Teresa Lima Chalpeño

Expediente 1955/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1955/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Teresa Lima Chalpeño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1955/2018-II-B, promovido por TERESA LIMA CHALPEÑO, por propio derecho; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este Juzgado de Distrito, TERESA LIMA CHALPEÑO, por su propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 2 a 4). SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de cinco de diciembre del año próximo pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como al tercero interesado (fojas 5 a 7). Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en acuerdo de siete de febrero del año en curso, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de acordar los escritos presentados el cuatro de julio, veintinueve de agosto, veinticuatro y veintiséis de septiembre, todos de dos mil dieciocho, en el expediente 01/845/15. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (foja 35). Al respecto, el tribunal responsable exhibió copias certificadas de las promociones de fecha cuatro de julio, veintinueve de agosto, veinticuatro y veintiséis de septiembre, todas de dos mil dieciocho, así como del acuerdo de catorce de enero del dos mil diecinueve; documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. La Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, estimó que los efectos de la negativa combatida cesaron al haberse emitido el acuerdo de catorce de enero del año en curso, por lo que considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;... Efectivamente, a juicio de este juzgador se actualiza dicha causal porque la negativa combatida por la parte quejosa ha cesado, toda vez que así se advierte de las documentales aportadas por la responsable. Bajo ese tenor, del escrito de demanda se advierte que impugnó la falta de acuerdo de los escritos presentados ante el tribunal responsable el cuatro de julio, veintinueve de agosto, veinticuatro y veintiséis de septiembre, todos de dos mil dieciocho, dentro del expediente burocrático 01/845/15. Al estimar la amparista que transcurrió en exceso el plazo otorgado para emitir los acuerdos respectivos, promovió juicio de amparo el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Luego, al rendir el informe justificado el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado y además, remitió copias certificadas de los escritos de mérito, del acuerdo que le recayó a los mismos dentro del expediente laboral 01/845/15 y de la notificación realizada a la parte actora en el juicio de origen del proveído de referencia (fojas 38 a 44). Las constancias de mérito, al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable emitió el acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, en el que proveyó respecto del contenido de los escritos presentados el cuatro de julio, veintinueve de agosto, veinticuatro y veintiséis de septiembre, todos de dos mil dieciocho; contrario a lo alegado por la quejosa. Por ende, se advierte que la autoridad responsable hizo que cesaran los efectos de la negativa de proveer sobre los escritos antes precisados, que constituyen el acto aquí reclamado; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, que en el caso concreto se traducen en la omisión de acordar las promociones de cuatro de julio, veintinueve de agosto, veinticuatro y veintiséis de septiembre, todas de dos mil dieciocho; y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la única obligación de proveer sobre el contenido de dichos escritos en el juicio burocratico de origen y efectuar la notificación respectiva. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; puesto que la parte quejosa quedó enterada del auto recaído a las peticiones antes mencionadas, el quince de enero de dos mil diecinueve, mediante notificación personal. Condiciones que en el particular se satisfacen con la emisión del acuerdo respectivo por el tribunal responsable, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sin soslayar lo alegado en torno a que el acuerdo respectivo emitido no atendió a cabalidad las pretensiones de los ocursos de la quejosa, habida cuenta que en el particular como se indicó se está en un asunto en el que se planteó la transgresión al artículo 17 Constitucional, atinente a la tardanza en la impartición de justicia ante la dilación procesal en acordar las diversas pretensiones de la quejosa, por lo que como se dijo de concederse el amparo solo se ordenaría a la responsable que proveyera, con libertad de jurisdicción lo que estimara pertinente a dichos ocursos, desde luego sin imponer mandato alguno en el sentido de los acuerdos; motivo por el cual, no es dable entender lo alegado puesto que ello implicaría desnaturalizar el reclamo formulado de manera inicial variando a voluntad la litis planteada. Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por TERESA LIMA CHALPEÑO, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da.

