alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este expediente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la presidenta por ministerio de ley de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número Treinta y Dos, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, y la prueba que acompaña para tal efecto. Con el informe y la documental referida con antelación, dése vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito de cuenta, por medio del cual, Julio César Salas Fernández, apoderado jurídico de los quejosos, proporciona un correo electrónico; en consecuencia, téngasele cumpliendo con la exhortación efectuada por este órgano jurisdiccional en auto inicial. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRONICAMENTE.

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