Teresa Elizabeth Cueva Luna

Expediente 1596/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1596/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Teresa Elizabeth Cueva Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de febrero de dos mil veintidós. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda las copias certificadas del acuerdo dictado el ocho de febrero en el asunto 110/2022-VII y del oficio 3171/2022, enviado por el Actuario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a través de los cuales se advierte que se encuentra concluido y se ordenó el archivo del juicio de amparo 369/2020-V, de su índice, en virtud de que este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda promovida por la quejosa Teresa Elizabeth Cueva Luna, en razón de la competencia planteada en el presente asunto, bajo el número 110/2022-VII. Toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar en el juicio de amparo 1596/2021-VII, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio número 49521/2021, enviado por el Actuario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; en atención a su contenido, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, únicamente agréguese a sus autos para que obre como corresponda el libelo de cuenta, sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el comunicado de referencia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 1543/2022, suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 369/2020-V, del índice de su adscripción, y comunica el contenido del acuerdo de trece de enero del año en curso, de donde se destaca que ese órgano jurisdiccional insiste en el planteamiento de la competencia declinada a este juzgado mediante resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Ahora bien, toda vez que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en su proveído de trece de enero de dos mil veintidós, refiere que este tribunal debe pronunciarse sobre la competencia declinada, aduciendo que en fecha trece de enero de dos mil veintidós, ese juzgado resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables Comité Coordinador y Secretaría Ejecutiva, ambas del Sistema Nacional Anticorrupción, con sede en la ciudad de México; en atención a ello, dígasele que este órgano jurisdiccional por acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, y con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, no aceptó la competencia planteada en su resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada en el juicio de amparo 369/2020-V, abordando además que no se analizaba sobre la procedencia e improcedencia de la competencia planteada, en virtud de que el precepto legal en mención, es claro en establecer que admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, toda vez que como quedó demostrado en autos el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, al declararse incompetente mediante resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en su juicio de amparo 369/2020-V, aun no se resolvía en su totalidad sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, como así lo informó a este juzgado por oficio 52211/2021, de fecha catorce de diciembre del año próximo pasado, refiriendo que se encontraban señaladas las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre siguiente, para resolver respecto de las restantes autoridades responsables Comité Coordinador y Secretaría Ejecutiva, ambas del Sistema Nacional Anticorrupción, con sede en la ciudad de México, siendo que el trece de enero del presente año, se decidió sobre dicha medida cautelar, de lo que se colige del oficio de cuenta 1543/2022. No obstante lo anterior, y toda vez que del contenido del comunicado de cuenta, se destaca que nuevamente la autoridad declinante propone la competencia a este juzgado de distrito, pero con base en los razonamientos expuestos en su acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós; por tanto, se ordena girar oficio a la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, para que con copia del presente acuerdo y el original del oficio de referencia, previa constancia certificada que se deje en autos, se registre un nuevo expediente que se formará, a fin de que lo turne a la mesa correspondiente y se acuerde lo conducente, debiéndose anexar al mismo los autos enviados por la autoridad oficiante. Ello se ordena porque sería irrelevante que el presente asunto se mandare a conflicto competencial ante la superioridad, toda vez que este Juzgado, como se dijo en la resolución de veinticuatro de diciembre de dos veintiuno, no aceptó la competencia planteada por la autoridad declinante sin haber analizado el fondo de la misma. Por otra parte, comuníquese lo anterior al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, solicitándole atentamente tenga a bien ordenar el acuse de recibo de que se trata. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio número 52211/2021 con anexo, enviado por el Actuario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, que contiene inserto el proveído emitido el catorce de los actuales, por medio del cual, en cumplimiento a la solicitud realizada por este tribunal el diez de los corrientes, remite las constancias y los autos relativos que integran el juicio de amparo 369/2020-V, de su índice, formado con motivo del escrito de demanda promovida por Teresa Elizabeth Cueva Luna, contra actos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con sede en ciudad de México y otras autoridades, así como la sentencia de veintitrés de noviembre de la presente anualidad, por la que ese Juzgado se declaró territorialmente incompetente para conocer del asunto y declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, se encuentra imposibilitado legalmente para pronunciarse sobre la competencia planteada por el Juzgado federal de referencia, por las consideraciones que enseguida se exponen. Es pertinente dejar establecido que la parte quejosa por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veinte, en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, y señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridades responsables. Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Director del Registro Patrimonial y de Intereses de la Subsecretaría de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública. Secretaría de la Función Pública. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Gobernación. Director del Diario Oficial de la Federación. Actos reclamados: "A) La aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en específico de los artículos 1, 2, fracciones I y IV, 3, fracciones VIII, XXIII y XXV, 4, 9, fracción I, 32, 33 fracción II, 34, 35, segundo párrafo, 46, 47, 48 y 49. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf. B) La aplicación del acuerdo pronunciado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de septiembre de 2019, en el cual se da a conocer el formato para llevar a cabo la declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme a lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573194&fecha=23/09/2019. C) La aplicación del Acuerdo el segundo acuerdo publicado el 24 de diciembre de 2019, donde se da a conocer los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la plataforma digital nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582735&fecha=24/12/2019. D) El Acuerdo de 22 de abril d 2020 en el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el 2020, emitido por la Secretaría de la Función Pública. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592077&fecha=22/04/2020. E) El oficio No. UEPPCI/317/DRPI/OT/137/2020, de 6 de julio de 2020, emitido por la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la Subsecretaría de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual señala que no podrían vincularse derechos de índole laboral de los trabajadores de los centros públicos de investigación, como un supuesto de excepción para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en virtud de que el régimen laboral es independiente del ámbito administrativo. F) Todas las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de la indebida aplicación de los acuerdos pronunciados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y 24 de diciembre de 2019, y el Acuerdo publicado el 22 de abril de 2020 en el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el 2020." Ahora bien, el veintiuno de julio de dos mil veinte, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda relativa y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno. El veinticuatro de julio de dos mil veinte, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, aceptó la competencia declinada y solicitó al Juzgado oficiante copia certificada de la demanda relativa o bien el documento original, a fin de estar en aptitud de proveer lo que en derecho correspondiera en relación con el escrito inicial de demanda. Seguidos los trámites correspondientes, el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, una vez transcurrido el término para aclarar la demanda, por una parte, se tuvo por no presentada la misma respecto de los quejosos María Artemisa López León y Xavier Oliveras González, al no haber dado cumplimiento a la prevención correspondiente; y, por otra parte, se admitió a trámite por cuanto hace a la quejosa Teresa Elizabeth Cueva Luna, quedando registrada bajo el expediente 369/2020-V. Asimismo, se dictó sentencia terminada de engrosar el veintitrés de noviembre del año actual, en la que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, estableció que carecía de competencia para resolver el citado juicio de amparo, declinando la misma a este órgano jurisdiccional. El día diez del mes y año en curso, ante este juzgado se tuvo por recibido el oficio 49521/2021, con copia de la citada determinación, sin que se realizara pronunciamiento en torno a la competencia que se planteó, ya que previo a ello se solicitó al juez declinante remitiera los autos que integran el juicio de amparo de mérito, así como que se informara si en dicho asunto se promovió incidente de suspensión y en su caso, si ya fue resuelto el mismo, solicitando copia certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, se advierte que se tramitó incidente de suspensión, el cual se celebró parcialmente mediante resoluciones de treinta y uno de mayo, quince de junio, nueve de julio y veintinueve de septiembre del año en curso, relativas a las autoridades responsables ahí precisadas; asimismo, estableció las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre del año actual, para resolver respecto de las restantes autoridades responsables Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, ambos con residencia en Ciudad de México. En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta el contenido del numeral 48 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Del precepto transcrito se desprenden las hipótesis sobre las cuestiones de competencia, las cuales este tribunal no abordará, en atención al último párrafo del referido numeral, toda vez que se advierte que existe imposibilidad legal expresa, al establecer que admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver la suspensión definitiva. Ahora bien, como se estableció, de las constancias remitidas por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se advierte que el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la quejosa Teresa Elizabeth Cueva Luna, quedando registrada bajo el expediente 369/2020-V; asimismo, de las constancias remitidas por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, se desprende que se tramitó incidente de suspensión, el cual se celebró parcialmente mediante resoluciones de treinta y uno de mayo, quince de junio, nueve de julio y veintinueve de septiembre del año en curso, respecto de unas autoridades responsables, y se establecieron las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre del año actual, para resolver respecto de las restantes autoridades responsables Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, ambos con residencia en Ciudad de México. De lo asentado se advierte que conforme al último párrafo del referido numeral 48 de la Ley de Amparo, el juez declinante, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se encontraba imposibilitado para pronunciarse en torno a la incompetencia para conocer de dicho asunto, pues como pudo verse, la demanda de garantías ya había sido admitida y a la referida data, quedaba pendiente de resolver sobre la suspensión definitiva de las autoridades responsables denominadas Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, ambos con residencia en Ciudad de México; amén de ello, no se tiene noticia, si la misma ya resolvió respecto a dichas autoridades, toda vez que se señalaron las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo esa incidencia. No se soslaya que la incompetencia planteada, se verificó a través de la resolución terminada de engrosar el veintitrés de noviembre del año en curso; esto es, al resolver en definitiva en juicio constitucional que se remite; empero, como ya se estableció, este Juzgado de Distrito no puede pronunciarse en torno a dicha incompetencia, en virtud de que el artículo 48 de la Ley de Amparo, no hace ninguna distinción al respecto, únicamente exige ciertos requisitos que se tienen que cumplir para ello, los cuales han quedado precisados a lo largo de esta resolución, mismos que no quedaron colmados en su integridad, pues el cuaderno incidental que se derivó de dicho juicio, no ha sido resuelto en su totalidad, ya que no se tiene noticia en otro sentido. Sirve de apoyo en sentido orientador, por contener consideraciones aplicables al caso, la jurisprudencia Tesis: (I Región) 4o. J/1 K (11a.), sustentada por la Tribunales Colegiados de Circuito; con registro digital: 2023607; Undécima Época; Materias(s): Común; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, página 3237, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LOS RECURSOS DERIVADOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL AMPARO INDIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ADUZCA LA FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO. En los recursos interpuestos dentro del incidente de suspensión derivado del amparo indirecto no se pueden atender cuestiones del litigio principal, como la competencia del Juez de Distrito para conocer y resolver el juicio, máxime que el artículo 48, último párrafo, de la ley de la materia prevé que admitida la demanda ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva y/o provisional; de ahí que sean inoperantes los agravios en los recursos interpuestos en el incidente de suspensión en los que se aduzca la falta de esa competencia, por no ser la vía idónea para plantearla." En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, en vigor, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre la cuestión competencial que se plantea, al existir impedimento legal para ello, consecuentemente no se acepta la competencia planteada a favor de este Juzgado de Distrito. En tal virtud, sin analizar sobre la procedencia e improcedencia de la competencia que se plantea, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante esta determinación, y devuélvase el presente asunto al Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, para los efectos legales correspondientes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, únicamente fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y demás constancias que se consideren necesarias. Sin que haya necesidad de ordenar de manera personal a la parte quejosa o a las autoridades responsables el sentido del presente acuerdo, en virtud de que no se aceptó el conocimiento del asunto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre la competencia planteada al existir impedimento legal para ello como quedó precisado en el cuerpo de esta resolución, consecuentemente no acepta la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por Teresa Elizabeth Cueva Luna, contra actos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con sede en ciudad de México y otras autoridades; ello, con base en los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. SEGUNDO. Intégrese el legajo de generalidades con copia certificada de la demanda de amparo que se remite, para debida constancia y efectos legales conducentes. TERCERO. Comuníquese esta determinación con devolución de las constancias al Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, para su conocimiento sobre la determinación tomada en relación con la competencia planteada y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.

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