Teresa Isabel Romero Palma
Expediente 1222/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1222/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Teresa Isabel Romero Palma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1222/2021-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el tres de marzo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió diversas constancias por lo que se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1222/2021-VI, promovido por Teresa Isabel Romero Palma y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno en la oficialía de partes de este Juzgado Teresa Isabel Romero Palma solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos y Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se emplazó por oficio a los terceros interesados Ayuntamiento y Presidente Municipal, ambos de Temixco, Morelos. Se continuó con la substanciación del juicio, iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado y reside la autoridad a la que se le atribuye. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: 1. Del Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. 2. Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de realizar los actos o gestiones para lograr que el Congreso del Estado de Morelos inicie el procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución de la Presidente Municipal de Temixco, Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que así lo ´manifestó al rendir el informe justificado. Lo anterior, se corrobora las copias certificadas del expediente 31/08/15, documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende que por resolución de veintidós de junio de dos mil veintiuno, determinó que ante el incumplimiento del laudo por parte de la demandada, se actualizó la hipótesis contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución del Estado de Morelos y Ley Orgánica del Municipal del Ayuntamiento relativa al incumplimiento de las funciones (obligaciones) por parte del Presidente Municipal, por lo que giró el oficio SDEyT/TECyA/5966/2021 al Congreso del Estado de Morelos, solicitando iniciara procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, remitiéndole copias del expediente 31/08/15 a partir del laudo. En relación a lo anterior el Congreso del Estado de Morelos, mediante oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021, suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, determinó no iniciar el procedimiento solicitado al estimar que no se encontraba facultado, y -sostuvo- las causas graves prevista en el artículo 115 constitucional deben relacionarse con la afectación a la comunicad no a un particular, pues consideró que se protege en ese precepto la subsistencia del Municipio como integrante de la Federación y, por tanto, para que la Legislatura estatal pueda intervenir debe existir una afectación a la estructura del Municipio o su funcionamiento lo que consideró no acontecía. De lo expuesto se advierte que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos solicitó al Congreso del Estado de Morelos, iniciar procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, sin embargo, el Legislativo Estatal, determinó no iniciar el procedimiento solicitado. En ese orden de ideas y ante la inexistencia de disposición legal que faculte o constriña al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para realizar los actos o gestiones a fin de lograr que el Congreso del Estado de Morelos inicie el citado procedimiento, se concluye la inexistencia del acto reclamado. En efecto el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece que es competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conocer de: los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos, y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios. Asimismo, el Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que regula su organización y funcionamiento dispone en su artículo 11 que el Pleno de dicho Tribunal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. Conocer y resolver los asuntos a que se refiere el artículo 114 de la Ley; II. Conocer de las excusas que presente alguno de los representantes III. Emitir, discutir y firmar las resoluciones en los que se haga necesaria la concurrencia del pleno; IV. Designar al o a los titulares de las secretarías a que se refieren las fracciones II a V del artículo 6 de este Reglamento; V. Determinar los criterios jurídicos para la solución de los conflictos y publicarlos oportunamente, y VI. Las demás que le confiera la Ley y demás normativa aplicable De las disposiciones invocadas se advierte que no existe facultad u obligación legal del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para realizar los actos o gestiones a fin de conminar a que el Congreso del Estado de Morelos inicie el procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución de la Presidente Municipal de Temixco, Morelos, pues ya realizó la solicitud respecto de la cual el Congreso determinó no iniciar el procedimiento. Consecuentemente toda vez que negó la omisión que se le atribuye y no existe disposición legal que imponga al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos realizar los actos o gestiones para lograr que el Congreso del Estado de Morelos inicie el procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución de la Presidente Municipal de Temixco, Morelos, es factible determinar que no existe la omisión reclamada. En tal virtud, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo por lo que respecta al acto reclamado a Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. CUARTO.- Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ya que así lo manifestó el Presidente de la Mesa Directiva del Estado de Morelos. Al respecto, exhibió copia certificada del referido oficio, el cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de causa de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. De oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que en lo conducente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En efecto, se actualiza dicha causal por las consideraciones jurídicas siguientes: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando el acto reclamado subsiste formalmente, pero su objeto o materia dejó de existir, por modificarse el entorno en el que fue emitido, de modo que una eventual protección constitucional, carecería de efectos. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 173858, que es del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. No pasa inadvertido que el criterio invocado, se refiere al artículo 73, fracción XVII, de la abrogada Ley de Amparo; sin embargo, resulta aplicable porque la redacción de dicha causal de improcedencia se reiteró en el diverso 61, fracción XXII, de la actual ley de la materia, como se aprecia enseguida: Ley de Amparo abrogada Ley de Amparo vigente Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y Por tanto, el referido criterio jurisprudencial aún es aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto transitorio del Decreto de publicación de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, Se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, en virtud de que, la parte quejosa reclama el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos (en atención al oficio SDEyT/TECyA/5966/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al Congreso del Estado de Morelos, a través del cual le solicitó iniciara procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos), determinó no iniciar el procedimiento solicitado porque -dijo- no se encuentra facultado, y las causas graves a que se refiere el artículo 115 constitucional deben relacionarse con la afectación a la comunicad no a un particular, pues considera que se protege en ese precepto la subsistencia del Municipio como integrante de la Federación y, por tanto, sostuvo, para que la Legislatura estatal pueda intervenir debe existir una afectación a la estructura del Municipio o su funcionamiento lo cual considera no acontece. Sobre ello, se estima pertinente precisar que el procedimiento de ejecución en el expediente laboral 31/08/15, se inició con el acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve. De los autos del referido juicio se advierte que los requerimientos de pago y apercibimientos se realizaron a la Presidenta Municipal Jazmín Juana Solano López y con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que de acuerdo a la información que aparece en la página oficial del gobierno del municipio de Temixco, Morelos, https://temixco.gob.mx/ dicha persona ocupó el cargo en el periodo de enero de dos mil diecinueve a diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, a partir del uno de enero de dos mil veintidós, ocupa el cargo de Presidenta Municipal de Temixco, Juana Ocampo Domínguez, a quien jurídicamente no se le pueden hacer efectivos los apercibimientos realizados en el juicio 31/08/15, a la entonces Presidenta Municipal Jazmín Juana Solano López, quien fue la que incurrió en incumplimiento al pago del laudo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro digital 168124, Novena Época, materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470 del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Por tal motivo, si se emprendiera el análisis de la constitucionalidad del el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, reclamado, y dado que Jazmín Juana Solano López, actualmente no ocupa el cargo de Presidenta Municipal de Temixco, no tendría ningún fin práctico ordenar que se iniciara un procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato del cargo de Presidente Municipal. Pues, no debe olvidarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales violados. Así, el legislador ordinario ha establecido como principio de procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado quejoso, aspecto que en el caso concreto no podría suceder. Lo anterior, en virtud de que, se reitera, Jazmín Juana Solano López, actualmente no ocupa el cargo de Presidenta Municipal de Temixco, de ahí que no tendría ningún fin práctico analizar el oficio a través del cual se determinó no iniciar el procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato del cargo de Presidente Municipal a dicha persona, lo cual no puede ser reparado, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, por lo que se concluye que jurídicamente sería imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano que estima violado. Precisado lo anterior, se tiene que la causa de improcedencia en cuestión, se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) El acto reclamado subsista; b) No pueda surtir efecto legal o material; y, c) Llo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado. Así, respecto al primer requisito, se actualiza pues subsiste el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual se determinó no iniciar procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato en contra de la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, Jazmín Juana Solano López. Sobre la segunda de