  2. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del siete de marzo del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1955/2018-II-B, promovido por TERESA LIMA CHALPEÑO, por propio derecho; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este Juzgado de Distrito, TERESA LIMA CHALPEÑO, por su propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 2 a 4). SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de cinco de diciembre del año próximo pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como al tercero interesado (fojas 5 a 7). Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en acuerdo de siete de febrero del año en curso, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de acordar los escritos presentados el cuatro de julio, veintinueve de agosto, veinticuatro y veintiséis de septiembre, todos de dos mil dieciocho, en el expediente 01/845/15. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (foja 35). Al respecto, el tribunal responsable exhibió copias certificadas de las promociones de fecha cuatro de julio, veintinueve de agosto, veinticuatro y veintiséis de septiembre, todas de dos mil dieciocho, así como del acuerdo de catorce de enero del dos mil diecinueve; documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. La Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, estimó que los efectos de la negativa combatida cesaron al haberse emitido el acuerdo de catorce de enero del año en curso, por lo que considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;... Efectivamente, a juicio de este juzgador se actualiza dicha causal porque la negativa combatida por la parte quejosa ha cesado, toda vez que así se advierte de las documentales aportadas por la responsable. Bajo ese tenor, del escrito de demanda se advierte que impugnó la falta de acuerdo de los escritos presentados ante el tribunal responsable el cuatro de julio, veintinueve de agosto, veinticuatro y veintiséis de septiembre, todos de dos mil dieciocho, dentro del expediente burocrático 01/845/15. Al estimar la amparista que transcurrió en exceso el plazo otorgado para emitir los acuerdos respectivos, promovió juicio de amparo el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Luego, al rendir el informe justificado el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado y además, remitió copias certificadas de los escritos de mérito, del acuerdo que le recayó a los mismos dentro del expediente laboral 01/845/15 y de la notificación realizada a la parte actora en el juicio de origen del proveído de referencia (fojas 38 a 44). Las constancias de mérito, al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable emitió el acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, en el que proveyó respecto del contenido de los escritos presentados el cuatro de julio, veintinueve de agosto, veinticuatro y veintiséis de septiembre, todos de dos mil dieciocho; contrario a lo alegado por la quejosa. Por ende, se advierte que la autoridad responsable hizo que cesaran los efectos de la negativa de proveer sobre los escritos antes precisados, que constituyen el acto aquí reclamado; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, que en el caso concreto se traducen en la omisión de acordar las promociones de cuatro de julio, veintinueve de agosto, veinticuatro y veintiséis de septiembre, todas de dos mil dieciocho; y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la única obligación de proveer sobre el contenido de dichos escritos en el juicio burocratico de origen y efectuar la notificación respectiva. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; puesto que la parte quejosa quedó enterada del auto recaído a las peticiones antes mencionadas, el quince de enero de dos mil diecinueve, mediante notificación personal. Condiciones que en el particular se satisfacen con la emisión del acuerdo respectivo por el tribunal responsable, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sin soslayar lo alegado en torno a que el acuerdo respectivo emitido no atendió a cabalidad las pretensiones de los ocursos de la quejosa, habida cuenta que en el particular como se indicó se está en un asunto en el que se planteó la transgresión al artículo 17 Constitucional, atinente a la tardanza en la impartición de justicia ante la dilación procesal en acordar las diversas pretensiones de la quejosa, por lo que como se dijo de concederse el amparo solo se ordenaría a la responsable que proveyera, con libertad de jurisdicción lo que estimara pertinente a dichos ocursos, desde luego sin imponer mandato alguno en el sentido de los acuerdos; motivo por el cual, no es dable entender lo alegado puesto que ello implicaría desnaturalizar el reclamo formulado de manera inicial variando a voluntad la litis planteada. Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por TERESA LIMA CHALPEÑO, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. En relación con la prueba que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la misma, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito proveniente de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes. En atención al contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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