Tania Juanche Hernandez

Expediente 272/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
272/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • TANIA JUANCHE HERNANDEZ y Otros.
  • Tania Juanche Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve del mes en curso, el Consejo de la Judicatura Federal determinó declarar días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, así como suspender labores, términos y plazos durante ese lapso, según consta en la circular 28/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del propio consejo; y que con motivo de lo anterior, no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. Por ende, se fijan como nueva fecha y hora las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de dicha audiencia en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado, y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Incidental

    Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 272/2023. R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, y turnado el cuatro siguiente a este juzgado, ********************, por propio derecho, y en representación de su menor hija ********************, solicitó la suspensión contra actos del juez Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en esta ciudad. Segundo. Tramitación del incidente de suspensión. El cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo bajo el número 272/2023; previo desahogo de prevención, se admitió a trámite el doce de septiembre actual, y se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión; por auto de la misma fecha se requirió a la autoridad responsable su informe previo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, inició en términos del acta que antecede y concluye con esta resolución. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, es competente para conocer y resolver respecto de la suspensión definitiva que se solicitó en la demanda de amparo, acorde a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, constitucionales; 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016 que reforma, adiciona y deroga el similar 28/2016 y éste a su vez al Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En otro contexto, a fin de cumplir con lo establecido en numeral 131, último párrafo, de la Ley de Amparo, los actos reclamados procederán analizarse de forma tal que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada no se constituyan derechos que la parte incidentista no hubiera tenido antes de la presentación de la demanda de amparo. Por lo tanto, la parte incidentista reclama el proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, que a) canceló la pensión alimenticia fijada a la actora, ********************; y b) redujo la pensión alimenticia decretada provisionalmente en auto de radicación de diecinueve de abril del año en curso, del 40% (cuarenta por ciento) al 20% (veinte por ciento), correspondiente únicamente a favor de la menor ********************; dictado en el juicio especial de alimentos ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, en esta ciudad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, por una parte negó que hubiera decretado la nulidad de actuaciones ni que hubiera admitido las pruebas documentales consistentes en tres pólizas referentes al seguro médico de gastos mayores. Por otra parte, manifestó que es cierto el acto reclamado en el que ordenó dejar sin efectos el descuento del 40% (cuarenta por ciento) del salario y demás prestaciones que se habían fijado en el procedimiento de origen, por lo que la redujo al 20% (veinte por ciento) únicamente a favor de la menor incidentista ********************. CUARTO. Procedencia de la suspensión. En los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, se establece la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y se precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el quejoso debe reunir, para que sea procedente la suspensión, los cuales son: a) la naturaleza de la violación alegada; b) que lo haya solicitado el agraviado; c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y d) análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. El objetivo primordial de esta providencia es mantener viva la materia del juicio de amparo, con el fin de impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Para resolver sobre tal medida precautoria, debe examinarse si conforme a su naturaleza sus efectos son susceptibles o no de ser paralizados; enseguida, si se satisfacen o no las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo. De acuerdo a la introducción, se anticipa que el caso se analizará con base en el principio del interés superior de la niñez contemplado en el artículo 4 constitucional. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que la suspensión no se limite sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer a la parte incidentista en el goce del derecho afectado con el acto reclamado (efectos restitutorios) sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto; sin embargo, también debe valorarse las particularidades de cada asunto, a fin de verificar si se prueba la apariencia del buen derecho. Interés superior de la niñez En principio, debe precisarse que los procedimientos jurisdiccionales que tienen por objeto cuestiones de alimentos (entre otros) que involucren a menores, son de litis abierta, esto es, el juzgador tiene a su alcance una serie de atribuciones que le facultan a actuar de forma más activa y versátil, por la trascendencia social de las relaciones familiares involucradas y por el principio de interés superior del menor, que le permite suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores de edad, siempre que resulte de mayor cobertura para sus derechos. Para abordar este tema, se considera necesario aludir al principio del interés superior de la niñez. Los niños, niñas y adolescentes, son destinatarios de una especial protección constitucional, convencional, legal y jurisprudencial en el sistema jurídico mexicano. El artículo 4, párrafos noveno a décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las autoridades del Estado mexicano, deben velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, para garantizar de manera plena sus derechos. Los juzgadores, como parte del Poder Judicial y, por tanto, el Estado, tienen la obligación jurídica de garantizar que todas aquellas acciones se realicen en los asuntos sometidos a su jurisdicción, y procurar el máximo bienestar posible de los infantes. El artículo 1º, primer párrafo, constitucional, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, el derecho convencional es también parte integral del ámbito interno. De la interpretación analítica del texto constitucional realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha considerado que al resolver un cuestionamiento en materia de derechos humanos se debe realizar una interpretación a la luz del parámetro de regularidad constitucional integrado por dicho texto y los diversos instrumentos internacionales y su interpretación; en el caso se atienden a estos lineamientos respecto a los que se establecieron para las niñas, niños y adolescentes. En resumen, el hecho de que exista una protección de las niñas, niños y adolescentes, desde el marco constitucional, convencional, legal y jurisprudencial, a través del principio del interés superior de la infancia, implica que siempre y en todo momento, se debe realizar mediante medidas de protección que garanticen de manera efectiva el disfrute de sus derechos humanos, como una realidad en su vida cotidiana. Bajo tales consideraciones, al advertirse que con el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social, pues, no está en alguno de los supuestos que a manera ejemplificativa especifica el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni algún otro que pudiera considerarse análogo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto de que la autoridad responsable siga proporcionando el porcentaje fijado inicialmente por concepto de pensión alimenticia decretada en el expediente ********************, relativo al juicio especial de alimentos, del índice de la autoridad responsable. En la inteligencia de que el otorgamiento de esta medida suspensional tiene efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Garantía como requisito de efectividad Sin que sea el caso exigir garantía alguna como requisito de efectividad de la medida cautelar que se concede, en términos de los artículos 132 y 135 de la ley que rige procedimiento de amparo, ya que no se está en los supuestos relativos a contribuciones determinadas contra la parte quejosa, ni tampoco la existencia de terceros que demanden algún tipo de prestación económica o se les cause algún daño patrimonial con el otorgamiento de la medida cautelar. Condiciones para que surta efectos la suspensión No obstante todo lo anterior, esta medida cautelar no surtirá efecto legal ni material alguno si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una sentencia ejecutoriada dentro de algún procedimiento en el cual la parte quejosa hubiere sido oída y vencida; o si fue emitido por alguna autoridad diversa a las señaladas en el escrito de demanda. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, por propio derecho, y en representación de su menor hija ********************, por las razones expuestas en el considerando último de esta determinación. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Intégrese a las presentes actuaciones el ocurso de ***, mediante el cual se apersona al presente juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y señala autorizados. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al presente sumario constitucional. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ****, Edificio ***, Colonia Centro de esta ciudad. Autorizados Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, ****y ****, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. De igual forma, se tiene como su autorizado en términos restringidos a ********************, por no contar con registro de cédula en dicho sistema. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese términos de ley.

  4. Incidental

    Téngase por recibido el oficio enviado por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde su informe previo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; lo anterior, sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia incidental. Se tiene como correo electrónico y número de teléfono de contacto En consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción IV de la normativa de la materia, se tiene como correo electrónico y número de teléfono el indicado, a efecto de establecer contacto con dicha autoridad en los casos en que se estime necesario; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese en términos de ley.

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