Teresa Herrera Vargas

Expediente 1276/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1276/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Teresa Herrera Vargas
  • Teresa Herrera Vargas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintidós. HA CAUSADO ESTADO Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiocho de diciembre del dos mil veintiuno, por el que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, consistente en el Toca Civil número I-230/2021. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón levantada por la actuaria adscrita a este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar a Erick Arroyo Vergara, en su calidad de apoderado de la parte quejosa Manuel Cobián García y Teresa Herrera Vargas, el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, por las razones expuestas en la misma; en tal virtud, con apoyo en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, practíquense a la parte quejosa la notificación del proveído de mérito, así como los subsecuentes que deban ser personales mediante lista que se publique en los estrados de este juzgado, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a señalar domicilio para tal efecto. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Jegp

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE 2022, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA Erick Arroyo Vergara, en su calidad de apoderado de la parte quejosa Manuel Cobián García y Teresa Herrera Vargas, el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE ESCRITO DE DEMANDA DE AUTORIDAD INCOMPETENTE. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, que contiene inserto el acuerdo de veintidós de diciembre del año que transcurre, escrito original de la demanda de garantías promovida por Erick Arroyo Vergara, en su calidad de apoderado de los quejosos Manuel Cobián García y Teresa Herrera Vargas, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, así como informe justificado de la autoridad responsable, un tomo de pruebas y las constancias de emplazamiento al tercero interesado Gustavo Adolfo Jasso Villicaña. Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías que ahora nos ocupa, planteada en contra de la resolución emitida por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, deben observarse las siguientes jurisprudencias: "Época: Novena Época Registro: 200232 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: P./J. 51/95 Página: 110 DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes. "Época: Novena Época Registro: 175619 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 25/2006 Página: 251 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto. SE ACREDITA PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de la Materia y con el carácter que tiene reconocido en autos del toca de apelación 230/2021, que la autoridad responsable anexó a su informe de ley, se reconoce a Erick Arroyo Vergara, su calidad de apoderado de los quejosos Manuel Cobián García y Teresa Herrera Vargas, con el que comparece a gestionar la presente instancia constitucional. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." [.]". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta procedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe resaltar que los actos intraprocesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia a su favor, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo, cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, porque no será posible restituirle el tiempo que dure la referida privación. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, estas constituyen violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de iniciarse el mismo no se encontraban dentro de la esfera de derechos del gobernado y en caso de que fueran transgredidos, la sentencia definitiva que resolviera el procedimiento podría tener como efecto la restitución de los mismos. Ahora, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente respecto a la sentencia de segunda instancia dictada el seis de octubre del año en curso, dentro del toca número I-230/2021, a través de la cual el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, confirmó la resolución interlocutoria de veintitrés de junio del año que transcurre emitida dentro del juicio ordinario civil 750/2013, en el que declaró infundado el incidente de cosa juzgada promovido por los quejosos en su calidad de demandados reconvencionales. Lo anterior en la medida en que las consecuencias jurídicas de la determinación reclamada se traducen en que no prospere una excepción planteada por los ahora quejosos en su calidad de demandados reconvencionales, de tal manera que el acto de autoridad reclamado no afectan derechos sustantivos de los solicitantes del amparo fuera del procedimiento civil de origen, sino que sus efectos trascienden únicamente en el propio procedimiento civil de origen. En ese sentido, la actuación reclamada no es de aquéllas que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no produce a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal); por lo que tratándose de una resolución dictada en la secuela procesal del procedimiento de origen, será hasta el dictado de la sentencia que resuelva en definitiva el juicio ordinario civil 750/2013, en donde el Juez de origen decidirá si la acción intentada en contra de los ahora quejosos es procedente o no y, en todo caso, la posible afectación a derechos de naturaleza adjetiva, se destruirán si la parte ahora amparista obtiene resolución favorable a sus pretensiones, con lo que desaparecerán fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. En caso contrario, podrá impugnar tal violación a través del amparo directo que eventualmente se promueva contra la sentencia que ponga fin al juicio de origen. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por tanto se impone desechar la demanda de amparo analizada. A propósito de lo expuesto, cobran aplicación los criterios jurisprudenciales que se reproducen enseguida: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubiesen sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. DIVERSO MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Asimismo, del análisis de la demanda, y constancias que se adjuntan al ocurso de cuenta, se conduce a considerar que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de dicha normatividad, según se verá a continuación: El artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, dispone lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es de quince días, el cual, en términos del numeral 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, c) Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En su escrito inicial de demanda la parte quejosa manifiesta que el acto reclamado, consistente en: La sentencia de segunda instancia dictada el seis de octubre del año en curso, dentro del toca número I-230/2021, a través de la cual el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, confirmó la resolución interlocutoria de veintitrés de junio del año que transcurre emitida dentro del juicio ordinario civil 750/2013. En tales condiciones y toda vez que el acto reclamado por la quejosa no se ubica en alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la oportunidad de la promoción de la demanda de garantías, inconcuso es que, el plazo que rige en el presente asunto es el general de quince días, lo anterior, y atento a lo corroborado por el Magistrado responsable, a las constancias de la notificación y del apercibimiento efectuado por el mismo Tribunal de Alzado, se advierte que el acto que reclama la peticionaria del amparo se le notificó mediante lista el siete de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, el término para promover la demanda de amparo comenzó a contar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, esto es del once de octubre al tres de noviembre, ambos del presente año, como se advierte de la siguiente ilustración: OCTUBRE DOMINGO LUNES MARTES MIERCÓLES JUEVES VIERNES SABADO INHÁBIL 1 2 3 INHÁBIL 4 5 6 7 (Notificación por lista) 8 (Surte efectos) 9 INHÁBIL 10 INHÁBIL 11 (Día 1, Inicia cómputo de quince días) 12 INHÁBIL 13 (2) 14 (3) 15 (4) 16 INHÁBIL INHÁBIL 17 18 (5) 19 (6) 20 (7) 21 (8) 22 (9) 23 INHÁBIL 24 INHÁBIL 25 (10) 26 (11) 27 (12) 28 (13) 29 (14) 30 INHÁBIL 31 INHÁBIL NOVIEMBRE DOMINGO LUNES MARTES MIERCÓLES JUEVES VIERNES SABADO INHÁBIL 1 2 3 (15, Último día para la presentación de la demanda.) 4 5 6 INHÁBIL 7 8 9 10 11 12 13 INHÁBIL 14 15 16 17 18 19 (PRESENTACION DE LA DEMANDA) FUERA DE TÉRMINO. 20 INHÁBIL Así las cosas, como la demanda fue presentada hasta el diecinueve de noviembre del año en curso, según consta de la certificación del termino de presentación de la demanda elaborada por la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que obra en autos, resulta claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el primer de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos. En consecuencia, si como ya se dijo, la demanda de amparo a estudio fue presentada el diecinueve de noviembre pasado, esto es, cuando ya había transcurrido el término para promover el juicio constitucional, es claro que su presentación deviene extemporánea y que por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo cual constituye una razón adicional para desechar la demanda de amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizados a las personas que señala en su libelo constitucional, únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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