Teofila Vega Domínguez

Expediente 173/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
173/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Teofila Vega Domínguez
  • Director General del ISSSTE en México

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa ****, por medio del cual solicita la devolución de todos los documentos que acompaño a su escrito inicial de demanda de amparo y autoriza a diversas personas para tal efecto. Devolución de documentos. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase los documentos que refiere, por conducto de las personas que indica, previo desglose y copia certificada que se agregue a los autos para su debida constancia. En el entendido de que con el fin de recoger los documentos que solicita, deberá agendar la cita correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 6º, fracción II del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, su acceso al inmueble que ocupa este Juzgado no estará permitido. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya realizado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara firme el referido auto. Archivo y anotaciones. En ese orden, archívese como asunto concluido el presente expediente, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, con la precisión que una vez que obren las constancias de notificación de este proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En el Libro de Gobierno correspondiente realícense las anotaciones respectivas; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente. En tales condiciones, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; consecuentemente, una vez que transcurran tres años a partir del presente proveído, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del citado Acuerdo General, destrúyase el presente expediente, previa acta de la relación que se elabore para la identificación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto el expediente físico como el electrónico coinciden en la totalidad de las constancias; con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre el expediente físico y el expediente electrónico. Lo anterior en términos del artículo 35 del acuerdo general citado. Lo que se ordena hacer constar en la carátula del expediente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a la parte agraviada.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Teofila Vega Domínguez, contra actos del director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en México y otras autoridades. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el consecutivo 173/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). *** Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se evidencia que la parte quejosa reclama: El documento de cinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se ordena a la quejosa presentarse a trabajar a la Clínica Hospital ISSSTE IGUALA, a partir del dieciocho de julio de dos mil veintidós. La prohibición de acceder al área de trabajo en el que la quejosa se desempeña como trabajadora administrativa de la Unidad Médica Familiar del ISSSTE, en Taxco de Alarcón, Guerrero. La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el diez de mayo y uno de julio, ambos de dos mil veintidós, mediante los cuales, en su orden, pidió el cambio de adscripción y se le informara la respuesta al primer escrito. Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional considera que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del primer precepto citado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de la materia, se desprende que la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado otros precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y estableció que es aquella que con fundamento en una norma legal pueda emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; por tanto, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular, independientemente de su naturaleza formal. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se ve, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que precisa el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la tesis emitida por el máximo tribunal de la Nación, con la diferencia de que conforme a la nueva legislación, la definición de autoridad es más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es importante tener en cuenta la clasificación de las relaciones jurídicas que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 904/2014, y que se refiere a tres tipos fundamentales de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son aquellas que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos, entre las que se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." De lo anterior se colige, que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora, tratándose de los órganos del Estado, estos pueden actuar en dos tipos de relaciones: de supra a subordinación y en relaciones de coordinación; en las primeras, actúan como autoridad frente a particulares y sus actos contienen las características de unilaterales, coercitivos e imperativos; en las últimas, no cuentan con ese poder de mando y realizan actividades como cualquier particular, de tal suerte que para identificar si un ente actuó en uso de sus atribuciones públicas es indispensable realizar un análisis casuístico. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados son: El documento de cinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se ordena a la quejosa presentarse a trabajar a la Clínica Hospital ISSSTE IGUALA, a partir del dieciocho de julio de dos mil veintidós. La prohibición de acceder al área de trabajo en el que la quejosa se desempeña como trabajadora administrativa de la Unidad Médica Familiar del ISSSTE, en Taxco de Alarcón, Guerrero. La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el diez de mayo y uno de julio, ambos de dos mil veintidós, mediante los cuales, en su orden, pidió el cambio de adscripción y se le informara la respuesta al primer escrito. Ahora, debe decirse que el juicio de amparo, únicamente procede cuando el acto reclamado provenga de una autoridad y no cuando el conflicto se suscite actuando el ente público como particular. El acto reclamado es uno de los puntos fundamentales del juicio de amparo y éste debe de ser de autoridad; luego, no procede el amparo contra actos de particulares, cuando actúen en un plano de coordinación, por más que se consideren atentatorios de los derechos fundamentales. Así los actos reclamados se clasifican en actos de autoridad y actos de particulares; esta distinción encuentra su fundamento en el artículo 103 Constitucional, que determina que el amparo sólo procede contra los citados en primer término. El acto de autoridad representa aquella conducta que desarrolla un ente que tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo; es decir, realice una función pública, o ejerza una atribución del Estado a través de relaciones propias del derecho público a las que se denomina relaciones de supra a subordinación. Es indiscutible que las autoridades que señala como responsable podría ser por denominación, sujeto pasivo para los efectos del amparo; sin embargo, no lo es respecto de todos los actos que realizan sino sólo de aquellos en los que se desempeñe con el propósito o en relaciones de supra a subordinación; es decir, los que se entablan entre sujetos colocados en planos diferentes, o sea, entre los particulares, por un lado, y el Estado, por el otro, en ejercicio de sus funciones de imperio, desplegadas a través de sus diversas dependencias gubernativas. En tal virtud, el acto de autoridad, para que sea tal, debe reunir en su ser jurídico, como se adelantó, los siguientes atributos esenciales: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Por tanto, los contratos que celebra la administración pública; es decir, el Estado con personas físicas o morales para asegurar el funcionamiento de un servicio público, guardan analogía con los contratos civiles, de tal manera que entre