Teresa Aracelis Guzmán Guardado

Expediente 1317/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1317/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • Teresa Aracelis Guzmán Guardado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El catorce de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable juez Primero del Ramo Civil de Fresnillo, Zacatecas. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la promoción con folio 5305, así como con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano Colegiado, el ocho de marzo del año que transcurre, en el amparo en revisión civil número 108/2017; los autos del juicio de amparo 1317/2016 y del expediente 238/2016 relativo a la demanda prevenida, ambos en un tomo; acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, mediante la ejecutoria de mérito la Superioridad confirmó la resolución dictada por este juzgado y sobreseyó el juicio de amparo promovido por Teresa Aracelis Guzmán Guardado. En tales condiciones, al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Devuélvanse al juez Primero del Ramo Civil de Fresnillo, Zacatecas, las constancias que remitió en su informe. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Anahid.*

  2. Principal

    El cuatro de abril de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con un oficio registrado con el folio número 4589. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, de cuyo contenido se desprende que la Superioridad admitió a trámite el recurso de revisión promovido por la parte quejosa, contra la sentencia de veintiocho de febrero pasado, dictada por este juzgado dentro del juicio de amparo indirecto 1317/2016-7, el cual quedó registrado bajo amparo en revisión civil 108/2017-3. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  3. Principal

