Teresa Pallares Mora

Expediente 1281/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1281/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Teresa Pallares Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS... OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-1281/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderada Matilde Reyes Mendoza, contra actos del Delegado y/o Comisionado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Por otra parte, se HACE CONSTAR Y CERTIFICA: Que el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto de darle vista para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la entrega de certificado de tierras de uso común relativo a la solicitud 16220000964, transcurrió del nueve al trece de noviembre de dos mil veintitrés, descontándose los días inhábiles (sábado y domingo), toda vez que se le notificó el aludido proveído a la requirente constitucional el siete de noviembre del año actual, sin que ésta lo hubiera hecho. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. En torno a la certificación secretarial antecede de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término concedido en auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, sin que la parte quejosa hubiera comparecido a desahogar la vista otorgada en dicho auto; en tal virtud se procede a resolver lo que conforme a derecho proceda. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) El Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que EL Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegatos 912/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VIII-1281/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderada Matilde Reyes Mendoza, contra actos del Delegado y/o Comisionado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el veintinueve del mes y año en cuta, por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, por conducto de su apoderada Matilde Reyes Mendoza, promovió demanda de amparo indirecto contra el Delegado y/o Comisionado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente VIII-1281/2023; y, se determinó admitir a trámite el juicio en que se actúa; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previos diferimientos; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La falta de respuesta a la solicitud de inscripción de la enajenación de derechos parcelarios con número de folio 16210003853, respecto de una parcela del núcleo agrario "La Encarnación", perteneciente al Municipio de Zitácuaro, Michoacán, según sus funciones en el trámite correspondiente y, en consecuencia, la falta de expedición del certificado de tierras de uso común correspondiente. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Delegado y/o Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado, Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que expresamente que negó la existencia de las omisiones reclamadas, bajo el argumento de que la solicitud que reclama en esta instancia constitucional con número de folio 16210003853, por error en la captura de dicha solicitud fue cancelada generándose una nueva solicitud siendo la identificada con el número de folio 16220000964, la que se encuentra para hacerle la entrega en el área correspondiente a la parte quejosa. De ahí que, tal negativa debe desvirtuarse, en razón de que la solicitud reclamada en esta instancia constitucional, no se dio contestación, virtud a la cancelación que por error se realizó, dando de alta diversa solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Certeza que se corrobora con la documental que la parte quejosa adjuntó al libelo constitucional, constancia que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la diversa jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, con registro 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIIA. Sea que las partes las aleguen o no, habrá de analizarse si en la especie operan causales de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se trata de un estudio oficioso y preferencial, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 62 del ordenamiento en cita. En el caso, el que suscribe la presente resolución, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" Esta causa de improcedencia se actualiza cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, es decir, aun cuando los efectos del acto de autoridad controvertido subsistan, en caso de concederse el amparo resultaría jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la concesión del amparo, porque la prerrogativa afectada, que se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de la parte quejosa, se modificó sin causar un perjuicio susceptible de ser reparado mediante la resolución concesoria de amparo. Es así, pues el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; por ello, el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo cual se actualiza en el caso que se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han materializado en la esfera jurídica de la quejosa, ni se materializarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, como se precisó en párrafos anteriores, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte requirente constitucional en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria; lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector no cumpla con su finalidad. En el caso concreto, la parte quejosa reclama al Delegado y/o Comisionado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, la falta de respuesta a la solicitud de inscripción de la enajenación de derechos parcelarios con número de folio 16210003853, respecto de una parcela del núcleo agrario "La Encarnación", perteneciente al Municipio de Zitácuaro, Michoacán, según sus funciones en el trámite correspondiente y, en consecuencia, la falta de expedición del certificado de tierras de uso común correspondiente. Al respecto, resulta importante destacar que el Delegado y/o Comisionado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado informó lo relativo al Formato de solicitud 16210003853, en el sentido de que por error en la captura de dicha solicitud fue cancelada generándose una nueva siendo la identificada con el número de folio 16220000964, la que se encuentra para hacerle la entrega en el área correspondiente a la parte quejosa. Consecuentemente, es claro que en el momento que se levantó el Formato de solicitud con folio 16220000964 quedaron desvanecidos los efectos de la omisión correspondiente al diverso formato con folio 16210003853 -que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional-. De ahí que se concluye que el presente juicio de amparo se torna improcedente, en atención a que la omisión reclamada respecto de la solicitud 16210003853, aunque subsiste, ya no podría surtir efecto legal en la esfera del impetrante de amparo, habida cuenta que del informe justificado por el Delegado y/o Comisionado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, se advierte que se levantó nuevo Formato de solicitud con número de folio 16220000964, con la finalidad de entregarle el certificado de tierras de uso común correspondiente respecto de la parcela perteneciente al núcleo agrario "La Encarnación", del Municipio de Zitácuaro, Michoacán. Por tanto se reitera que, el acto omisivo que combate la parte quejosa -si bien formalmente subsiste-, también es verdad que su objeto o materia no prevalece y ya no podría surtir efecto legal alguno. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." La anterior determinación de sobreseimiento impide que este órgano jurisdiccional aborde el estudio de los argumentos vertidos por el peticionario del amparo. Sirve de cimiento a lo anterior, la tesis VI. 1o. J/23 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, registro digital 226555, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En tal virtud, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, se impone sobreseer en los autos del presente juicio de amparo. Finalmente, no se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra del acto y autoridades que quedaron precisados, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe. aeol

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe que se tuvo por recibido en auto de seis de noviembre pasado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*-Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe que se tuvo por recibido en auto de seis de noviembre pasado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.Avpb*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga respecto a la entrega de la solicitud de su certificado, materia de este juicio de amparo para los efectos legales que estime procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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