las exigencias, se tiene que, Jazmín Juana Solano López dejó de ocupar el referido cargo a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, y a partir del uno de enero de dos mil veintidós, Juana Ocampo Domínguez, es la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, por lo que la determinación reclamada no puede surtir efecto legal o material alguno en virtud de que no sería factible iniciar el procedimiento solicitado por el Congreso ya que Jazmín Juana Solano López, no ejerce el cargo de Presidenta Municipal de Temixco, Morelos; por lo que también se actualiza el segundo requisito. Así se tiene que el objeto el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ha dejado de existir, porque como se mencionó, Jazmín Juana Solano López dejó de ocupar el cargo de Presidenta Municipal a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; entonces, también se acredita el tercer requisito. En esas circunstancias, en caso de que se emprendiera el análisis de fondo de la determinación reclamada y eventualmente se otorgara el amparo y protección de la justicia federal, sería imposible restituir a la quejosa en el goce de los derechos humanos violados, dada la situación acaecida con posterioridad. Por las razones expuestas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso 63, fracción V de la propia legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo por el acto y autoridades precisadas en el presente considerando. SEXTO. Se habilita horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Teresa Isabel Romero Palma, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy tres de marzo de dos mil veintidós en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos del juicio de amparo 1222/2021-VI, promovido por Teresa Isabel Romero Palma y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno en la oficialía de partes de este Juzgado Teresa Isabel Romero Palma solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos y Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se emplazó por oficio a los terceros interesados Ayuntamiento y Presidente Municipal, ambos de Temixco, Morelos. Se continuó con la substanciación del juicio, iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado y reside la autoridad a la que se le atribuye. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: 1. Del Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. 2. Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de realizar los actos o gestiones para lograr que el Congreso del Estado de Morelos inicie el procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución de la Presidente Municipal de Temixco, Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que así lo ´manifestó al rendir el informe justificado. Lo anterior, se corrobora las copias certificadas del expediente 31/08/15, documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende que por resolución de veintidós de junio de dos mil veintiuno, determinó que ante el incumplimiento del laudo por parte de la demandada, se actualizó la hipótesis contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución del Estado de Morelos y Ley Orgánica del Municipal del Ayuntamiento relativa al incumplimiento de las funciones (obligaciones) por parte del Presidente Municipal, por lo que giró el oficio SDEyT/TECyA/5966/2021 al Congreso del Estado de Morelos, solicitando iniciara procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, remitiéndole copias del expediente 31/08/15 a partir del laudo. En relación a lo anterior el Congreso del Estado de Morelos, mediante oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021, suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, determinó no iniciar el procedimiento solicitado al estimar que no se encontraba facultado, y -sostuvo- las causas graves prevista en el artículo 115 constitucional deben relacionarse con la afectación a la comunicad no a un particular, pues consideró que se protege en ese precepto la subsistencia del Municipio como integrante de la Federación y, por tanto, para que la Legislatura estatal pueda intervenir debe existir una afectación a la estructura del Municipio o su funcionamiento lo que consideró no acontecía. De lo expuesto se advierte que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos solicitó al Congreso del Estado de Morelos, iniciar procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, sin embargo, el Legislativo Estatal, determinó no iniciar el procedimiento solicitado. En ese orden de ideas y ante la inexistencia de disposición legal que faculte o constriña al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para realizar los actos o gestiones a fin de lograr que el Congreso del Estado de Morelos inicie el citado procedimiento, se concluye la inexistencia del acto reclamado. En efecto el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece que es competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conocer de: los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos, y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios. Asimismo, el Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que regula su organización y funcionamiento dispone en su artículo 11 que el Pleno de dicho Tribunal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. Conocer y resolver los asuntos a que se refiere el artículo 114 de la Ley; II. Conocer de las excusas que presente alguno de los representantes III. Emitir, discutir y firmar las resoluciones en los que se haga necesaria la concurrencia del pleno; IV. Designar al