Stefanni Ortiz Miranda

Expediente 264/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
264/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Stefanni Ortiz Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se haya realizado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2, se declara firme el referido auto. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Destino del expediente Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo este expediente es destruible en un plazo de tres años, al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en relación con el punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial judicial "C", ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del citado acuerdo. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obre la constancia de notificación derivada del presente proveído. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***; contra actos del juez Segundo Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo. Registro. Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número ***. Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable deimprocedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Precisión del acto reclamado. Ahora, de una lectura íntegra de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte esencialmente que la parte quejosa reclama el auto de radicación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y la falta de llamamiento al juicio ***, del índice del juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo. Este juzgador estima que respecto al auto de radicación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último aplicado a contrario sensu, dado que aquél no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". De conformidad con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos implican afectaciones que tienen una ejecución de imposible reparación, y en el caso particular, si la parte quejosa reclama el auto de radicación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se admitió a trámite la demanda de ****, dictado en el expediente **, del índice de la responsable, resulta patente que dicho acto no constituye un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que se trata de actos que en todo caso podrían constituir una afectación a derechos procesales de la parte quejosa, esto es, los actos reclamados podrían constituir una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material, actual y directa algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, se considera que se trata de una eventual violación procesal que podrá ser combatido en la vía directa como violación procesal. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Ello se estima en ese sentido, ya que la emisión del citado autos no se traduce en una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tiene una ejecución grave o de efectos exorbitantes que ameriten un examen de constitucionalidad de manera inmediata. En efecto, dicho actuar por parte de la autoridad responsable sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados mediante sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen, o bien, en caso de obtener un fallo desfavorable, como en el caso acontece, procedería el amparo directo y en su caso, otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente la resolución reclamada y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a la persona mencionada y proceder a emitir la resolución que en derecho corresponda. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 607, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esté último aplicado a contrario sensu, pues como se ha expuesto, el amparo contra actos emitidos dentro de juicio, únicamente se pedirá ante el juez de distrito, contra aquéllos que afecten materialmente y de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que en el caso no ocurre. En otras palabras, las violaciones procesales son impugnables en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva; y, solo pueden ser combatidas en amparo indirecto, de manera excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sin embargo, en el caso particular, no se actualiza la excepción en comento. De ahí que no se pueda considerar que el acto reclamado vulnere de manera actual, real e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos. En consecuencia, se impone desechar de plano, respecto del auto de radicación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último aplicado a contrario sensu, en relación con el 63, fracción V de la Ley de Amparo. En ese tenor, respecto al diverso acto reclamado, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados en sentido contrario, toda vez que de las constancias que la parte quejosa adjunto a su escrito inicial de demanda se obtiene que no le reviste el carácter de tercera extraña al juicio 830/2021-IV, del índice del juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, por los motivos que a continuación se exponen. Al respecto, conviene transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, éste último interpretado a contrario sensu, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Además, se colige que el juicio de amparo es procedente contra actos dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, con número de registro digital 196932, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así, la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o al procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución; sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte debe decirse que en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: a) que sea parte formal en el procedimiento y; b) que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, con motivo de esa circunstancia se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. De ahí que, para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño, no basta que el emplazamiento se realice de forma defectuosa o no se realice, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la persona que se ostente como tercero extraño podrá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer sus derechos. Ahora, en la especie, la parte quejosa se ostenta con el carácter de tercera extraña al juicio ***, del índice del juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo; al aducir que no fue llamada al mismo y que por tal motivo no fue oída ni vencida en dicho procedimiento, es decir, que no se le dio la oportunidad de comparecer a ejercer y a deducir sus derechos. Consecuentemente, resulta necesario precisar que del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ***, del índice del juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, se advierte que ****, demandó la cesación de pensión alimenticia en contra de ****de apellidos ***, no así de ****, lo cual evidencia que no le genera alguna afectación a su esfera jurídica a la aquí quejosa. No obstante lo anterior, el presente juicio de amparo es improcedente, dado que la quejosa no puede tener la calidad de tercera extraña al juicio que refiere, pues de las constancias que adjunto a su escrito inicial de demanda se aprecia que tiene conocimiento del procedimiento natural y que aún no concluye, puesto que no se ha dictado sentencia definitiva, si no que se encuentra en trámite tal y como se advierte de la continuación de la audiencia de pruebas y alegados de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, llevada a cabo en el juicio ***, del índice del juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo. Lo anterior, pone de manifiesto que al momento en el que se presentó la demanda de amparo, no se ha concluido el juicio de origen promovido ante la autoridad responsable, en virtud que el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la continuación de la audiencia de pruebas y alegados en el juicio ****, del índice del juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, por lo tanto es claro que dicho juicio aún se encuentra en trámite, de ahí que, si la inconforme pretende que se le llame al juicio de origen, se encuentra en posibilidad de acudir ante el Juzgado responsable a deducir sus derechos y combatir la ilegalidad de las actuaciones del juicio natural. Es así, ya que cuando en un juicio no se ha dictado la sentencia, se considera que aún está en trámite, lo que da pauta a quien se considere con algún derecho, para que si estima que no se le mandó llamar a ese procedimiento, se apersone al mencionado juicio y plantee la nulidad de las actuaciones que estime no apegadas a derecho y se le brinde la oportunidad de intervenir para hacer valer sus derechos. Es de invocar, por identidad de razón la tesis aislada VI.2o.C.597 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 2270, Novena Época, con Registro digital: 170323, que dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión." De lo anterior, no es dable considerar a la parte quejosa como persona extraña a juicio, pues no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le ocasione un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento de origen; sin que se transgreda en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, atento al estado procesal del juicio de origen, del cual, ahora tiene conocimiento, se trata de una persona que tiene la oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa; y, por tanto, se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, es posible colegir que la inconforme tiene conocimiento exacto del juicio de origen, y que puede acudir de manera directa al mismo. En consecuencia, no le reviste el carácter de tercera extraña con el que comparece la quejosa, dado que, como ya se indicó tiene conocimiento del mismo y aún no se ha pronunciado la determinación definitiva, por lo que está en posibilidad de comparecer al procedimiento de origen para oponer las defensas que en su caso sean procedentes y deducir los derechos que estima le asisten. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729, Décima Época, con Registro digital: 2004274, que expone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página mil seiscientos veintisiete, Décima Época, con registro digital 2000293, que establece: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Por lo que en el caso en concreto se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, este último, interpretado en sentido contrario, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, se desecha la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado en estudio. Domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por tener registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a la persona restante, por no contar con registro de cédula en dicho sistema. Uso de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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