TERESA ROSALBA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y Otros.
Expediente 470/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Teresa Rosalba Hernández Martínez
- TERESA ROSALBA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE Y VÍA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 470/2020, promovido por . . . , en contra de los actos que reclama al Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del encargado de la Subdelegación de Prestaciones de dicho instituto. ANTECEDENTES Según lo manifestado por la quejosa, el uno de septiembre de dos mil ocho, se jubiló por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debido a la relación laboral que tuvo con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, según la concesión de pensión con folio . .. Que, derivado de la situación de pandemia actual, pudo revisar sus documentos, logrando establecer que derivado de la entrada en vigor de la denominada Unidad de Medida y Actualización en el año dos mil dieciséis, tal disposición se le aplicó en su perjuicio, al aplicar dicha medida a los pagos de su pensión. Lo anterior constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, . . ., promovió juicio de amparo indirecto contra los actos del delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del encargado de la Subdelegación de Prestaciones de dicho instituto. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 14, 16 y 123, inciso A), fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 470/2020; asimismo, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Así, seguido el juicio por todos sus trámites, la audiencia constitucional, tuvo verificativo el veinticuatro de noviembre del año en curso. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestiona un acto de autoridades administrativas que tienen su residencia dentro de la demarcación donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: Del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del encargado de la Subdelegación de Prestaciones de dicho instituto: La aplicación de Unidades de Medida y Actualización (UMAS) en el pago de la pensión por jubilación, siendo aplicables salarios mínimos. Como consecuencia de dicho acto, la actualización de la pensión definitiva y el pago retroactivo de las diferencias que dejó de percibir desde el año dos mil dieciséis. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al rendir informe justificado, el suplente del titular del representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el encargado de la Subdelegación de Prestaciones de dicho instituto, ambos de la Delegación Estatal en Oaxaca, negaron el acto que la quejosa les atribuyó, y fueron coincidentes en manifestar lo siguiente: "NIEGO EL ACTO RECLAMADO QUE DE MI AUTORIDAD SEÑALA LA QUEJOSA: Toda vez que esta autoridad a la que represento no ha emitido documento alguno donde ordene y mucho menos ejecute alguno de los actos señalados por la quejosa, es decir, aplicarle para el pago de su pensión la utilización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). . para el otorgamiento de una pensión lo realiza con base a lo que reporta la dependencia donde labora cada derechohabiente cuando se encuentran en servicio activo, es decir, toma en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la baja del trabajador, esto con fundamento en los artículos 7, 15, 57, 63 y 64 de la Ley del ISSSTE, en relación con el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor, más no así el salario mínimo o la Unidad de Medida y Actualización. (.) Ahora bien, hago de su conocimiento que la pensión que se le asignó, se otorgó de acuerdo a lo reportado por su dependencia donde labora la amparista cuando se encontraba en servicio activo y actualmente se le ha venido pagando de manera íntegra en base a su sueldo básico disfrutado en el año anterior a su baja, no es óbice mencionar que desde que le fue asignada dicha pensión, se le ha pagado y aplicado conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del 1º de enero de cada año. Según el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, señala que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y, posteriormente, mediante reforma vigente a partir del 1 de enero de 2002, establece que se adopta para tales fines el índice Nacional de Precios al Consumidor y lo que resulte de mayor beneficio para el pensionado. (.) Tal como se acredita y ratifica, este Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no determina aplicar en el monto de la pensión, el uso Salarios Mínimos o Unidades de Medida y Actualización, es decir, las Dependencias son las encargadas de remitir a este Instituto en tiempo y forma, toda la información referente a sus sueldos o modificaciones salariales, tales como el promedio del sueldo básico disfrutado de un trabajador mensualmente antes de su baja, información fundamental para establecer el cálculo de una pensión. Suponiendo sin conceder, que este instituto aplique para el pago de la pensión la Unidad de Medida y Actualización, cabe señalar que el suscrito se jubiló anterior a la reforma constitucional del dos mil dieciséis donde se desindexó el salario mínimo para dar paso al uso de Unidades de Medida y Actualización, pues como lo refiere el propio quejoso en su escrito de demanda en el párrafo PRIMERO de los antecedentes señaló que se jubiló el dieciséis de diciembre del dos mil nueve y el veintisiete de enero del dos mil dieciséis se publicó el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En consecuencia, queda claro que la quejosa realizó una interpretación errónea de la Unidad de Medida y Actualización, pues dicha unidad no es utilizada para el pago de su pensión de la accionante, pues en ningún momento esta autoridad a la que represento ha dictado e emitido algún documento por medio del cual se le notifique a la amparista que el pago de