SUSANA SANCHEZ MEDINA y Otros.
Expediente 1102/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- SUSANA SANCHEZ MEDINA y Otros.
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa por este conducto se procede a notificar el proveído de treinta de noviembre actual, que en lo conducente dice: Visto el escrito de demanda promovida por ***, en su carácter de Asesor Jurídico de la quejosa ***, contra actos que reclama del Magistrado de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, y Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, por violación a las garantías consagrada en los artículos 1, 14, 16 y 20 de nuestra Carta Magna. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1102/2017, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace la aclaración que el acto reclamado en el presente asunto, consiste en esencia en la resolución de seis de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, dentro del Toca de Apelación 39/2017-O, en la que confirmó la audiencia intermedia de veinticinco de septiembre del presente año, en la que el Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede en Acámbaro, Guanajuato, excluyó la prueba pericial ofertada por la ahora quejosa, dentro de la Causa Penal **. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo que nos ocupa, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia, al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el acto reclamado como ya se dijo es la resolución de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la audiencia intermedia de veinticinco de septiembre del presente año, mediante la cual se excluyó la prueba pericial ofertada por la ahora quejosa. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, este último aplicado en sentido contrario, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. En efecto los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, es cierto que la parte promovente señala como acto reclamado la resolución de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la audiencia intermedia de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, en la cual el Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región, en Acámbaro Guanajuato, excluyó la prueba pericial ofrecida por la víctima, ahora quejosa en el presente juicio; por lo que se llega a la conclusión, que no se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, aplicado en sentido contrario, para la procedencia del juicio de amparo por la vía biinstancial, pues únicamente producen efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal. Luego entonces, dicha determinación de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, no causa a la quejosa de referencia un agravio de imposible reparación, toda vez que es factible que al momento de dictarse la sentencia en el proceso de donde emana el acto reclamado, ésta sea favorable a los intereses de la impetrante de amparo, y con ello se repararía la violación alegada. De tal suerte, que dicha circunstancia por sí sola, no basta para estimar que la ejecución de ese acto sea de naturaleza irreparable, pues para ello es menester la existencia de una violación directa a los derechos sustantivos de la parte promovente, contenidos en las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Federal, y además, que la citada violación ya no pudiese ser reparada en la resolución definitiva que se llegase a dictar en el juicio natural; lo cual no sucede en la especie, pues la violación alegada aún puede ser reparada precisamente, en la sentencia que se llegue a dictar en el proceso penal antes señalado, si esta favorece a los intereses de la citada quejosa, lo cual haría que los efectos de la violación combatida quedaran extinguidos y sin dejar huella en su esfera jurídica; pero aún más, en el caso de que dicha sentencia no fuese emitida a favor de los intereses de la promovente, podría ser reparada mediante el juicio de amparo directo que se enderece en contra de la resolución definitiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 173, fracción X, y 174 de la Ley de Amparo, que dicen lo siguiente: Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas a quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley. Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. En esas condiciones, lo anterior provoca que sobre la demanda de estudio, se actualice la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso dispositivo 107, fracción V, del mismo cuerpo de leyes, este último aplicado a contrario sensu, por no reclamarse un acto de imposible reparación, ya que como se dejó explicado, constituye únicamente una violación intraprocesal, reclamable en su caso a través del amparo directo, cuando se reclame la sentencia definitiva. En consecuencia, lo procedente es desechar por su notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías a estudio, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Junio de 1996, Tesis IV.2°J/13, en la página 538, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. De igual manera, es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 432, Tomo XIII, Marzo de 1994, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con el texto y título dice: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se acredita un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por ***, en su carácter de Asesor Jurídico de la quejosa ***. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones en el despacho jurídico ubicado *** en esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizados de su parte a los licenciados ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos restringidos del citado artículo, a ***, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en la base de datos antes señalada; lo anterior de conformidad con el decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, así como 113, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de Asesor Jurídico de la quejosa ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.
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