Susana Veronica Almanza Razo

Expediente 1013/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1013/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2017

Partes del expediente

  • Susana Veronica Almanza Razo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el treinta de octubre de dos mil diecisiete (f. 12-15), que desechó la demanda promovida por *** por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve *** por su propio derecho, contra actos del H. Congreso de la Unión, conformado por las Cámaras de Diputados y de Senadores, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; por violación a los derechos establecidos en los artículos 1°, 3°, 5, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerda lo siguiente: Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1013/2017-V-1, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, y procédase a la digitalización de constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Ahora, de la demanda que se recibe, se desprende que se señalan como autoridades responsables a las que la promovente describió como H. Congreso de la Unión a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano, Secretario de Gobernación, Secretario de Educación Pública e Instituto para Evaluación de la Educación, todos con residencia en la ciudad de México; así como al H. Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Educación y Delegado de Educación Este, todos del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de homónimo nombre, salvo el citado en último término quien tiene su sede en la ciudad de Celaya; autoridades a las que se les reclama, en lo conducente, la expedición, promulgación, publicación y aplicación y/o ejecución de la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece, concretamente los artículos 1, 2, 3, 4 fracciones IX, XVI, XVII, XIX y XXIX, 7 fracciones III, IV inciso b), VII, VIII, XII, XIII y XVII, 8 fracciones I, XV, XVI y XVII, 9 fracciones II, III, IV, V, VI, X, XVII, XVIII, XIX y XX, 10 fracciones II, III, IV, IX, X, XI, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 55 fracciones I y 11, 56, 57, 68, 69 fracción I, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 82. Transitorios primero, segundo, tercero, octavo, noveno y decimosexto; así como las consecuencias jurídicas de su aplicación, y la abstención de crear planes para la calidad de la Educación contemplada en el artículo 3 Constitucional. Así, el artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la demanda de amparo se desprende, en lo que aquí interesa, que la aquí quejosa acude a solicitar la Protección Constitucional con motivo del primer acto concreto de aplicación; afirmación que hace depender de que es profesora de educación primaria de base en la escuela *** de Apaseo el Alto, Guanajuato; y que en el seis de octubre del presente año, fue notificada de manera verbal que el tres de noviembre siguiente se le va a realizar la evaluación de educación; y en caso de no aprobar se prescindirá de sus servicios. En el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XII, segundo supuesto, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa reclamó la constitucionalidad de diversos preceptos legales contenidos en Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece; artículos que por su naturaleza, requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica del gobernado; es decir, son de carácter heteroaplicativos, y en la especie, no se acredita ese primer acto concreto de aplicación de las normas cuestionadas ni ningún otro. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (El énfasis es añadido). De la transcripción realizada, se obtiene, en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, y éste no haya ocurrido o no se haya acreditado su existencia. Asimismo, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio se tratará de normas de carácter autoaplicativas; y si requieren un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión, se está en presencia de normas de carácter heteroaplicativas. En el primer caso, basta con el que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere que un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, conforme al primer párrafo del artículo 17 citado. Lo expresado pone de relieve, que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, de la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse las hipótesis normativas que prevén. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Novena Época Registro: 198200 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Julio de 1997 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 55/97 Página: 5 LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En la especie, se tiene que la quejosa acude a solicitar el amparo con motivo del primer acto concreto de aplicación; es decir, por tratarse los artículos cuestionados de normas de carácter heteroaplicativo. Sin embargo, en el caso se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, toda vez que el amparo contra leyes con motivo del primer acto concreto de aplicación; es decir, de carácter heteroaplicativo; sólo procede cuando se ha llevado a cabo ese primer acto de aplicación, lo que no acontece en la especie, puesto que como ya se ha visto, la quejosa señala que ese primer acto concreto de aplicación consiste en el examen que se le va a realizar el tres de noviembre de dos mil diecisiete. En suma, la quejosa reclama diversos preceptos contenidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece, con motivo del primer acto concreto de aplicación; sin embargo, ese primer acto concreto de aplicación lo hace depender la solicitante del amparo del examen que dice, se le va a practicar el tres de noviembre de dos mil diecisiete; esto es, aún no se le ha aplicado ninguno de los preceptos legales cuya constitucionalidad cuestiona; lo que significa que no existe ese primer acto concreto de aplicación, lo que a su vez se traduce en que el juicio de amparo promovido es improcedente, porque para su procedencia, cuando se reclama en su carácter de heteroaplicativo, se requiere ineludiblemente de un acto concreto de aplicación, lo que no ha ocurrido en la especie. Por lo hasta ahora expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XII, segundo supuesto, de la Ley de Amparo, toda vez que respecto del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de diversos artículos contenidos en Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece, por su sola vigencia, no irrumpen en la esfera jurídica de la quejosa sino que se requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, y en el caso, no existe ese acto concreto de aplicación; se desecha la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 206912 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: 3a./J. 40/91 Página: 26 LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TERMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21, 22, fracción I, y 73, fracción XII, segundo párrafo, de la ley de la materia, el amparo contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días contados desde que entra en vigor, la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tiene lugar el primer acto de aplicación de la propia ley, en perjuicio de la parte quejosa; mas cuando la demanda de amparo se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta días siguientes a su vigencia, y por otro lado no comprueba la quejosa haberse colocado ella misma en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamiento reclamado, debe concluirse que el amparo es improcedente, porque se dejó pasar la primera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta la segunda, por falta de actos de aplicación. En otro orden, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, como lo solicita la promovente, ténganse por autorizados en amplios términos a los licenciados *** ambos de apellidos ***, así como a ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado. Ahora, tomando en consideración que la solicitante del amparo señaló como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el que describió como los estrados de este H. Tribunal, siendo que estos no constituyen un domicilio propiamente dicho; hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense a la solicitante del amparo por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, así como las autoridades que actúen en auxilio de este órgano jurisdiccional, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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