Teresa Isabel Romero Palma

Expediente 419/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
419/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
14/06/2016

Partes del expediente

  • Teresa Isabel Romero Palma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 419/2016-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos de la circular CCJ/05/2016, autorizado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el diez de mayo de dos mil dieciséis,, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 419/2016-II-B, promovido por Teresa Isabel Romero Palma, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el once de marzo de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Teresa Isabel Romero Palma, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de catorce siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Luego, por auto de dieciocho de abril se fijaron las diez horas con treinta y dos minutos del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades responsables. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados . Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en:  La omisión del Tribunal de proveer sobre las pruebas ofrecidas en el conflicto laboral 31/08/15. No pasa inadvertido el quejoso también señaló como autoridad responsable al actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de quien reclamó la falta de notificación correspondiente a la preparación de las pruebas; sin embargo, tal acto no se examinará de forma destacada porque el quejoso no le reclama un acto positivo, ni por vicios propios, por lo que seguirá la suerte de la sentencia que se ocupe del acto reclamado del Tribunal. Este juzgador tampoco soslaya que el quejoso señaló como acto reclamado, además de la falta de acuerdo sobre los medios de convicción, la falta de preparación y desahogo de las pruebas; sin embargo, en aplicación del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), consistente en que el alcance de la sentencia que otorga el amparo contra una omisión o dilación en el procedimiento laboral, debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procesal en que se sitúe, para fijar el acto reclamado el tribunal puede y debe atender a la etapa procesal en que se ubica, lo cual, válidamente puede realizarse a la luz del caudal probatorio y no únicamente con base en lo expuesto en la demanda, de tal suerte que debe tenerse como acto reclamado, aquel que ciertamente puede considerarse irroga perjuicio al quejoso, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a saber, que el amparo protege a las personas contra normas, actos u omisiones de los poderes públicos o particulares asimilados a autoridades responsables, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, por lo que es dable excluir de la precisión del acto reclamado, los argumentos relacionados con hechos futuros. En el caso concreto y sin perjuicio de lo que más adelante se diga, de acuerdo con la prueba documental aportada por la autoridad responsable, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ocurrida el once de marzo de dos mil dieciséis, en el conflicto de origen no existía acuerdo en torno a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, por lo que los actos posteriores a esta, se insiste, a la instauración del juicio de amparo, devienen inexistentes, de modo que a nada práctico conduce tener como acto reclamado y abordar su estudio, la omisión del Tribunal de proceder a la preparación y desahogo de las pruebas; máxime que a través de la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), la Segunda Sala del Alto Tribunal del País abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", conforme a la cual, en caso de violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo debían comprender no solo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes, para sostener en su lugar, que si bien el procedimiento laboral está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí hasta su total conclusión, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, el alcance de la protección federal se limita únicamente a la etapa específica donde se cometió la violación y en función del acto reclamado, sin poder ocuparse de omisiones y dilaciones subsecuentes a las reclamadas, pues éstas constituyen actos futuros. La tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.) dice a la letra: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005150 7 de 33 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pag. 732 Tesis Aislada(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. La directriz de que las omisiones y dilaciones subsecuentes a la materia del juicio de amparo, son actos futuros, encuentra sustento en esta tesis: Tesis: IX.1o.17 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008134 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Pag. 835 Tesis Aislada(Común) OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente del Tribunal al rendir el informe justificado (fojas 17 y 18). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causas de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. La aludida regla general se funda en esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. La demanda de amparo se presentó el once de marzo de dos mil dieciséis. Ahora, el presidente del Tribunal exhibió copia certificada de diversas constancias del conflicto 31/08/15 (fojas 20 a 41 y 48 a 50); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Del examen de la documental resulta que por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas 37 a 40), el Tribunal responsable, motu proprio, proveyó sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio 31/08/15 y, el ocho de abril, esa determinación fue notificada a las partes (fojas 48 y 49). Luego, si bien a la instauración del juicio de amparo, la falta de acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las pruebas reclamada por el quejoso, existía, los actos positivos desplegados motu proprio por la autoridad responsable, consistentes en el acuerdo sobre los medios de convicción y su notificación a las partes, trajeron consigo la destrucción de los efectos de la omisión reclamada, de forma total e incondicional; efectos que atañían a la etapa de admisión de pruebas, sin que proceda examinar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, porque no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo y no forma parte de la litis. Sobre la cesación de efectos, se invocan estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Entonces, si bien la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos precisa que los efectos del acto reclamado se destruyan de forma total e incondicional como si se hubiera otorgado el amparo, esa cesación debe determinarse, con apoyo en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con antelación, en función de la etapa en que se sitúe el acto reclamado, por lo que en el particular, no puede considerarse que la cesación solo tendrá lugar hasta que las pruebas admitidas por el Tribunal a través del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, hayan sido desahogadas, porque hacerlo implicaría una declaración tácita por parte de este juzgador, de que la autoridad responsable incurrirá en omisiones o dilaciones en el desahogo de las pruebas. