Teresa de Jesús Amaya Vazquez
Expediente 25/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Teresa de Jesús Amaya Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El seis de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta con una promoción con folio 252. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos la promoción signada por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Zacatecas, mediante la cual solicita se le remita copia certificada de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. Al respecto, no obstante que en proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, se autorizó al citado Juzgado Federal la visualización del contenido íntegro del expediente electrónico del presente juicio de amparo, mediante oficio que derive de este proveído, remítase a la mencionada autoridad la copia de que se trata, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del nueve de enero de dos mi veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El dos de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción con folio 20791. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Zacatecas, en el juicio de amparo 1513/2022 de su índice; en atención a su contenido, se instruye a la Oficial Judicial A, para que realice las acciones correspondientes para que el juzgado homólogo pueda visualizar el contenido íntegro del expediente electrónico del presente juicio de amparo 25/2022. Lo anterior, en acatamiento a los lineamientos relativos a la utilización preferente de los medios tecnológicos, comunicaciones y soluciones digitales entre órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por oficio a la autoridad en cita y cúmplase. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Bere
- Principal
El veintisiete de abril de dos mil veintidós, Jaime Santillán Chávez, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: a) Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. b) Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del seis al veintidós de abril del año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa. c) Que sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, no fue exhibida garantía alguna. d) No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por otra parte, es DEPURABLE el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, por tanto, guárdese por separado; por otra parte, en cuanto al duplicado del incidente, llévese a cabo su destrucción. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jaime Santillán Chávez, secretario que autoriza y da fe. Bere En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de abril de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 25/2022, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias, leídas las mismas y rendido el informe justificado de la autoridad que se tuvo como responsable. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que la parte quejosa acompañó a su demanda. Enseguida en el periodo de alegatos, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los que hizo valer la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en su pedimento que obra en autos. No habiendo más diligencias pendientes por desahogar se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho proceda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 25/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, del cual por razón de turnó correspondió conocer a este Órgano Jurisdiccional, Teresa de Jesús Amaya Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: "III. Autoridad responsable: a) La JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS. IV. Actos reclamados: a) De la autoridad reclamo los actos consistentes en la orden y ejecución de la ilegal omisión de pago de la primera parcialidad del aguinaldo derivada de la pensión por jubilación, que debió efectuarse a más tardar el día 20 de diciembre del año en curso." Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1, 14, 16, 22 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de diez de enero de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal federal, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se lleva a cabo al tenor de la presente acta; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados, que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de derechos, consisten en: La orden y ejecución de la omisión de pago de la primera parcialidad del aguinaldo derivada de la pensión por jubilación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, negó categóricamente el acto omisivo que le es atribuido, pues expresó que, en términos del artículo 108 de la ley de dicho instituto, no tiene como responsabilidades la de realizar el pago de pensiones por jubilación y las prestaciones que legalmente le sean accesorias. Negativa que se encuentra desvirtuada, por lo siguiente. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Ahora, de los numerales 74, 75 y 108, fracciones XVI y XVIII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, se advierte que los pensionados del ISSSTEZAC tienen derecho al pago de aguinaldo y que corresponde a la Junta Directiva de dicho Instituto aplicar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones de dicha ley, así como conceder, negar, suspender, modificar o anular las pensiones; en tanto que al Director del ente asegurado, le compete, entre otras cosas, ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva, según el artículo 120, fracción XII, del cuerpo de leyes citado. De ahí que sea patente la existencia de la omisión reclamada la Junta Directiva del ente asegurador. CUARTO. Causales de improcedencia que ameriten el sobreseimiento en el juicio. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Además, de actualizarse alguna de tales causales sería innecesario el examen de la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio, se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no acredita su interés jurídico ni legítimo para comparecer al presente juicio constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Ahora bien, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar, lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número 2a. LXXX/2013 (10a.), en el libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, página 1854, con registro 2004501, del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, para efectos de demostrar el interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Es ilustrativo, en lo conducente, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Octava Región, localizable en la página 1807, bajo el número XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), libro XIX, abril de 2013, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la décima época, con registro 2003293, del rubro y texto que a continuación se transcriben: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Por tanto, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional en su contra, por ello, es que la parte peticionaria de garantías debe acreditar en forma fehaciente -cuando acude en demanda de amparo- que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en ese derecho real o personal, según se ostente, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, la parte quejosa acude al juicio de garantías a reclamar de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, la omisión de realizar el pago de aguinaldo correspondiente a la primera parcialidad del año de dos mil veintiuno, que -afirma- debió cubrir a más tardar el veinte de diciembre de dicho año. Luego, la parte quejosa, para acreditar su derecho a recibir el pago por el concepto de aguinaldo y con ello el interés jurídico o legítimo, ofreció en su demanda y desahogó en la audiencia constitucional las pruebas documentales siguientes: - Copia simple del oficio REF. J.D.I. 027/2021, de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas comunica a la aquí quejosa, que la Junta Directiva de dicho instituto asegurador modificó su pensión por jubilación a partir del dieciséis de enero de dos mil veintiuno. - Copia simple de identificación expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de Teresa de Jesús Amaya Vázquez, aquí quejosa. Sin embargo, las anteriores documentales, al constar en copias fotostáticas simples que no están adminiculadas con diversa probanza, carecen de valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo y, por lo mismo, son insuficientes para demostrar tanto el interés jurídico como el interés legítimo, dado que no existe en autos otro elemento que relacionado con aquéllas pueda generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados de la parte quejosa, o bien, de manera indirecta por una situación especial frente al orden jurídico. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERES JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS SIMPLES, POR SI SOLAS, NO LO ACEREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, sí no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquellas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." (Lo subrayado es de este juzgado federal) En el mismo sentido, la tesis aislada VII.2o.T.60 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de título, subtítulo y texto que dicen: "TRABAJADORES DE BASE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES DE RECIBOS DE PAGO, POR SÍ SOLAS, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR, POR SU SOLA ENTRADA EN VIGOR, EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY ORGÁNICA QUE RIGE A DICHA INSTITUCIÓN. De los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede establecerse que, al impugnarse una norma general, ya sea de carácter autoaplicativa o heteroaplicativa, mediante el juicio de amparo, quien comparezca deberá: a) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, b) aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio, en el entendido de que debe acreditar que el acto o disposición general produce efectos jurídicos indirectos. En consecuencia, las copias fotostáticas simples de recibos de pago, por sí solas, son insuficientes para acreditar tanto el interés jurídico como el legítimo de quien se ostente como trabajador de base de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para reclamar el artículo 78 de su ley orgánica, por su sola entrada en vigor, ya que sólo generan la simple presunción de la existencia de los documentos reproducidos, de modo que al poseer únicamente valor indiciario, deben ser adminiculados con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar; a lo que se arriba si se toma en cuenta que como el aludido artículo 78, está dirigido al personal que integra la Fiscalía en sus diferentes funciones, existe la obligación de probar en forma fehaciente que directa o indirectamente el quejoso se ubica en los supuestos previstos en la norma para acreditar esa afectación a su esfera jurídica, y así tener por acreditado el interés jurídico o legítimo para incoar la acción constitucional intentada." (Lo subrayado y en "negritas" es propio) En esa línea argumentativa, es claro que los documentos, que en copia fotostática simple aportó la parte quejosa a este sumario constitucional, no demuestran que ésta sea sujeta de derecho a una pensión por jubilación por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y, por lo mismo, tampoco prueba que tenga el derecho a recibir el pago de aguinaldo derivado de la pensión apuntada. Por tanto, la omisión atribuida a la autoridad responsable de ninguna manera afecta la esfera jurídica ni legítima de la parte peticionaria de amparo, en tanto que no acreditó contar con el derecho al pago del mismo. Además, la circunstancia de que la autoridad responsable fuera omisa en rendir el informe justificado, ello sólo trae como consecuencia la presunción del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y tal circunstancia de ninguna forma la releva de acreditar el interés jurídico o legítimo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de promover un juicio de amparo y de que las autoridades no hayan rendido en él los informes justificados, no establece una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley establece que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella traiga aparejada esa presunción, de manera que la omisión de las autoridades responsables de rendir informes sólo acarrea la presunción de ser ciertos los actos reclamados, conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa presunción se extienda hasta el grado de relevar a los quejosos de la carga procesal de demostrar su interés jurídico." También cobra aplicación, por analogía jurídica, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." (Subrayas ajenas al texto) Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo que se impone es sobreseer en el juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No sobra decir que, ante la determinación del sentido del fallo, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Teresa de Jesús Amaya Vázquez, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable y por los motivos asentados en la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cuatro de abril de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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