Teresa Castillo Jaime
Expediente 1041/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2019
Partes del expediente
- Teresa Castillo Jaime
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la misma ley, en contra del auto de dieciocho de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por el quejoso Teresa Castillo Jaime; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por Teresa Castillo Jaime, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 1041/2019-II. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que señala que la autoridad que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que como autoridad responsable y acto reclamado, se señaló lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, EN ESTA CIUDAD. ACTO RECLAMADO: "LO CONSTITUYE EL ACUERDO EMITIDO POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPOSNABLE, DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, CON EFECTOS IRREPARABLES EN PERJUICIO DE LA SUSCRITA, YA QUE NO ADMITE RECURSO ALGUNO, EN QUE DICHA AUTORIDAD DENTRO DE LA AUDIENCIA INICIAL TRIFÁSICA, SE DECRETÓ INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL INCOADO POR LA SUSCRITA EN CONTRA DE LA EMPRESA CTS ELECTRO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 488/2019 DEL ÍNDICE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE OCNCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO." (Sic) El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone que las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso, respecto al acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la Junta responsable se declara incompetente de conocer del juicio laboral promovido por la aquí quejosa Teresa Castillo Jaime, dentro del expediente administrativo laboral 488/E06/2019 y ordena el envío de los autos a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, aplicada a contrario sensu. Los preceptos antes mencionados disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, mediante sesión de veintiocho de mayo de dos mil quince, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, de la cual derivó la tesis de jurisprudencia 17/2015 determinó que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Para arribar a la anterior determinación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que por más que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no solo en el artículo 107 de la Ley de Constitución Política de este país, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. En principio estableció que debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, por lo que debe constatarse si dicho acto es definitivo. Para ello, señaló que la competencia se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Estableció que en cualquier caso, al tratarse de la competencia por declinatoria e inhibitoria, existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Destacó que en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Así, cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. De esta forma concluyó que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. En el presente caso, el acto reclamado se trata de una determinación en la cual la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se declaró incompetente de conocer del juicio laboral promovido por la aquí quejosa Teresa Castillo Jaime, dentro del expediente administrativo laboral 488/E06/2019 y ordena el envío de los autos a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas; sin embargo, tal determinación no tiene el carácter de definitiva, ya que ese acto se encuentra sujeto a que la autoridad a la que se declinó la competencia la acepte. Por tal motivo, se insiste, el acuerdo reclamado en el presente juicio de amparo no tiene el carácter de definitivo, ya que ese acto se encuentra sujeto a que la autoridad a la que se declinó la competencia la acepte, lo que hace improcedente el juicio de amparo, al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia 17/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Por lo que, en las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo. Téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda y únicamente para los efectos precisados en la parte final del dispositivo 12 de la legislación de la materia a Filiberto Molina Maldonado y María Elena Ramírez Chávez, hasta en tanto demuestren ante este órgano jurisdiccional contar con cédula profesional para ejercer la abogacía, en virtud de que al realizar una búsqueda en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, no se encontraron registro alguno. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Teresa Castillo Jaime. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.
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