las partes existen derechos y obligaciones recíprocos e igual situación guardan los contratos o relaciones laborales burocráticas. Por otra parte, las relaciones surgidas de un contrato laboral no son de supra o subordinación sino de coordinación entre el órgano del Estado, por una parte, como patrón y la otra, el empleado con sus respectivos derechos y obligaciones laborales. En otros términos, si la administración pública del Estado contrata a un particular, éste no se encuentra, por virtud de dicha contratación, en la situación de gobernado sino de un empleado, sea de confianza o de base. Por consiguiente, los actos que los órganos estatales emitan frente al particular dentro del ámbito laboral, no son actos de autoridad, ya que se traducirían en un mero incumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas. Sentado lo anterior, se estima que el acto reclamado, no puede ser materia de amparo, toda vez que, el mismo, constituye propiamente un acto suscitado entre un ente público como patrón y un particular como trabajador, en una relación de coordinación, y no con las características propias de un acto de autoridad; es decir, de un acto realizado por un funcionario público revestido de autoridad, en cumplimiento de funciones y dentro de la esfera de sus atribuciones oficiales. Ahora bien, lo que reclama la quejosa constituye una afectación a derechos de naturaleza laboral emana de una dependencia pública, que figura como patrón, los cuales no revisten la naturaleza propia de un acto de autoridad, susceptible de reclamarse en esta vía. En esa tesitura, se concluye, dado que en este caso la actuación de la autoridad responsable, no se caracteriza por el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, los actos reclamados que son órdenes de índole laboral (fijación de fecha de presentación en el centro laboral ubicado en esta ciudad) y la omisión de dar respuesta a una petición en el ámbito del trabajo (cambio de adscripción), en todo caso, son producto del vínculo particular o de coordinación entre el superior y el inferior jerárquico en esa relación laboral, pero no como gobernante y gobernado. Esto es, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se obtiene que la quejosa es trabajadora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde el dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; por ende, el oficio que reclama, así como la omisión de dar respuesta que impetra, derivan de esa relación laboral por estar estrictamente vinculadas con condiciones de trabajo como es el cambio de adscripción o continuación de comisión para laborar en otro centro laboral; luego, las autoridades responsables actuaron en su calidad de patrón y no de autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), registro 2011343, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona oral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación, en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así como la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO CON EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". Lo anterior es así, pues el acto que reclama la parte quejosa, es propio de una relación entre trabajador y patrón, de lo que se deduce que no existe una relación de supra a subordinación, pues no está investido con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales de manera imperativa, en razón de que no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva, pues en la especie, se tratan decisiones como parte patronal que puede ser reclamado mediante vía jurisdiccional laboral. Por lo tanto, se concluye que los actos reclamados que vinculan a las autoridades responsables y la quejosa, derivan de una relación de coordinación, es decir un conflicto entre particulares que deberá ser dirimido ante los tribunales ordinarios en materia laboral. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, promovida por Teofila Vega Domínguez, de conformidad con el numeral 61, fracción XXII, en relación con el 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ignacio Maya, número treinta y siete (37), colonia Centro de esta ciudad. Autorizados Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Javier Ramírez Chacón, Senon Martínez Juárez y Mireya Casimiro Galindres, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así por lo que respecta a Yoshigeim Araujo Lome, y para no dejarlo en estado de indefensión, se le tiene como autorizado para recibir notificaciones. Número de teléfono móvil y correo electrónico. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se requiera a las partes para que proporcionen un número de teléfono y correo electrónico, para establecer contacto en los casos que se estime necesario. Exhortación a las partes Por otra parte, en términos de los artículos 5°, fracción I, y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente conforme a las circunstancias sanitarias adversas que imperan en el territorio nacional, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, proporcionen un número telefónico y/o de mensajería instantánea, así como un correo electrónico a través del cual, de ser necesario, se pueda entablar un contacto oportuno para las comunicaciones no procesales, en el entendido de que el mismo no hará las veces de notificación oficial, en términos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Amparo. En ese sentido, desde este momento se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos a este órgano de control de constitucionalidad para que, en caso de haber entablado alguna comunicación no procesal con alguna de las partes, registren dicho acontecimiento de manera oportuna, y formulen la razón correspondiente, misma que deberá obrar glosada en autos. Medidas de seguridad al momento de realizar la notificación del presente proveído. En términos del artículo 23, fracciones I, II y III, del referido Acuerdo General 21/2020, se precisa a los Actuarios Judiciales Adscritos que, las notificaciones que deban efectuarse de manera personal, habrán de realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del personal de este Juzgado de Distrito, así como de las personas justiciables. Asimismo, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Uso de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Integración de expediente electrónico. Ahora, conforme con lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos y demás personal de este Juzgado de Distrito que tenga intervención en la formación de este expediente, para formar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Se encomienda al oficial encargado al que le corresponde el expediente que queda a su cargo la digitalización diaria de los acuerdos y cualquier otro documento en el que auxilie en su elaboración y que se incorpore al expediente físico; al funcionario encargado de la oficialía de partes, que digitalice los documentos que reciba; los actuarios deberán digitalizar diariamente, todas las actas, razones, constancias de notificación o diligencias en las que haya intervenido; dichos funcionarios deberán ingresar esos documentos digitalizados al SISE en su apartado respectivo; en tanto que al secretario le corresponderá el cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en términos del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competentes de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; de igual forma, tampoco se digitalizarán las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional, las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano de control constitucional, deba guardarse sigilo con relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como las constancias que por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; las cuales quedan a disposición de las partes para su consulta, salvo aquéllas sobre las que resulte imposible su consulta en términos de la Ley de referencia. Aviso de transparencia. Finalmente, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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