Teresa González Ávila

Expediente 121/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
121/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
02/04/2019

Partes del expediente

  • Teresa González Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de abril de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, las constancias que en su momento remitió como sustento de su informe justificado, consistentes en las cuatro secciones que integran el juicio sucesorio intestamentario 402/2015, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se concedió a la quejosa Teresa González Ávila la suspensión definitiva respecto del acto reclamado en el juicio de amparo III-121/2019; asimismo, que como medida cautelar, este órgano jurisdiccional impuso a la amparista la obligación de exhibir, dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al que surtiera efectos la notificación de dicha resolución, la garantía fijada para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar concedida; sin que hubiese cumplido con dicha obligación, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro del presente proveído. DEJA DE SURTIR EFECTOS SUSPENSIÓN. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, comuníquese a la autoridad responsable que la medida suspensiva que en definitiva fue decretada en autos mediante la interlocutoria de mérito, ha dejado de surtir sus efectos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-121/2019 promovido por Teresa González Ávila, por propio derecho, actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció el carácter de tercero interesado a David González Ávila, quien fue legalmente emplazado a juicio. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en las cuatro secciones que integran el juicio sucesorio intestamentario 402/2015, mismas que obran en cuatro cuadernos de prueba por separado. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 121/2019-III, promovido por Teresa González Ávila, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve ante la autoridad señalada como responsable, recibido el treinta y uno siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito; compareció Teresa González Ávila a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que precisó de la siguiente manera: "IV.- ACTO RECLAMADO.-Lo constituye el auto dictado por este Honorable Juzgado de fecha 13 de diciembre del año 2018, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ÁNGEL GONZÁLEZ BOTELLO número 402/2015, que se sigue en en este juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán." En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulneradas en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia legal. Mediante acuerdo plenario de ocho de febrero de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó su remisión al Juez de Distrito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad. TERCERO Admisión y trámite del juicio. Así, por auto de once de febrero de dos mil diecinueve, este Juzgado Tercero de Distrito admitió a trámite el libelo constitucional y ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este juzgado, sin que hubiera lugar a solicitar informe justificado a la autoridad responsable dado que ya obraba en constancias, por lo que se ordenó notificar lo anterior a las partes para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, en el día y hora señalados para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna un acto emitido por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este órgano federal tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la cuarta sección del juicio sucesorio intestamentario 402/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán; proveído mediante el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia el acto que se le atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con las diversas constancias certificadas que integran las cuatro secciones del juicio sucesorio intestamentario 402/2015 del índice del juzgado responsable, en donde particularmente se observa el auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, que se reclama en este juicio constitucional. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. El suscrito observa que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no acató el principio de definitividad, previo al acudir a este juicio de amparo. El artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos y medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación o de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario sui generis utilizado para invalidar los actos de las autoridades que lesionen la esfera de derechos de la parte quejosa, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios y medios de defensa previstos por las leyes respectivas. De ese modo, aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios, ya que con ello se da oportunidad al particular que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios o medios de defensa que puedan hacer cesar la violación de la que se quejan. Por ende, para tener por acreditada la causa de improcedencia en cita, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado provenga de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento que pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado; y, c) Que no se actualice alguno de los supuestos de excepción contenidos en dicho precepto. Al respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia del siguiente contenido y datos de localización: Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Página: 8 "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Contradicción de tesis 25/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de septiembre de 2017. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis contendientes: Tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), de rubro: ´PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.´, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 1, julio de 2012, página 729, y Tesis 2a. LVI/2000, de rubro: ´DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.´, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 156". El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el número 11/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Ahora bien, se recuerda que el acto reclamado consiste en el auto dictado por el juez responsable, mediante el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa dentro del juicio de origen. La anunciada improcedencia de este juicio deriva de que, contra la determinación en cuestión, procede el recurso de queja previsto en el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que a la letra dice: "696. El recurso de queja tiene lugar: (.) II. Contra la denegación de apelación; y," Porción normativa la cual prevé la procedencia de la queja por denegada apelación en contra del proveído que desecha o niega admitir ese recurso. El objeto de este recurso es analizar las razones esgrimidas por la autoridad para desecharlo, para modificar, revocar o confirmar el acuerdo impugnado. La resolución pronunciada dota de firmeza a la diversa que desechó ese recurso. Así las cosas, resulta evidente que contra el acto reclamado en esta instancia constitucional procedía el recurso de queja, por tratarse de una determinación que desecha el recurso de apelación, pues de la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que procede el medio ordinario de defensa aludido en contra la denegada apelación. A mayor abundamiento esta potestad federal corrobora la procedencia del recurso de queja como un medio ordinario de defensa, a partir de las consideraciones vertidas en la tesis aislada XI.T.Aux.C.2 C del Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, criterio en el cual sostuvo que el juez de primera instancias se encuentra facultado para desechar el recurso de apelación -sin perjuicio de que la segunda instancia también lo haga-, pues de la codificación adjetiva, se colige la posibilidad de que el Juez pueda desecharla por extemporánea pues, de no interpretarlo así, se llegaría al absurdo de que nunca tendría aplicación la procedencia de la queja contra la denegada apelación. Lo anterior en términos de la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 167032 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Julio de 2009 Materia(s): Civil Tesis: XI.T.Aux.C.2 C Página: 1860 "APELACIÓN. EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PUEDE DESECHAR DICHO RECURSO POR EXTEMPORÁNEO, AUN CUANDO NO EXISTA NORMA JURÍDICA QUE ASÍ LO ESTABLEZCA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 699, 704, 705 y 730, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán abrogado, se advierte que el Juez de primera instancia tiene facultades para desechar el recurso de apelación, entre otros supuestos, cuando no se haga valer oportunamente, en razón de que del contenido de las normas jurídicas citadas, deriva que: si el apelante no señala y aporta las constancias, en el término legal, el recurso no será admitido; la apelación debe interponerse ante el Juez que pronunció la sentencia o auto, por escrito, dentro de nueve días si la sentencia fuere definitiva y dentro de seis si fuere auto o interlocutoria; en el auto que se pronuncie respecto del escrito de interposición del recurso, el Juez expresará si lo admite en ambos o en un solo efecto; y, el recurso de queja procede contra la denegación de apelación. Lo anterior significa que los supuestos normativos contemplados en los preceptos mencionados, para que tengan una aplicación coherente y funcional, deben interpretarse en el sentido de que facultan al Juez para desechar el recurso de apelación cuando, entre otros requisitos de procedibilidad, no se interponga oportunamente, puesto que aunque ninguna de dichas normas expresamente establece la facultad del juzgador para desechar el medio de impugnación de referencia, es procedente interpretar, a contrario sensu, que si el citado artículo 704 establece el término en que debe interponerse la apelación, es válido concluir que si ésta no se presenta en ese lapso, el Juez está facultado para desecharla por extemporánea pues, de no interpretarlo así, se llegaría al absurdo de que nunca tendría aplicación la procedencia de la queja contra la denegada apelación, sin que sea obstáculo para ello, que la Sala de segunda instancia también pueda desecharla en definitiva cuando el Juez la hubiera admitido indebidamente." TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR EN MATERIA CIVIL CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. Amparo directo 1240/2008. Gerardo Martín González Torres. 30 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Enrique Alí Altamirano García. Además, es pertinente mencionar que en el caso a estudio no se surte ninguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en la referida fracción XVIII del numeral en cita. No se está en presencia de ".actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". (Inciso a). El acto reclamado no consiste ".en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal". (Inciso b). La inconforme no se ostentó como ".persona extraña al procedimiento". (Inciso c). No se trata de un ".auto de vinculación a proceso". (Inciso d). Por último, la procedencia del recurso de queja aquí analizado no se encuentra sujeta a interpretación adicional y su fundamento legal resulta suficiente para determinarla. En consecuencia, lo que procede con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, es SOBRESEER en el presente juicio constitucional. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Teresa González Ávila, contra del acto que reclamó a la autoridad responsable precisada, por los motivos y para los efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.-

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinticinco minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo III-121/2019, promovido por Teresa González Ávila, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, el secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. . Asimismo, da cuenta con el informe previo rendido en autos por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. EL JUEZ: Téngase por realizada la relación del informe previo recibido con antelación y que ya obra en autos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que ninguna de las partes ofertó medio de convicción alguno. Al no existir pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente los formuló la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita mediante pedimento 81/2019, presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho. EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo III-121/2019; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Teresa González Ávila, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán. 2.- Mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; empero la concedió respecto sus efectos y consecuencias; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La amparista reclama en la presente vía de amparo, el auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán dentro del juicio sucesorio intestamentario 402/2015, a través del cual se desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del diverso proveído de tres del mes y año en cita, dentro del incidente de oposición al proyecto de liquidación y partición presentado en el referido juicio. SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, se advierte que ésta reconoció la existencia del acto que la parte quejosa le reclama. TERCERO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva del actos que se reclama, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés suspensional. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En ese sentido, no obstante que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, para que este no se ejecute hasta en tanto se resuelva el juicio principal, satisfaciendo el primer requisito que contempla el artículo 128 de la Ley de Amparo; se estima que dada la naturaleza del mismo, éste no es suspendible, en razón de que ese acto en cuanto a su emisión, reviste el carácter de consumado y por su sentido el de negativo y la medida cautelar no tiene efectos restitutorios, pues éstos son propios de la sentencia que, en su caso, se pronuncie en el juicio de amparo al que este incidente corresponde, de ahí que no procede conceder la medida suspensiva. En apoyo de lo anterior es de invocar la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada bajo el número 557, consultable en la página 371, del Tomo VI, en Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE.- Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el amparo de amparo respectivo". Asimismo, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 49, Tomo V, Segunda Parte- 1, de enero a junio de 1990, Octava Época, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE DE, EN EL AMPARO. Los actos negativos, para efectos del juicio de garantías son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión". CUARTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS. En cambio, por lo que respecta a los efectos y consecuencias del acto reclamado, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas, siguiendo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho cuyos elementos han quedado establecidos con anterioridad. En el caso en particular, la impetrante de amparo manifiesta que el Juez responsable en el auto que ahora se combate, desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del auto de tres del mes y año en cita, a través del cual se le dijo que no había lugar a decretar el término supletorio dentro del incidente de oposición al proyecto de liquidación y partición promovido dentro de la cuarta sección del juicio sucesorio intestamentario 402/2015, para el efecto de desahogar y perfeccionar la prueba pericial en agrimensura. De lo que se sigue que respecto a ese acto por cuanto a sus efectos y consecuencias, es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, como lo es la posibilidad de que se llegue a dictar la resolución interlocutoria correspondiente a la incidencia planteada, sin tomar en cuenta la prueba pericial respecto de la cual se solicitó a la autoridad responsable un término supletorio para su perfeccionamiento; además, con las consecuencias de dichos actos, también se produce al amparista un cambio de situación jurídica en su estatus general que como persona tiene frente al resto de sus congéneres. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia alega violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, por las responsables al pretender ejecutar la sentencia de segundo grado reclamada. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés suspensional para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de la solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que la amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho de seguridad jurídica protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, anteriormente transcritas. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado; que con la concesión de la medida, como se dijo, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos reclamados se causarían a la parte promovente daños y perjuicios de difícil reparación; actualizándose por tanto, las hipótesis prevista en los artículos 139, en relación con el diverso precepto 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a TERESA GONZÁLEZ ÁVILA, la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que, el juez de los autos de origen, continuando con la prosecución del incidente de oposición al proyecto de liquidación y partición promovido dentro del juicio sucesorio intestamentario 402/2015, reserve el dictado de la resolución interlocutoria; y para el supuesto de que a la fecha, no se dicté el fallo correspondiente a la etapa procesal (cuarta sección), dentro de la cual se promovió la incidencia de que se trata, y por ende, no se lleven a cabo actos que tendentes a su ejecución, esto es, en tratándose de bienes muebles, no se realicen actos relativos a su facturación y para el supuesto de que sean bienes inmuebles, no se realicen actos correspondientes a la cancelación de inscripciones, otorgamiento de escrituras, traslados de dominio, y en ambos supuestos, no se entregue real y materialmente la posesión de los mismos al heredero o herederos de esa sucesión, hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación sobre la sentencia que se dicte en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente. La suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, y dejará de surtirlos si la quejosa no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante la propia quejosa, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, en caso de que la parte impetrante no obtenga resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de la autoridad responsable, la que quedará en aptitud de ejecutar el acto reclamado en sus consecuencias, en términos del artículo 136, de la Ley de la Materia; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia que se cita en el párrafo siguiente, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de los datos que se aporten a los presentes autos por las partes. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 610, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO.". La medida que se concede no surte efecto alguno, en el supuesto de que dicho juicio sucesorio actualmente se encuentre totalmente concluido; tampoco, en el caso de que el acto reclamado sea de fecha posterior a la presentación de la demanda o provenga de autoridad distinta a la señalada como responsable. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a Teresa González Ávila, la suspensión definitiva del acto reclamado, por los motivos expuestos en el considerando TERCERO de la presente interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE a la amparista la medida cautelar solicitada, para los efectos precisados en el considerando CUARTO de la presente resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano