Taurino Perez del Angel

Expediente 302/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
302/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Taurino Perez del Angel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la determinación dictada en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la medida cautelar solicitada, respecto de todos los actos reclamados, por tanto, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de destrucción, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre en los referidos expedientes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir de esta fecha; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del citado cuaderno incidental, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de dicha autoridad, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos particularmente del escrito inicial de demanda y del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se desprende lo siguiente: Que la parte quejosa reclama el acuerdo de la detención y/o aseguramiento del vehículo KIA Forte LX MTSD, modelo 2018, tipo sedán, color azul, motor G4NHHE432581 y serie 3KPFK4A77JE205962, del cual se ostenta propietario. Asimismo, la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos al rendir su informe de ley manifestó que eran ciertos los actos que se le atribuyen, para lo cual precisó que el once de noviembre de dos mil veinte dio inicio la carpeta de investigación número CDI/FGE/D01/31573/20, por la denuncia presentada por María Concepción Álvarez Ruiz, por el robo de un vehículo de su propiedad (datos del vehículo que se tienen aquí reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias), a la cual compareció el aquí quejoso el catorce de abril de dos mil veintiuno. Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo1, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Es por ello que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las abstenciones de la autoridad ministerial; consecuentemente, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional, la cual está señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos particularmente del escrito inicial de demanda y del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se desprende lo siguiente: Que la parte quejosa reclama el acuerdo de la detención y/o aseguramiento del vehículo KIA Forte LX MTSD, modelo 2018, tipo sedán, color azul, motor G4NHHE432581 y serie 3KPFK4A77JE205962, del cual se ostenta propietario. Asimismo, la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos al rendir su informe de ley manifestó que eran ciertos los actos que se le atribuyen, para lo cual precisó que el once de noviembre de dos mil veinte dio inicio la carpeta de investigación número CDI/FGE/D01/31573/20, por la denuncia presentada por María Concepción Álvarez Ruiz, por el robo de un vehículo de su propiedad (datos del vehículo que se tienen aquí reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias), a la cual compareció el aquí quejoso el catorce de abril de dos mil veintiuno. Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo1, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Es por ello que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las abstenciones de la autoridad ministerial; consecuentemente, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional, la cual está señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 302/2021-I. Ahora bien, no obstante la certeza de los actos, no se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder el beneficio de la suspensión solicitada. Lo anterior es así, ya que el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es mantener la situación jurídica del quejoso en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar sus derechos y conservar la materia de una hipotética restitución constitucional; encontrándose supeditada su procedencia a la plena satisfacción de los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, entre los que destaca el contenido de la fracción II del citado precepto legal, conforme al cual el otorgamiento de la medida cautelar no debe contravenir disposiciones de orden público ni afectar el interés social. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva de los actos reclamados consistentes en la orden de aseguramiento del vehículo que refiere para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se desposea del vehículo que aduce es de su propiedad; toda vez que de concederse la medida cautelar solicitada para ese aspecto se contravendría lo dispuesto en el referido numeral en cuanto a que se permitiría la consumación o continuación de un delito y sus efectos, como en el caso acontece dicho automotor se encuentra vinculado a la posible comisión de un hecho con apariencia de delito. Por ende, al no reunirse el requisito establecido en el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada. Notifíquese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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