Tatiana Soto Muñoz

Expediente 1239/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1239/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Tatiana Soto Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, en virtud de lo anterior, se deja sin efectos la suspensión de plano decretada en el asunto de mérito. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1239/2022-III. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes, el informe relativo a la suspensión de plano decretada mediante proveído de veintitrés de septiembre del presente año, rendido por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en representación de las autoridades señaladas como responsables; en ese sentido, con su contenido y el de su anexo, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes, el informe relativo a la suspensión de plano decretada mediante proveído de veinticinco de septiembre del presente año, rendido por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en representación de las autoridades señaladas como responsables; en ese sentido, con su contenido y el de sus anexos, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, refiere que la denominación correcta de la autoridad señalada como responsable "Titular de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, San Luis Potosí", es "Subdirector de la Estación Migratoria de la oficina de Representación de Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí"; de igual forma, toda vez que mediante el informe relativo a la suspensión de plano decretada mediante proveído veintitrés de septiembre del presente año, refirió que la denominación correcta del citado titular lo es "Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí"; en ese sentido, ténganse como denominaciones correctas de la citada autoridad las señaladas en líneas que anteceden, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones vertidas por la citada autoridad mediante su informe relativo a la suspensión de plano, recibido ante este juzgado en veinticuatro de septiembre del presente año, respecto a que la detención, aseguramiento y privación de la libertad de la parte promovente dentro de la Estación Migratoria, conforme a las constancias anexas, cesará hasta en tanto cumplan con los lineamientos establecidos por esa autoridad migratoria, y contenidos en el artículo 102 de la Ley de Migración. En ese sentido, es menester establecer que el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien faculta a la autoridad administrativa para aplicar sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de política; no menos verídico es que dicha atribución es limitada, puesto que las citadas sanciones únicamente consistirán en la imposición de multas, arresto, o trabajo en favor de la comunidad; en la inteligencia, que en el caso del arresto, este no podrá exceder de treinta y seis horas. Establecido lo anterior, se estima que el procedimiento administrativo a que es sometido una persona extranjera a fin de lograr su estancia regular en el país, no justifica por sí, al menos en términos constitucionales, una detención por un plazo superior a treinta y seis horas; de ahí que el acto reclamado, referente a la detención, aseguramiento y/o alojamiento en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, en que se encuentran la recurrente, a pesar de haber transcurrido más de treinta y seis horas, deba considerarse como un ataque a la libertad personal pues, además de provenir de autoridades administrativas, como son las autoridades migratorias, y que rebasa el referido plazo de treinta y seis horas, no deriva de la probable comisión de hecho ilícito considerado como delito que merezca pena de prisión preventiva ni tiene participación en él la autoridad judicial. Apoya a lo expuesto, por su contenido jurídico, el criterio orientador contenido en la tesis I.16º. A.51 (10ª.), visible en la página 1568 del Libro 56, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su Décima Época, de julio de 2018, que dice: ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN. LA INMEDIATEZ EN SU EJECUCIÓN NO AUTORIZA SOSLAYAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO MIGRATORIO.(...) Ahora, los artículos 162, párrafo primero y 164, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: (...) De conformidad con tales preceptos, cuando se reclame la orden de privación de la libertad, el efecto de la suspensión será que no se ejecute y quedará el órgano jurisdiccional de amparo en aptitud de dictar las medidas que aseguren que la parte quejosa no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. Asimismo, cuando la detención no tenga relación con la comisión de un delito y sea efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, el efecto de la medida cautelar también es dejar en libertad al quejoso. Así, la irregularidad en el ingreso migratorio no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal sino, en todo caso, como una falta administrativa, por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Lo anterior se robustece con la instrumentación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, como un mecanismo auxiliar que sirva como orientador para una mejor y más adecuada toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales; documento que, en su capítulo octavo, intitulado "Reglas Específicas de Actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a excepcionalidad de la detención, en los términos literales siguientes: (...) De donde se obtiene que el Alto Tribunal establece que la privación de la libertad, aun cuando en principio persiga un objetivo legítimamente regulado, se trata de una medida de carácter excepcionalísimo que debe atender, en todo momento, al principio de proporcionalidad en relación con el fin perseguido y su aplicación debe estar constreñida al menor tiempo posible, y para ello, en tratándose de la detención impuesta como medida de seguridad dentro de un procedimiento administrativo -como en el asunto que se examina- el parámetro temporal al que como máximo puede quedar sujeta una persona lo es el previsto por el artículo 21 constitucional, a saber, el de treinta y seis horas. En ese orden, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, esto es, con un fundamento claro y establecido en la ley, sin que pueda tornarse indefinida, conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo riesgo de transgredir derechos humanos tales como el de la seguridad jurídica y la protección a la libertad personal, entre otros. Lo anterior, se reitera, porque no existe disposición alguna que establezca que las personas migrantes que no logren comprobar su situación migratoria regular cometen por ese sólo hecho algún delito, sino en todo caso, una falta administrativa que, en cuanto al aseguramiento o alojamiento de la quejosa en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, no puede exceder de las treinta y seis horas a que hace alusión la Carta Magna. Por tanto, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, den cabal cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, esto es, que la promovente de amparo sea puesta en libertad de forma inmediata, en virtud de que se desprende que han transcurrido más de treinta y seis horas, sin que se encuentre debidamente justificada su detención en la Estación Migratoria, ello aún sin que se hubiera emitido la resolución definitiva a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Migración. En la inteligencia de que la parte promovente deberá cumplir con aquellos requisitos que imponga la autoridad migratoria, acorde a la referida Ley de Migración, para lograr el procedimiento respectivo, en virtud de que, prima facie, los mismo son considerados constitucionalmente válidos. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso contrario, se le impondrá, a cada una de las autoridades omisas, una multa equivalente a CIEN DÍAS del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; ello, dado que se estaría incumpliendo con una determinación emitida por la suscrita juzgadora, para lograr el cumplimiento de una suspensión de plano. Asimismo, hágase saber a la autoridad que el cumplimiento de la suspensión decretada, es de orden público y, por ende, este juzgado de distrito está obligado velar por su acatamiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, además de que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se puede dar lugar a que se proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Además de que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. Resulta orientador, en lo conducente, el criterio que sustenta el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: (...) Notifíquese.

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