Susana Verónica Almanza Razo
Expediente 739/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 739/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Susana Verónica Almanza Razo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda promovida por ********************, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por *******; en contra de actos del Secretario de Educación del estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 739/2018. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entiéndase por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprenden que el acto reclamado consiste en: El cese de las funciones que desempeñaba como profesora de educación primaria en la escuela Nicolás Bravo en Apaseo el Alto, Guanajuato, por órdenes de la Secretaría de Educación, de la Jefatura de Zona y del Supervisor de Zona 163, lo cual le fue comunicado de manera verbal a la parte quejosa. Así, una vez analizadas las constancias aludidas en el párrafo precedente, se advierte que debe desecharse la presente demanda de amparo, al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, numerales que establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado de Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El primero de tales preceptos dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros casos, por actos de autoridad que violen los derechos fundamentales. En este sentido, la fracción I, del artículo 103, constitucional, también establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que transgredan derechos humanos; sin embargo, de este precepto ni del diverso 107 de la ley fundamental, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, se define el término "autoridad", como se establece en la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo. Debe precisarse que "autoridad" para efectos del amparo, es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Cabe precisar en este punto, que en la Ley de Amparo, se precisó que en algunos casos, los particulares podrían actuar de forma equivalente a las autoridades, y que en tales supuestos también podrían ser señalados como responsables. En ese sentido, el artículo 5 fracción ll, de la ley de la materia, en su segundo párrafo, establece lo siguiente: "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo que se concluye que únicamente podrán tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad (unilaterales e imperativos), siempre que su función esté determinada por una norma general; es decir, que tenga su origen en una ley, en virtud de la cual el particular posea facultades para tomar decisiones que afecten al interesado. En el caso, la promovente reclama el cese de las funciones de profesora sin haber sido notificada, ni que haya mediado un procedimiento en su contra, que concluya con el cese de la parte quejosa de sus actividades como profesora de educación primaria en la escuela ***, Guanajuato; sin embargo, los actos de las autoridades señaladas como responsables, no revisten las características de un acto de autoridad, por cuanto a que tales son realizados dentro de un marco laboral creado por las partes. En efecto, dicho acto no es reclamable en el juicio de amparo, ya que las cuestiones inherentes a los derechos laborales de los trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato, son de naturaleza contractual y, en consecuencia, las controversias suscitadas, deben decidirse en la vía correspondiente. Al respecto, cabe precisar que la fracción I del artículo 123 de la Ley del Trabajo de los Servidores Público al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, establece: "ARTÍCULO 123. El tribunal de conciliación y arbitraje será competente: Para conocer y resolver los conflictos individuales y colectivos que se susciten entre trabajadores y las dependencias." Por lo que se estima que a dicho tribunal laboral le corresponde conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los trabajadores y las dependencias estatales; además, resulta necesario destacarse que la Secretaría de Educación de Guanajuato ejerce función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo. Sobre la base expuesta, se estima que las controversias derivadas, deben ser impugnadas por la vía ordinaria laboral, y una vez que las autoridades competentes resuelvan lo conducente, serán sus decisiones, en su caso, las que puedan ser combatidas a través del juicio de amparo, pero, de momento, el acto reclamado por la quejosa no es un acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II de la ley de la materia, toda vez que la parte quejosa fue cesada de sus funciones como docente de la escuela primaria ***, Guanajuato. Por tanto, al actualizarse sobre la acción de amparo de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo. Apoya lo expuesto la tesis aislada de la Novena Época, con registro 199428, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y siete, materia laboral, tesis 2a.II/97, página 319, de título y texto: "COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato es la autoridad competente para conocer de las controversias laborales en las que la mencionada secretaría del Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el artículo 123, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, a dicho tribunal laboral le corresponde conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los trabajadores y las dependencias estatales; además, dicha secretaría ejerce función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos respectivamente, sin que la circunstancia de que pueda figurar como codemandado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación haga surtir la competencia de un tribunal de la Federación para conocer del juicio, porque dicho sindicato funge, por reconocimiento del Gobierno Estatal, como titular de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de base incorporados al sistema educativo que, como se dijo, son de índole local y no federal." Robustece a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Octava Época, con registro 205876, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio-diciembre de mil novecientos noventa, materia administrativa, tesis P./J 10/90, página 92, de título y texto: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." Domicilio y autorizados. Ahora bien, dado que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal por medio de lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que indica en su escrito tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la ley de la materia (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. d) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Susana Elena Adriana Rodríguez Del Moral992/2021
- Susana Ibarra Jiménez832/2023
- Susana Ivonne Rodríguez Torres832/2018
- Susana Mendoza Martinez707/2017
- Susana Ortiz Rodriguez122/2019
- Susana Vanessa Rodríguez Tapia788/2022
- Tania Ruth Gurriz Hernández180/2020
- Tarsicio Medina Juárez706/2018
- Tarsila Ruiz López920/2017
- Taurino Rodríguez Montoya519/2015
- Telefonos de México, S.A.B. de C.V.203/2016
- Teodora García Martínez1072/2014