Teodoro Quirino Gómez
Expediente 1244/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1244/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Teodoro Quirino Gómez
- Juez Primero de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
En veintidós de octubre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del seis al veinte de octubre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el uno de octubre de dos mil quince dentro del juicio de amparo número 1244/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el uno de octubre de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo anterior, devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, la copia fotostática certificada de las constancias que integran la causa penal 51/2014 que remitió en apoyo a su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, por lo que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo, se determina que el incidente de suspensión relativo, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en virtud, de que se concedió al impetrante la medida cautelar solicitada; por lo que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la interlocutoria correspondiente; por tanto, agréguese el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa, y el duplicado guárdese por separado, para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, una vez que transcurra el término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1244/2015, presentes en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, Director General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad y Agente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Río Grande, Zacatecas, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales consistentes en el testimonio autorizado del proceso penal número 51/2014, que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, anexó a su informe como justificación del acto reclamado. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se hace constar que el autorizado de la parte quejosa los formuló mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, el once de septiembre del año en curso, registrado con el folio 18198, por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas sus alegaciones. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1244/2015; y, RESULTANDO 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas TEODORO QUIRINO GÓMEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. Director General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Río Grande, Zacatecas, Acto Reclamado La orden de detención o aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 1244/2015; pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se emplazó a la parte tercero interesada; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II.- Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que los quejosos reclaman: La orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.I. Certeza: El Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, Director General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad y agente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Río Grande, Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado reconocieron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el testimonio del proceso penal número 51/2014, que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, este Tribunal Federal considera que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Ello es así, en razón a que del contenido de las constancias que integran el testimonio del proceso penal número 51/2014, que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se libró en contra del aquí quejoso orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de daño en las cosas doloso, de cuantía que excede de quinientas cuotas, cometido en perjuicio de Gerardo Ayala Rivas; en contra de dicha orden de captura el aquí quejoso interpuso juicio de amparo indirecto, del cual le tocó conocer a este Juzgado de Distrito, el cual se registró bajo el número 157/2015, por lo que el treinta de abril de dos mil quince, se sobreseyó por un lado el juicio de garantías y por otra, se le concedió en amparo y protección de la Justicia Federal; y, en cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, el juez responsable, el treinta de julio de dos mil quince, determinó negar la orden de aprehensión solicitada en contra del aquí quejoso TEODORO QUIRINO GÓMEZ, por la comisión del delito de daño en las cosas doloso, cometido en perjuicio de Gerardo Ayala Rivas. De lo que se obtiene que dentro del juicio de garantías en que se actúa, han cesado los efectos de los actos reclamados, porque de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la nueva Ley de Amparo, se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En consecuencia, si los actos reclamados consisten en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso TEODORO QUIRINO GÓMEZ, y el treinta de julio de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo número 157/2015, del índice de este Juzgado, se determinó negar el mandato de captura solicitado en contra del quejoso de mérito, ello se traduce en que, cesaron los efectos del acto reclamado. Expuesto lo anterior, al haberse determinado que han cesado los efectos de los actos reclamados, es incuestionable que en el caso en estudio se ha actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; motivo por el cual, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Sirven de sustento a lo anterior por identidad de razón, las Tesis siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. " ; y "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haberse actualizado las causales de improcedencia de mérito, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se, R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS, promovido por TEODORO QUIRINO GÓMEZ, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.- mtm
- Principal
En once de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez, con un escrito con registro 18198. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de septiembre de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta signado por el licenciado Joel Soledad Rodríguez Calderón, en cuanto autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos vierte en su ocurso de mérito; sin perjuicio de tomarlos en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele copia certificada de las constancias a que alude previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*
- Principal
En veinticuatro de agosto de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de tres días concedido a los terceros interesados GERARDO AYALA RIVAS y PEDRO QUIRINO MORALES, a fin de que señalaran domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad transcurrió del veintiocho al treinta de julio; así como del seis al diez de agosto de dos mil quince, respectivamente, sin que hubieran hecho manifestación alguna respecto, lo que se asienta para los efectos legales conducentes.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para los terceros interesados GERARDO AYALA RIVAS y PEDRO QUIRINO MORALES, a fin de que señalaran domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hubieran hecho manifestación alguna respecto del requerimiento que se les hizo en auto de diecisiete de julio de dos mil quince; en esa virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, por lo que las notificaciones que tengan el carácter de personales, practíquenseles por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto se haga la designación respectiva. Por otra parte, y toda vez que de autos se advierte que ya obran en el presente asunto los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, Juez Primero de Primera Instancia, Agente de la Policía Ministerial del Estado, ambos con residencia en Río Grande, Zacatecas; y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas; en esa virtud, con el contenido de dichos comunicados, así como de las constancias que integran la causa penal 51/2014 que en copia certificada remitió la primera de dichas autoridades en apoyo a su informe, dese vista a los aludidos terceros interesados para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, a fin de dar oportunidad a que los mencionados terceros interesados se impongan del contenido de dichos comunicados y no queden en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*
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