Tania Lizeth Sanchez Salazar
Expediente 168/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Tania Lizeth Sanchez Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el proveído de veintiocho de febrero del año en curso, dictado en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados de cuenta rendidos por el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y la Actuaria de su adscripción, con un anexo que se acompaña. Contenido del informe justificado - Causal de improcedencia. Ahora bien, vistos los informes justificados y anexo de cuenta, remitidos por las autoridades responsables, a los que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Estado de los autos. Lo anterior, encuentra justificación en virtud de que, del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y Actuario de su adscripción, la omisión de emplazar a la demandada Juana Guadalupe Guerrero, así como a quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en Avenida Estrella 252, colonia del Llano, de esta ciudad; ello, dentro de los autos del expediente laboral 1803/2022, de su índice. Certeza de los actos reclamados Asimismo, de las constancias a que se hizo alusión, remitidas por el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el quince de febrero de dos mil veintitrés, la actuaria judicial adscrita al citado Tribunal Laboral, emplazó a juicio a Juana Guadalupe Guerrero, así como a Mariscos Estrella, con domicilio en Avenida Estrella 252, colonia del Llano, de esta ciudad, dentro del mencionado juicio laboral; destacándose que la quejosa presentó su demanda de amparo el siete de febrero de dos mil veintitrés. Estudio del asunto. De lo anterior, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la responsable emplazó a juicio a la parte demanda dentro del expediente laboral 1803/2022, de su índice; cuya omisión se reclamó en el escrito inicial de demanda y, con ello, la violación de que se duele la parte quejosa, ha desaparecido. Se cita como apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. " Sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACION QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados de cuenta rendidos por el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y la Actuaria de su adscripción, con un anexo que se acompaña. Contenido del informe justificado - Causal de improcedencia. Ahora bien, vistos los informes justificados y anexo de cuenta, remitidos por las autoridades responsables, a los que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Estado de los autos. Lo anterior, encuentra justificación en virtud de que, del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y Actuario de su adscripción, la omisión de emplazar a la demandada Juana Guadalupe Guerrero, así como a quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en Avenida Estrella 252, colonia del Llano, de esta ciudad; ello, dentro de los autos del expediente laboral 1803/2022, de su índice. Certeza de los actos reclamados Asimismo, de las constancias a que se hizo alusión, remitidas por el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el quince de febrero de dos mil veintitrés, la actuaria judicial adscrita al citado Tribunal Laboral, emplazó a juicio a Juana Guadalupe Guerrero, así como a Mariscos Estrella, con domicilio en Avenida Estrella 252, colonia del Llano, de esta ciudad, dentro del mencionado juicio laboral; destacándose que la quejosa presentó su demanda de amparo el siete de febrero de dos mil veintitrés. Estudio del asunto. De lo anterior, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la responsable emplazó a juicio a la parte demanda dentro del expediente laboral 1803/2022, de su índice; cuya omisión se reclamó en el escrito inicial de demanda y, con ello, la violación de que se duele la parte quejosa, ha desaparecido. Se cita como apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. " Sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.
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