su pensión se le realizará utilizando la Unidad de Medida de Actualización. (.)". La parte quejosa no aportó al juicio de amparo, medios de pruebas que desvirtúen de manera fehaciente, el informe de las responsables; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, en el sumario la quejosa ofreció como pruebas, la copia certificada de las documentales siguientes: a. Concesión de pensión folio SP 0802336, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación en Oaxaca, otorgó a . .. b. Hoja única de servicios número 5432/08, autorizada por el Subdirector de Recursos Humanos del Departamento de Registros y Controles del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a nombre de . . . c. Credencial para votar expedida a favor de . . por el Instituto Federal Electoral. d. Credencial con fotografía y número ISSSTE 805711, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de uso exclusivo para trámites de la pensionada . . . e. Clave Única de Registro de Población de . .. f. Comprobantes de pago digitales, emitidos por la oficina virtual del ISSSTE a nombre de la pensionada . . . , correspondientes a los meses de pago FEB-2016, FEB-2017, FEB-2018, FEB-2019 y FEB-2020. Por su parte, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto Estatal de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, remitió el oficio . . , de veintiuno de octubre de dos mil veinte, en el que rindió el informe solicitado por la quejosa, remitió el formato de concesión de pensión a nombre de la quejosa, con número de pensión 945084, en el que se puede observar que el inicio de su pensión por jubilación comenzó a partir del uno de septiembre de dos mil ocho, con una cuota diaria de . . . misma que se le notificó el diez de diciembre de dos mil ocho. Asimismo, se informa que para el cálculo de la pensión se toma en cuenta el sueldo básico promedio del último año laborado, que corresponde al período del uno de septiembre de dos mil siete al treinta y uno de agosto de dos mil ocho. Para sustentar la información, se acompañó copia de la concesión de pensión con número de folio . . . de los cual no es posible advertir que el pago de la pensión se determine o pague en Unidades de Medida y Actualización. Tales medios de prueba valorados conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, demuestran. 1. La identidad de la quejosa. 2. Que la impetrante cuenta con una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3. Que desde que se otorgó la pensión al mes de febrero de dos mil veinte, se han realizado a la impetrante los pagos correspondientes. Sin embargo, no se advierte la existencia de los actos que la promovente del amparo atribuye a las autoridades administrativas, esto es, la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización en el pago de la pensión, de ahí que se estime correcto decretar el sobreseimiento en el juicio por inexistencia de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por . . . , respecto al acto que reclamó al delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del encargado de la Subdelegación de Prestaciones de dicho instituto, por los motivos expuestos en el apartado V de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguense el oficio y anexos señaladas en a cuenta al juicio de amparo en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de sus contenidos se advierte que el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, rinde su informe en relación a la prueba de informe que le fue solicitada el pasado veintinueve de septiembre de dos mil veinte, misma que de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo se ordena agregar a los autos, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Con lo anterior dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a sus derechos legales compete, ya que fue él quien ofreció dicha probanza. NOTIFÍQUESE; y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Del estado de autos se advierte que las autoridades responsables al día en que se actúa no han rendido la prueba documental que en vía de informe se les requirió y tampoco han remitido las documentales que les fueron solicitadas el pasado veintinueve de septiembre. Con motivo de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se reprograma para las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se reitera a las autoridades responsables que deberán rendir la documental que en vía de informe les fue solicitada consistente en: I.- El tabulador que contenga los conceptos, en que efectivamente el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (ante la que presentó sus servicios) le haya reportado a la responsable; II.- La cotización y su notificación correspondiente; así como el documento en el que se encuentre plasmado; III.- Documento que contenga los ingresos acumulados del último año de servicio cotizado por la aquí quejosa. LA DE INFORMES.- Que deberá remitir la responsable, consistente, en la operación matemática, relativa al cálculo de su pensión. Así también, de conformidad con lo establecido en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les requiere nuevamente para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la notificación de este proveído remitan debidamente certificadas las documentales requeridas en los puntos anotados en los párrafos que anteceden. Y dentro de ese mismo plazo envíen a este órgano jurisdiccional copia certificada y legible de todas y cada una de las constancias que refirieron al momento de rendir sus respectivos informes justificados, o en su caso de todas las que integren el expediente de la aquí quejosa o que tengan relación con el acto combatido. Apercibidas que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se impondrá a la omisa una multa consistente en la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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