Susana Mendoza Martinez
Expediente 707/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Susana Mendoza Martinez
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta, que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por medio del cual informa que ese tribunal confirmó el auto de diez de julio del año en curso, dictado por este juzgado, a través del cual se declaró incompetente para conocer la demanda interpuesta por Susana Mendoza Martínez, la cual admite bajo expediente 685/2017. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, por medio del cual acusa recibo del oficio 11261/2017, al que se adjuntó el expediente que contiene el escrito original de la demanda de amparo promovido por ***********y cinco copias simples de la misma, derivado de la incompetencia planteada por este juzgado en acuerdo de diez de julio del año en curso. Y toda vez que el citado Tribunal se reservó el pronunciamiento a que alude el artículo 47 de la Ley de Amparo, hasta que la responsable cumpla lo previsto por el numeral 178, fracciones I y III del mismo ordenamiento legal, estese en espera de que ello acontezca.
- Principal
Visto el escrito inicial de demanda de amparo presentado por Susana Mendoza Martínez, contra actos del Juez Menor Mixto de Apaseo el Alto, Guanajuato, por violaciones a los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I y 37 de la Ley de Amparo; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado número 707/2017. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda promovida por Susana Mendoza Martínez, se advierte que la quejosa reclama: La resolución de trece de junio de dos mil diecisiete emitida en el recurso de revocación planteado por la quejosa, que confirma el auto de uno de junio de la misma anualidad, que desechó su demanda ejecutiva mercantil por incumplimiento a la prevención realizada en acuerdo de veinticuatro de mayo del mismo año, dentro del juicio ejecutivo mercantil M-94/2017, del índice del Juez Menor Mixto de Apaseo el Alto. El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, de seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero del año en curso, en específico el artículo 1061, fracción IV, y su aplicación en la resolución de trece de junio pasado. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Por tanto, si el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revocación dentro del juicio ejecutivo mercantil M-94/2017, del índice del Juzgado Menor Mixto de Apaseo el Alto, Guanajuato, mediante la cual confirma el auto de uno de junio del citado año, que desechó la demanda ejecutiva mercantil interpuesta por Susana Mendoza Martínez -aquí quejosa-, por haber incumplido con la prevención de veinticuatro de mayo del mismo año, así como el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles de seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero del año en curso, en específico el artículo 1061, fracción IV, con motivo de su primer acto de aplicación realizada en el citada resolución de trece de junio de dos mil diecisiete; resulta evidente que con la emisión del acto reclamado por la autoridad responsable, no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 87/98, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Registro 194715, página 56, que dice: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." En efecto, del análisis que se efectúa a los antecedentes del acto reclamado esgrimidos bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su demanda de amparo, se desprende, que: 1) Susana Mendoza Martínez promovió juicio ejecutivo mercantil ejercitando la acción cambiaria directa, la cual se radicó bajo el número M-94/2017, del índice del Juzgado Menor Mixto de Apaseo el Alto, Guanajuato. 2) Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Juez responsable previno a la parte actora para dentro del términos de tres días exhibiera copia simple del registro federal de contribuyente (RFC), clave única de identificación y de su identificación, en términos del artículo 1061, fracción V, del Código de Comercio. 3) Dentro del término legal la parte actora presentó escrito manifestando su inconformidad contra el requerimiento formulado, empero por acuerdo de uno de junio de dos mil diecisiete, solo se le tuvo haciendo manifestaciones y en acuerdo de uno de junio del año en curso, el Juez responsable desechó el escrito inicial de demanda, por haber incumplido con la prevención de veinticuatro de mayo del año en curso. 4) Inconforme con dicha determinación la ahora quejosa interpuso recurso de revocación, el cual mediante resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, confirmó el auto que desechó la demanda (acto reclamado). Ahora bien, de lo antes expuesto se evidencia que el veinticuatro de mayo de la presente anualidad, se presentó la demanda mercantil ante el Juez responsable, quien en ejercicio de sus facultades, la registró con el número M-94/2017 y la desechó el uno de junio pasado por incumplimiento a la prevención realizada en el primer auto, contra dicha determinación interpuso recurso de revocación y por resolución de trece de junio del año en curso, confirmó el referido acuerdo, dando así por concluido el controvertido de origen sin decidirlo en lo principal. Por tanto, si en la presente instancia se reclama toralmente la resolución que confirmó el proveído que desechó la demanda instaurada por incumplimiento a la prevención realizada, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado, es un auto que puso fin al juicio, sin decidirlo en lo principal, el cual constituye una resolución con carácter definitivo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o trabajo, es procedente el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del ordinal 107 constitucional. En tal virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de la parte quejosa, respecto del acto reclamado. Bajo ese contexto, resulta evidente que este Juzgado carece legalmente de competencia para conocer de la demanda; razón por la cual, se declara incompetente de plano, y acorde con lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece la demarcación territorial sobre la cual ejercen su jurisdicción los Órganos del Poder Judicial de la Federación, remítase la demanda original y cinco copias de la misma, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para los efectos del numeral 47 de la ley de la materia, solicitando de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente, en el que se informe sobre la determinación tomada al respecto. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Manríquez Valadez y José Guadalupe Ávila Mandujano, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Finalmente, considerando que la promovente señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Tribunal, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. En términos del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquier notificación derivada del presente asunto.
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