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley. Ya que los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, que no pueden estar por encima de los elementos probatorios y por ende, el juzgador no está obligado a entrar a su estudio , los alegatos formulados por la parte quejosa no conducen a considerar que no procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por la causal invocada. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones en torno al acto reclamado, porque aquél no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Cobra aplicación esta jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Teresa Isabel Romero Palma, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones aducidas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que por auto de seis de abril de dos mil dieciséis se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el acuerdo de once de marzo del año en curso. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el cinco de diciembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a a Yolanda Lucrecia Martínez Vázquez, contra los actos reclamados consistentes en los numerales 94 bis-8 y 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; que reclamó del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y por Ministerio de Ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; así como los actos de recaudación atribuidos al Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, todos de la entidad federativa en cita, en términos del considerando último de la presente determinación, para los efectos siguientes: No se le apliquen los artículos 94 bis-8 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y Se le devuelvan con su actualización, las cantidades que ampara el recibo de pago BR 018481 emitido por la Dirección de Ingresos de Emiliano Zapata, Morelos, en que se le aplicaron aquellos preceptos relativos al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles e impuesto adicional. Por auto dictado el dos de diciembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Por auto de once de marzo de dos mil dieciséis, se actualizó la cantidad a devolver a la parte quejosa, siendo la cantidad de $24,810.38 (veinticuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 m.n.). En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido el cinco de abril de dos mil dieciséis, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, remitió copia certificada del cheque 0000295, por la cantidad de $24,810.38 (veinticuatro mil ochocientos diez pesos 38/100 m.n.), el cual se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal del citado Ayuntamiento. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa a la fecha no se haya presentado a recoger el cheque correspondiente, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el referido título de crédito, además con dicha situación se dio vista a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Sustenta lo anterior, el criterio que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 584/2015, derivado del juicio de amparo 2053/2014-IV del índice de juzgado, mediante proveído cinco de enero de dos mil dieciséis, estableció lo siguiente: "CUARTO. Con fundamento en el artículo 297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante el Juzgado de Distrito del conocimiento si cobró el cheque 0046346, por el monto de $13,041.94 (trece mil cuarenta y un pesos 94/100 M.N.), apercibida que de no hacerlo se determinará el cumplimiento de la sentencia de amparo respecto del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y del Tesorero de Xochitepec, Morelos, con las constancias que obren en autos." [Lo subrayado es propio de este juzgado]. Es decir, para el Máximo Tribunal la omisión del quejoso de pronunciarse sobre el cumplimiento, cuando se ha expedido el cheque respectivo a su favor y se puso a su disposición, sin que manifestara si lo recibió, motivo suficiente para que este Juzgado con base en las constancias de autos, como es el cheque 0000295, por la cantidad de $24,810.38 (veinticuatro mil ochocientos diez pesos 38/100 m.n.), por el banco BBVA Bancomer, es suficiente para tenerla por cumplida; pues como se precisó, basta que la quejosa acuda a recogerlo en el horario que se le indicó para que la autoridad municipal haga entrega del mismo, y tomando en cuenta, por analogía, la ejecutoria de la Jurisprudencia P/J16/2012 (10a), de la Suprema Corte de Justicia del Nación: Tesis: P./J. 16/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001883 1 de 1 Pleno Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1 Pag. 10 Jurisprudencia(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. MEDIOS IDONEOS PARA ACREDITARLO RESPECTO DE LAS QUE CONCEDAN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y DE SUS ACTOS DE APLICACIÓN. Se llega a la conclusión que la expedición del cheque por parte de la autoridad resulta un medio idóneo para tener por acreditado el cumplimiento del fallo, pues el hecho de que el quejoso no acuda a recogerlo no impide que se tenga por cumplido el fallo protector, ya que tal cuestión no es atribuible a la autoridad mencionada, sino al propio quejoso; aunado a la circunstancia de que este órgano jurisdiccional está imposibilitado legalmente para coaccionar al quejoso para que ejerza su derecho de cobro. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil dieciséis. Se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibe copia certificada de acuse del cheque 0000140, fechado el primero de abril de dos ml dieciséis, por la cantidad de $17,681.42 (diecisiete mil seiscientos ochenta y un pesos 42/100 m.n.), el cual recibió la parte quejosa el once de abril de dos mil dieciséis; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Con el oficio de cuenta y constancias anexas, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto del cumplimiento a la ejecutoria de la autoridad responsable; atento a lo anterior, se tienen por formulados los argumentos que vierte en su escrito de cuenta, que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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