Teresa Elizabeth Cueva Luna
Expediente 110/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2022
Partes del expediente
- Teresa Elizabeth Cueva Luna
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión, previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia definitiva terminada de engrosar el treinta de marzo de dos mil veintidós, por la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a las autoridades responsables, toda vez que se carece de los acuses de recibo relativos a los oficios números 179/1/2022-VII a 179/9/2022-VII, mediante los cuales hayan sido notificadas del citado veredicto, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de dicha resolución afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sobreseimiento decretado en el expediente en que se actúa y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio de garantías. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 648, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, visible en la página 434, del Apéndice 1995, Tomo VI, parte TCC, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Finalmente, se ordena a la Secretaría esté pendiente de recabar los acuses de recibo relacionados con antelación, así como los diversos que se deriven de los comunicados relativos al presente proveído; y, hecho que sea lo anterior, se resuelva sobre el archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.
- Principal
...ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa Teresa Elizabeth Cueva Luna...
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintidós. En términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio número 3171/2022 con anexos, enviado por el Actuario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a través del cual hace del conocimiento el proveído de veintiocho de enero del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo número 369/2020-V, del índice de su adscripción, remitiendo a este Juzgado de Distrito los cuadernos relativos al incidente de suspensión de los actos reclamados, derivado de la citada contienda constitucional, en atención a la competencia declinada a este órgano jurisdiccional, asimismo, se advierte que el el citado expediente se encuentra concluido, por lo que se ordenó su archivo; en consecuencia, acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante, y fórmense por cuerda separada con sus carátulas respectivas los cuadernos original y duplicado de dicha incidencia. Por otra parte, considerando que de la referida cuestión competencial, se formó cuaderno de incompetencia bajo el número de amparo 1596/2021-VII del índice de este juzgado; en tal virtud, con copia certificada del comunicado de mérito y del presente proveído, provéase lo conducente en dicho asunto, a efecto de que se ordene lo relativo a su archivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de enero de dos mil veintidós. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio número A.21/2022-VII emitido por este juzgado y anexo consistente en el comunicado 1543/2022, que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, que contiene inserto el proveído de trece de enero del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo 369/2020-V, del índice de su adscripción, al cual adjunta el expediente original que conforma dicho asunto promovido por Teresa Elizabeth Cueva Luna, contra actos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, donde se destaca que por resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, ese juzgado se declaró territorialmente incompetente para conocer del asunto y declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional. Regístrese en el libro respectivo con el número 110/2022-VII, que es el que cronológicamente le corresponde; dése la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ahora bien, habrá de establecerse lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo: "ARTÍCULO. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como puede verse del dispositivo legal acabado de transcribir, son varios los supuestos que pueden actualizarse y que deben ser considerados para establecer a qué órgano jurisdiccional le compete conocer sobre un asunto. Así entonces, el primer párrafo hace alusión a los actos que tienen ejecución material, caso en el cual es competente para conocer del asunto, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el segundo párrafo se encuentra el supuesto en el cual, el acto reclamado comienza a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. Y, por último, en el tercer párrafo se contempla la hipótesis de aquéllos casos en que el acto reclamado no requiere ejecución material. Para el caso concreto, atendiendo principalmente que los actos reclamados se trasladan directamente al lugar donde deben tener ejecución, se colma el supuesto contemplado en el primer párrafo del citado artículo 37 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, este Tribunal hace suyos los argumentos que esgrimió el órgano jurisdiccional oficiante; pero sobre todo, para el caso concreto acatando el contenido de la jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1071, tomo II, abril de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Por tanto, lo procedente es aceptar la competencia planteada; hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, vía interconexión; solicitándole de la manera más atenta y de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir a este Juzgado los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión. No es necesaria la solicitud de los informes justificados a las autoridades responsables, en virtud de que los mismos ya han sido rendidos respectivamente por las mismas, los cuales obran glosados en autos. De igual manera, no ha lugar a señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que la misma ya fue celebrada por el Juez declinante, a las once horas con treinta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto cuando las labores de este Tribunal lo permitan, díctese la resolución que en derecho corresponda. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J.36/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, junio de 2009, página 43, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." Se tiene a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Eugenio Narcia Tovar y Óscar Rubio González, cuyas cédulas se encuentran capturadas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que respecta a Ana Lilia Peña Martínez, Adrián Sergio Barajas Ortuño, Ivonne López Patiño, se les faculta únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones y que se impongan de los autos en el presente juicio de amparo, hasta en tanto demuestren contar con cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho y encontrarse debidamente registrada en el sistema a que se ha hecho mención y a Julia Mondragón Padilla y Lucía Galán Sánchez, únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones. Toda vez que la impetrante de garantías, mediante escrito de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Las Arboledas, número 181, Fraccionamiento Arboledas, código postal 87448, en esta ciudad, notifíquese el presente proveído en el lugar indicado. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
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