    En dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un escrito con registro 3641, con tres copias que se anexan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Teresa Aracelis Guzmán Guardado; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, párrafos primero y tercero, y 89, de la Ley de Amparo, se le tiene por interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Ahora bien, una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa y se cuente con las constancias relativas a la notificación del presente proveído a las partes, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, junto con el escrito original de expresión agravios, la copia correspondientes para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, así como las constancia que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 116/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1317/2016-3, promovido por Teresa Aracelis Guzmán Guardado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 2 a 10), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, turnado el dieciséis siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Teresa Aracelis Guzmán Guardado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Acto Reclamado: "Reclamo la ilegal emisión de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2016, emitida por el Lic. Miguel Ángel Zamudio Cortés, en su carácter de Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas la cual resuelve contradictoriamente determinar por un lado ser extemporánea y por otro resultar infundada la demanda de Revocación promovida por la suscrita, en contra del proveído de fecha 20 de octubre de 2016; así como la omisión de la misma responsable de admitir el juicio sucesorio y omisión de ordenar la publicación de edictos correspondientes". Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, (fojas 25-28), la juez de Distrito ordenó que se registrara la demanda con el número 1317/2016-3, se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consisten en: La interlocutoria dictada por el juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, el once de noviembre de dos mil dieciséis, en el cuaderno formado con motivo de la denuncia de sucesión intestamentaria a bienes de Raúl Guzmán Robles, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de octubre del año próximo pasado. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado (foja 35). Lo que se corrobora con las constancias que la referida responsable adjuntó, consistentes en el cuaderno formado con motivo de la denuncia de la sucesión intestamentaria a bienes de Raúl Guzmán Robles; documental que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: El siete de octubre de dos mil dieciséis, Teresa Aracelis, Eva Rosalba, Eugenia Carolina y Salvador, todos de apellidos Guzmán Guardado denunciaron la sucesión intestamentaria o legitima a bienes de Raúl Guzmán Robles. Mediante auto de doce de octubre de dos mil dieciséis, el juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, determinó que la demanda promovida no se encontraba ajustada a derecho, en virtud de que los denunciantes señalaron que existían otros presuntos herederos de nombre Norma Angélica, Gustavo Adolfo, Raúl Alfonso y Oscar, todos de apellidos Guzmán Fernández, de quienes manifestaron desconocer sus domicilios, sin embargo, tal manifestación no la realizaron bajo protesta de decir verdad; además, era necesario que ofrecieran medios de convicción a fin de acreditar ese dicho, por lo que se requirió a los denunciantes para que dentro del término de tres días aclararan su demanda, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se desecharía de plano, o bien, la recogieran previa copia cotejada de la misma, sus anexos y firma de recibido se dejara en autos; y ordenó formar el cuadernillo auxiliar correspondiente. El diecisiete de octubre de ese mismo año, Teresa Aracelis Guzmán Guardado presentó escrito ante la Oficialía de Partes de Fresnillo Zacatecas, el cual fue remitido al Juzgado Primero del Ramo Civil de esa ciudad el dieciocho siguiente, a fin de desahogar la prevención de doce de octubre de ese mismo año, para lo cual manifestó, bajo protesta de decir verdad, que desconocía el domicilio de los diversos herederos, no existían menores de edad y ofreció la prueba la presuncional, consistente en todas y cada una de las manifestaciones del escrito de denuncia del juicio sucesorio. En atención a lo anterior, el veinte de octubre del año próximo pasado, se requirió de nueva cuenta a la promovente para dentro del término de tres días ofreciera medios probatorios diversos a la prueba presuncional para acreditar el desconocimiento del domicilio de los presuntos herederos Norma Angélica, Gustavo Adolfo, Raúl Alfonso y Oscar, todos de apellidos Guzmán Fernández, en razón de que dicha prueba era insuficiente para tener por solventada la diversa prevención de doce de ese mismo mes y año, en razón de que por su naturaleza no permite crear convicción por si misma respecto de determinados hechos, sino que debe estar concatenada con otros medios de prueba que permitirán llegar a conocer un hecho desconocido previamente. Inconforme con lo anterior, la denunciante Teresa Aracelis Guzmán Guardado interpuso recurso de revocación, mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Mediante interlocutoria de once de noviembre de dos mil dieciséis, el juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas resolvió el recurso de revocación planteado por Teresa Aracelis Guzmán Guardado, en el que por una parte, determinó improcedente el citado recurso, por otra, declaró incólume el auto impugnado. La resolución anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Debe sobreseerse en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo... II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que, por regla general, la vía en que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En ese sentido, la determinación relativa a la forma en que deben tramitarse los procedimientos administrativos o jurisdiccionales relacionados, ya sea conjunta o separadamente, no constituye una violación a los derechos sustantivos del ocursante, pues aun cuando esta fuera inexacta, no se priva del derecho de defensa a las partes, ni altera las cuestiones debatidas en éstos, sino que la violación, en su caso, tendría efectos meramente intraprocesales. En el caso, se reclama la interlocutoria dictada por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, el once de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el recurso de revocación interpuesto por la ahora quejosa Teresa Aracelis Guzmán Guardado, contra el auto de veinte de octubre de ese mismo año, emitido en el cuaderno formado con motivo de la denuncia de la sucesión intestamentaria a bienes de Raúl Guzmán Robles, en la que declaró improcedente dicho medio de impugnación. En la determinación reclamada, el juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto y, como consecuencia, incólume el auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis, en que no se tuvo por solventada la prevención que se le hizo a la ahora quejosa el doce inmediato anterior, en razón de que la prueba presuncional que ofreció para acreditar el desconocimiento del domicilio de los presuntos herederos Norma Angélica, Gustavo Adolfo, Raúl Alfonso y Oscar, todos de apellidos Guzmán Fernández, por sí misma, no generaba convicción al no estar concatenada con diversos medios probatorios. Por tanto, no constituye un acto en el juicio que tenga sobre la esfera jurídica de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, toda vez que por su conducto, el juez responsable únicamente confirmó el acuerdo a través del cual la requirió, previo a ordenar la citación de diversas personas, presuntos herederos, por medio de edictos, a efecto de que ofreciera pruebas a fin de demostrar el desconocimiento de sus domicilios, lo que solo constituye una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente juicio es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, la resolución reclamada no constituye un acto pronunciado en el procedimiento cuya repercusión sobre el hoy accionante del amparo se considere como de imposible reparación, por no afectar materialmente sus derechos sustantivos previstos en la Constitución General o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues sólo constituye una violación procesal que no repercute en dichas prerrogativas, pues bien puede ocurrir que a pesar de la determinación reclamada, la parte quejosa obtenga sentencia favorable en el procedimiento de origen, desapareciendo así cualquier violación procesal que se hubiera cometido en su perjuicio. Sin que pase inadvertido que la denuncia de la sucesión a bienes de Raúl Guzmán Robles, no ha sido admitida por el Juez responsable, sin embargo, tal circunstancia no constituye un obstáculo para establecer que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la quejosa como se señaló en párrafos precedentes, ya que el artículo 755 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, refiere expresamente que el juicio sucesorio testamentario o intestado se inicia mediante denuncia hecha por la parte legitima, de lo que se concluye que dicho acto es emitido dentro del juicio sucesorio, aun cuando no se haya radicado tal denuncia. En las condiciones apuntadas, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el acto reclamado no ocasiona afectación de ejecución irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que sólo produce efectos procesales o adjetivos; procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en concordancia con los numerales 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el primero de los preceptos invocados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Teresa Aracelis Guzmán Guardado contra el acto reclamado del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, secretaria que autoriza y da fe, el día de hoy veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Rosy

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