Teresa de Jesús Rodríguez García

Expediente 47/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
47/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Teresa de Jesús Rodríguez García
  • Tribunal Unitario Agrario, Distrito 51

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ********************, orden ********************, del índice de este juzgado, enviado para notificar a la parte quejosa el contenido del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, lo que así aconteció el siete de marzo de la presente anualidad.********************Anotaciones.********************Se ordena dar de baja la comunicación oficial, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).********************Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad exhortada, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso que queja contra el auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes.********************Anotaciones.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).********************Archivo.********************En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito.********************Lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso b), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda.********************En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia.********************Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.********************Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Agréguese al presente sumario constitucional el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo; por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo ******************** de su índice, así como dos tomos de pruebas; en virtud de que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de causahabiente de********************, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51, con residencia en esta ciudad. Acúsese recibo de estilo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese al citado órgano jurisdiccional que este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, asume el conocimiento del presente asunto. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número ********************, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. La resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitida por el ********************, emitido en el expediente T.U.A. ********************, mediante el cual se resolvió carecer de competencia por materia para resolver dicho expediente el aludido Tribunal y remitió los autos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, a fin de que lo enviara al juez civil competente para su conocimiento y resolución. En ese sentido, este juzgado federal considera que se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y; [.]" Del primer precepto en mención se destaca que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Ley de Amparo o bien de la Constitución. Por su parte, en el artículo 107, y su fracción VIII, antes citados, si bien establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa, de ahí que tratándose de actos de competencia sólo puede promoverse la contienda constitucional contra la última resolución que se dicte en dicha resolución. Ahora bien, en el caso concreto no se surte dicha hipótesis de procedencia, ya que se trata de un acto que no es definitivo; y, por ende el juicio de amparo es improcedente, pues la decisión de la responsable de declararse incompetente no pueden considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el amparo sólo procede contra la resolución que en definitiva se dicte en el juicio natural, ya que el acto que ahora se reclama no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del promovente, por lo que constituye solamente un aspecto dentro de un procedimiento que lesiona, en todo caso, derechos adjetivos y no afecta directamente los de carácter sustantivo, pues, incluso, de no aceptar esta última esa competencia, podría suscitarse un conflicto que tendría que resolverse, según el ordenamiento aplicable, por una autoridad diversa. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, promovida por ********************, en su carácter de causahabiente de********************, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Se gira exhorto para notificar a la parte quejosa. Por otro lado, de conformidad con los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, EN TURNO, para que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso b), ordene a quien corresponda se constituya legalmente en domicilio ubicado en *** de Chilpancingo, Guerrero y notifique a la parte quejosa la presente determinación; debiendo requerirla para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días, legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Amparo, las notificaciones derivadas del presente juicio, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por lo que, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin necesidad de que se acuse recibo del exhorto de mérito, pues el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) emite éste al momento del envío relativo, por lo que este órgano de control constitucional desde ese momento tiene conocimiento de quién realizará la diligencia correspondiente. Además, se solicita al Titular del citado Juzgado de Distrito que remita el resultado de la comunicación oficial de mérito vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en el entendido que los documentos digitalizados o escaneados deberán ser legibles y permitir la lectura de todos los elementos relevantes como son: texto, sellos y fechas. Autorizados De igual manera, se autoriza para oír y recibir notificaciones a ********************y********************toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Aviso de transparencia Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese por oficio a la autoridad declinante y personalmente a la parte quejosa.

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