Tania Alejandra Lopez Lopez
Expediente 376/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Tania Alejandra Lopez Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación que ha transcurrido el término de tres días concedido por auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (f. 109), a la quejosa ***, por su propio derecho, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo y en la Tesis de Jurisprudencia de datos de localización y rubro siguiente: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a/J 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante escrito recibido el tres de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de la Federación, ***, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato y otra autoridad; por violaciones a las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos que describió de la forma siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Sentencia interlocutoria de fecha 10 diez de abril del 2018 dos mil dieciocho, en el Juicio Oral familiar con número de expediente 2227/2014, mediante el cual el Juez de oralidad familiar resuelve el recurso de revocación interpuesto por el licenciado *** mandatario judicial de esta parte, en el cual el Juez de oralidad familiar decreta, que resulta infundado e inoperante el agravio hecho valer por el recurrente, en consecuencia se confirma el auto recurrido de fecha 12 de marzo del año 2018 y notificado por lista el 13 trece del mismo mes y año. Violentando en sobre manera los derechos de los menores, tal y como se DESPRENDERA EN LOS ANTECEDENTES Y EN LO SEÑALADO COMO AGRAVIOS. Por auto de once de mayo de dos mil dieciocho (f. 37-38), previo cumplimiento al requerimiento formulado en auto de siete de mayo del apuntado año (f. 29-30), se admitió a trámite la demanda promovida; y substanciado que fue el procedimiento en todas sus partes, el diecinueve de junio de dicho año (f. 74-89), se dictó la sentencia respectiva en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en los siguientes términos: se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *** para que la autoridad responsable Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, deje insubsistente la resolución reclamada de diez de abril de dos mil dieciocho, que emitió dentro del juicio oral ordinario F-2227/2014, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el mandatario judicial de la aquí quejosa en el referido expediente en contra del auto de doce de marzo del apuntado año, y emita otra, en la que ponderando los agravios vertidos en contra del auto recurrido, prescindiendo del argumento sobre el que sustentó el sentido de la resolución reclamada, y atendiendo lo que sobre ese tema se apuntó en la resolución de Alzada emitida en el toca 32/2016-F, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo civil 269/2016, con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda, sobre la petición del mandatario judicial de la parte aquí quejosa respecto del perito que fue propuesto en escrito recibido por el personal del Juzgado a su cargo el nueve de marzo de dos mil dieciocho; con lo cual quedaría cumplido el amparo y restituida la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el tema, se destaca que la concesión otorgada en los términos apuntados obedece a que en la resolución reclamada se determinó confirmar el auto recurrido sobre argumentos que no son congruentes con lo determinado en la resolución de Alzada y con las actuaciones que en ejecución a esa resolución de segundo grado se han ordenado y practicado en el expediente de origen; por lo que la responsable, al momento de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos anotados en relación con la propuesta de perito formulada, para el caso de que resuelva en sentido negativo, deberá fundamentar y motivar su decisión en distintos fundamentos y motivos a aquellos en los que sustentó la resolución reclamada. Posteriormente, mediante acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho (f. 96), se declaró que la sentencia emitida causó ejecutoria; por tanto, se procedió a requerir su cumplimiento. Al respecto, mediante oficios JOFAC/5555/2018 y JOFAC/5672/2018 de diez y trece de julio de dos mil dieciocho, registrados con los folios 5545 y 5664 (f. 100 y 102), el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, en el primero, dejó insubsistente la resolución de diez de abril de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de doce de marzo del apuntado año, emitido dentro del juicio oral ordinario F-2227/2014; y al segundo, adjuntó copia certificada de la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, en la que revocó el auto recurrido y tuvo al mandatario judicial de la aquí quejosa nombrando perito de su parte como fue solicitado con antelación; la que implica que ponderó los agravios vertidos contra el auto recurrido, prescindió del argumento en que sustentó la resolución reclamada, y atendió lo que sobre el tema se apuntó en la resolución de Alzada emitida en el toca 32/2016-F (f. 104-108). Mediante auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (f. 109), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado conforme a las constancias que obran en autos se pronunciaría sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional. En suma, si la protección constitucional fue otorgada para el efecto de que el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato, dejara insubsistente la resolución de diez de abril de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de doce de mayo del apuntado año, emitido dentro del juicio oral ordinario F-2227/2014, y emitiera otra, en la que prescindiendo del argumento sobre el que se sustentó la resolución reclamada, resolviera sobre la petición del mandatario judicial de la aquí quejosa respecto del perito propuesto en el juicio de origen; y al respecto existe constancia en autos que el Juez responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y emitió la diversa de trece de julio de dos mil dieciocho, en la que revocó el auto de doce de marzo del apuntado año y tuvo al mandatario