o a los titulares de las secretarías a que se refieren las fracciones II a V del artículo 6 de este Reglamento; V. Determinar los criterios jurídicos para la solución de los conflictos y publicarlos oportunamente, y VI. Las demás que le confiera la Ley y demás normativa aplicable De las disposiciones invocadas se advierte que no existe facultad u obligación legal del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para realizar los actos o gestiones a fin de conminar a que el Congreso del Estado de Morelos inicie el procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución de la Presidente Municipal de Temixco, Morelos, pues ya realizó la solicitud respecto de la cual el Congreso determinó no iniciar el procedimiento. Consecuentemente toda vez que negó la omisión que se le atribuye y no existe disposición legal que imponga al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos realizar los actos o gestiones para lograr que el Congreso del Estado de Morelos inicie el procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución de la Presidente Municipal de Temixco, Morelos, es factible determinar que no existe la omisión reclamada. En tal virtud, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo por lo que respecta al acto reclamado a Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. CUARTO.- Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ya que así lo manifestó el Presidente de la Mesa Directiva del Estado de Morelos. Al respecto, exhibió copia certificada del referido oficio, el cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de causa de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. De oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que en lo conducente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En efecto, se actualiza dicha causal por las consideraciones jurídicas siguientes: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando el acto reclamado subsiste formalmente, pero su objeto o materia dejó de existir, por modificarse el entorno en el que fue emitido, de modo que una eventual protección constitucional, carecería de efectos. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 173858, que es del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. No pasa inadvertido que el criterio invocado, se refiere al artículo 73, fracción XVII, de la abrogada Ley de Amparo; sin embargo, resulta aplicable porque la redacción de dicha causal de improcedencia se reiteró en el diverso 61, fracción XXII, de la actual ley de la materia, como se aprecia enseguida: Ley de Amparo abrogada Ley de Amparo vigente Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y Por tanto, el referido criterio jurisprudencial aún es aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto transitorio del Decreto de publicación de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, Se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, en virtud de que, la parte quejosa reclama el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos (en atención al oficio SDEyT/TECyA/5966/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al Congreso del Estado de Morelos, a través del cual le solicitó iniciara procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos), determinó no iniciar el procedimiento solicitado porque -dijo- no se encuentra facultado, y las causas graves a que se refiere el artículo 115 constitucional deben relacionarse con la afectación a la comunicad no a un particular, pues considera que se protege en ese precepto la subsistencia del Municipio como integrante de la Federación y, por tanto, sostuvo, para que la Legislatura estatal pueda intervenir debe existir una afectación a la estructura del Municipio o su funcionamiento lo cual considera no acontece. Sobre ello, se estima pertinente precisar que el procedimiento de ejecución en el expediente laboral 31/08/15, se inició con el acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve. De los autos del referido juicio se advierte que los requerimientos de pago y apercibimientos se realizaron a la Presidenta Municipal Jazmín Juana Solano López y con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que de acuerdo a la información que aparece en la página oficial del gobierno del municipio de Temixco, Morelos, https://temixco.gob.mx/ dicha persona ocupó el cargo en el periodo de enero de dos mil diecinueve a diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, a partir del uno de enero de dos mil veintidós, ocupa el cargo de Presidenta Municipal de Temixco, Juana Ocampo Domínguez, a quien jurídicamente no se le pueden hacer efectivos los apercibimientos realizados en el juicio 31/08/15, a la entonces Presidenta Municipal Jazmín Juana Solano López, quien fue la que incurrió en incumplimiento al pago del laudo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro digital 168124, Novena Época, materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470 del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Por tal motivo, si se emprendiera el análisis de la constitucionalidad del el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, reclamado, y dado que Jazmín Juana Solano López, actualmente no ocupa el cargo de Presidenta Municipal de Temixco, no tendría ningún fin práctico ordenar que se iniciara un procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato del cargo de Presidente Municipal. Pues, no debe olvidarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales violados. Así, el legislador ordinario ha establecido como principio de procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado quejoso, aspecto que en el caso concreto no podría suceder. Lo anterior, en virtud de que, se reitera, Jazmín Juana Solano López, actualmente no ocupa el cargo de Presidenta Municipal de Temixco, de ahí que no tendría ningún fin práctico analizar el oficio a través del cual se determinó no iniciar el procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato del cargo de Presidente Municipal a dicha persona, lo cual no puede ser reparado, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, por lo que se concluye que jurídicamente sería imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano que estima violado. Precisado lo anterior, se tiene que la causa de improcedencia en cuestión, se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) El acto reclamado subsista; b) No pueda surtir efecto legal o material; y, c) Llo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado. Así, respecto al primer requisito, se actualiza pues subsiste el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual se determinó no iniciar procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación de mandato en contra de la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, Jazmín Juana Solano López. Sobre la segunda de las exigencias, se tiene que, Jazmín Juana Solano López dejó de ocupar el referido cargo a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, y a partir del uno de enero de dos mil veintidós, Juana Ocampo Domínguez, es la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, por lo que la determinación reclamada no puede surtir efecto legal o material alguno en virtud de que no sería factible iniciar el procedimiento solicitado por el Congreso ya que Jazmín Juana Solano López, no ejerce el cargo de Presidenta Municipal de Temixco, Morelos; por lo que también se actualiza el segundo requisito. Así se tiene que el objeto el oficio LIV/SSLyP/DJ/3º11529/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ha dejado de existir, porque como se mencionó, Jazmín Juana Solano López dejó de ocupar el cargo de Presidenta Municipal a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; entonces, también se acredita el tercer requisito. En esas circunstancias, en caso de que se emprendiera el análisis de fondo de la determinación reclamada y eventualmente se otorgara el amparo y protección de la justicia federal, sería imposible restituir a la quejosa en el goce de los derechos humanos violados, dada la situación acaecida con posterioridad. Por las razones expuestas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso 63, fracción V de la propia legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo por el acto y autoridades precisadas en el presente considerando. SEXTO. Se habilita horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Teresa Isabel Romero Palma, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy tres de marzo de dos mil veintidós en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.
- Principal
Cuernavaca, Morelos once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que la parte quejosa está debidamente notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JESÚS DAVID RAMÍREZ SÁNCHEZ, contra el acto reclamado a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 01/652/16-I, únicamente la determinación de no tener por presentada la demanda en relación con la demandada Cimarrones de Sonora Futbol Club. 2. Tome las medidas necesarias a efecto de realizar el emplazamiento de la demandada Cimarrones de Sonora Futbol Club, al juicio laboral, debiendo en su caso, proveer lo conducente para que ello acontezca; con el fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de derecho fundamental vulnerado." En consecuencia, el treinta de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de amparo dictada por este Juzgado Federal; por lo que, en dicho proveído se requirió a la Junta responsable el cumplimiento al referido fallo protector. En cumplimiento a ello, la autoridad responsable exhibió copia certificada del acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, que recayó al vencimiento el término de tres días concedido a la parte actora respecto del domicilio para emplazar a la demandada y del que se advierte que hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que tuvo por no interpuesta la demanda respecto al demandado Cimarrones de Sonora Futbol Club; dentro del juicio laboral 01-652-16-I. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, como se advierte de las documentales referidas, a las que se les concede pleno valor probatorio, se desprende que se agotó la materia de la ejecución de la sentencia de amparo, toda vez que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, lo que hace que exista imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable cumpla con la obligación exigida, puesto que en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, que se advierte que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve septiembre del año en curso, y tuvo por no presentada la demanda respecto de Cimarrones de Sonora Futbol Club, en el juicio laboral 01-652-16-I de donde emana el acto reclamado, lo cual no resulta acorde con los lineamientos exigidos en el fallo protector; por consiguiente, SE DECLARA SIN MATERIA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA emitida en el presente juicio de garantías, por las razones antes apuntadas. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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