judicial de la parte demandada nombrado perito de su parte; lo que significa que ponderó los agravios vertidos contra el auto recurrido, prescindió del argumento en que sustentó la resolución reclamada y atendió lo determinado en la resolución de Alzada emitida en el toca 32/2016-F; además de que la quejosa en su escrito registrado con el folio 5816, manifestó su conformidad con el cumplimiento realizado por el Juez responsable; se arriba a la conclusión de que la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por los razonamientos expuestos, ESTÁ CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a/J 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Comuníquese lo anterior a las partes, y por tratarse de un asunto totalmente concluido, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 202 primer párrafo, en relación con el diverso numeral 201 fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en términos artículo 196 tercer y cuarto párrafos, del citado ordenamiento legal; previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue negada la suspensión de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal el duplicado del incidente de suspensión guárdese por separado y deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio número JOFAC/5555/2018, suscrito por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio 12008 del índice de este Juzgado de la Federación, por el que se le transcribió el auto de nueve de julio de dos mil dieciocho (f. 98), y se le adjuntó copia certificada del juicio oral ordinario F-2227/2014 en tres tomos y un disco en formato DVD; asimismo, realiza manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Una vez que se reciba la determinación del indicado Juez en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se hará del conocimiento de la parte promovente del amparo personalmente, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que haya sido recurrida la resolución pronunciada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho (f. 74-89), que por una parte sobreseyó y por otra concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria. Ahora bien, la sentencia de referencia concedió la protección constitucional solicitada en los términos siguientes: se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *** para que la autoridad responsable Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, deje insubsistente la resolución reclamada de diez de abril de dos mil dieciocho, que emitió dentro del juicio oral ordinario F-2227/2014, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el mandatario judicial de la aquí quejosa en el referido expediente en contra del auto de doce de marzo del apuntado año, y emita otra, en la que ponderando los agravios vertidos en contra del auto recurrido, prescindiendo del argumento sobre el que sustentó el sentido de la resolución reclamada, y atendiendo lo que sobre ese tema se apuntó en la resolución de Alzada emitida en el toca 32/2016-F, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo civil 269/2016, con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda, sobre la petición del mandatario judicial de la parte aquí quejosa respecto del perito que fue propuesto en escrito recibido por el personal del Juzgado a su cargo el nueve de marzo de dos mil dieciocho; con lo cual quedaría cumplido el amparo y restituida la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el tema, se destaca que la concesión otorgada en los términos apuntados obedece a que en la resolución reclamada se determinó confirmar el auto recurrido sobre argumentos que no son congruentes con lo determinado en la resolución de Alzada y con las actuaciones que en ejecución a esa resolución de segundo grado se han ordenado y practicado en el expediente de origen; por lo que la responsable, al momento de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos anotados en relación con la propuesta de perito formulada, para el caso de que resuelva en sentido negativo, deberá fundamentar y motivar su decisión en distintos fundamentos y motivos a aquellos en los que sustentó la resolución reclamada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que reciba el oficio de notificación correspondiente de cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo en los términos indicados y remita constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos indicados dentro del plazo concedido; o no exponer el motivo legal que le impida hacerlo, se impondrá una multa desde luego y de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que continúe el trámite de la inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y su consignación de la autoridad contumaz. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico del Juez responsable; toda vez que al actuar la responsable con plenitud de jurisdicción y autonomía, no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro: JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Por otro lado, devuélvanse al Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato, la copia certificada del juicio oral ordinario F-2227/2014 (tres tomos) y un disco en formado DVD, que en su oportunidad adjuntó a su informe justificado.
- Principal
En esta fecha se celebró la audiencia constitucional en la cual se resolvió: PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de amparo número 376/2018-V-2, promovido por ***, por su propio derecho, respecto de los actos que atribuyó a la Procuradora Auxiliar en Materia de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con sede en Celaya, Guanajuato, en su carácter de ejecutora; por los motivos apuntados en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a ***, por su propio derecho, contra la resolución de diez de abril de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de doce de marzo del apuntado año, dentro del juicio oral ordinario ***, que reclamó al Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato; por los razonamientos y en los términos apuntados en el considerando cuarto de esta resolución.
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