Susana Ivonne Rodríguez Torres
Expediente 832/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julia Durán Lara
- Susana Ivonne Rodríguez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintinueve de octubre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, no fue recurrido dentro del término legal por la parte a quien le pudiera irrogar perjuicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha quedado firme. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado Acuerdo, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó el juicio, y en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Atento a que el (a) quejoso (a) ********** o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el treinta y treinta y uno de octubre del año en curso a notificarse personalmente del proveído o resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo citatorio para ello, siendo inhábiles del uno al cuatro de noviembre del año citado-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del cinco de noviembre de dos mil dieciocho; y que en lo conducente establece: Visto el estado de autos, denota que en proveído de veintidós de octubre pasado, se tuvo por recibidas las copias certificadas de las constancias que le fueron requeridas al juez Tercero Menor Civil de esta ciudad, de las que se advierte que por auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora desistiéndose del juicio ejecutivo mercantil M1565/2018, por lo que se dio por concluido el mismo. Ahora bien, de los antecedentes narrados por la quejosa en su demanda de amparo, se advierte lo siguiente: Que un abogado le comentó que le asignaron un pagaré por la cantidad de $2000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por una supuesta deuda que tenía con **********, a lo que le refirió que no tenía deuda alguna con esa empresa. Que el tres de octubre de dos mil dieciocho, se presentó un actuario del poder judicial en su domicilio, acompañado de un abogado y le dejó citatorio para el día siguiente -cuatro de octubre-. Que dicho abogado le marcó el cuatro de octubre diciéndole que habían levantado oposición por lo que regresaría acompañado de cerrajero y policías, para embargarle bienes. Tales hechos derivan de la tramitación del juicio ejecutivo mercantil M1565/2018 del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, pues de las copias que allegó la responsable de dicho juicio, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil, Partido Judicial Celaya, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, **********, por conducto de sus endosatarios en propiedad **********, comparecieron en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiara directa, a demandar a **********, diversas prestaciones, entre ellas, el pago de la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal (fojas 31 a 35). 2. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, la juez Tercero Menor Civil de Partido de esta ciudad, admitió a trámite la citada demanda, la registró con el número M1565/2018, y emitió auto con efectos de mandamiento para que se requiriera de pago a la demandada en el domicilio ubicado en ***, y en caso de no hacerlo, señale bienes suficientes de su propiedad para cubrir lo reclamado, hecho lo anterior se le emplazara para que dentro del término de ocho días compareciera a pagar su adeudo y las costas o a oponerse a la ejecución si tuviere excepciones legales que hacer valer (fojas 43 y 44). 3. El tres de octubre de dos mil dieciocho, se constituyó la actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Celaya, en el domicilio señalado como de la demandada, quien al no encontrarse presente se le dejó citatorio para que esperara a la fedataria judicial para el día siguiente (foja 49). 4. El cuatro de octubre del año en curso, se levantó diligencia de abstención en virtud que nadie atendió el llamado de la actuaria, por lo que la parte actora solicitó la autorización de los medios de apremio para llevar a cabo la ejecución del auto de exequendo (foja 50). 5. El ocho de octubre de dos mil dieciocho, se autorizó el uso de la fuerza pública y cerrajero a efecto de cumplimentar lo ordenado en el auto de exequedo (foja 51). 6. El quince de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora por desistido del procedimiento intentado en el juicio ejecutivo mercantil, se le dejó a disposición el documento base de la acción y se ordenó dar salida al asunto de origen como asunto totalmente concluido (foja 117). Ahora bien, la quejosa reclama el auto de exequendo que se pretendió ejecutar en su domicilio ubicado en ***, los días tres y cuatro de octubre de dos mil dieciocho, derivado del juicio ejecutivo mercantil M1565/2018. En tales condiciones, de las constancias de autos, que fueran reseñadas en párrafos precedentes, denota fehacientemente que el juicio de amparo es improcedente y por ende, debe sobreseerse fuera de audiencia, en atención que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. El citado precepto es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo" De la interpretación gramatical del dispositivo legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Ahora bien, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo, con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de los actos relativos, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, con el fin de restituir al gobernado en el pleno goce de los derechos que le hayan sido violadas por un determinado acto de autoridad, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del más alto tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos que condicionan la procedencia del juicio de amparo, a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entonces, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, en la cual el legislador tuvo en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsistan los actos de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitieron, en caso de concluirse que los referidos actos son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria respectiva, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquel, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna susceptible de reparación en la esfera del gobernado o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo. En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales este tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Así, para que se actualice este motivo de improcedencia, necesariamente deben reunirse los siguientes elementos: i) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, ii) Que por cualquier causa haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues, como ya se precisó, aún en el caso de que la parte quejosa llegare a obtener la protección constitucional, esta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir a la parte quejosa sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. En efecto, podemos identificar como objeto del acto reclamado al derecho, situaciones o circunstancias sobre las cuales el acto tuvo plena eficacia, estableciendo una situación jurídica en relación con estos últimos, de tal manera que, al modificarse ese derecho o circunstancias o bien, al dejar de existir, a pesar de la subsistencia del acto reclamado, este ya no puede surtir efecto legal alguno. De igual forma, la materia del acto reclamado se entiende como una cosa o bien específico sobre el cual incide o lo afecta, de tal manera que si este se destruye o deja de existir, el acto no podría seguir surtiendo sus efectos. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual modo, la tesis 2a. XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Conforme a las anteriores premisas, se estima actualizada la causal de improcedencia en comento, cuenta habida que en el caso, el acto reclamado consiste en el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil M1565/2018 del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, auto que se ordenó ejecutar en el domicilio de la quejosa ubicado en ***, pues aun cuando tal acto reclamado subsiste, lo cierto es que no puede surtir efecto legal o material alguno en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo. Lo afirmado se cimienta en el hecho que de las constancias que obran en autos, específicamente, del auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, que obra a foja 117, se advierte que en esa fecha, la juez Tercero Menor Civil de esta ciudad, tuvo a la parte actora del juicio ejecutivo mercantil M1565/2018, desistiendo del procedimiento, por lo que ordenó dar salida al asunto como totalmente concluido, lo cual realizó en los siguientes términos: ". Agréguese a sus autos el escrito que antecede, suscrito por el ciudadano *********, recibido en la secretaría de este juzgado en fecha doce del mes y año en curso, con el que se da cuenta y se acuerda: Por las razones expuestas en su escrito de cuenta, se tiene a la parte actora por desistiéndose del procedimiento intentado en el presente juicio, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 373 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al de Comercio por disposición expresa de su ordinal 1054. En razón del desistimiento planteado se deja a disposición de la parte actora, el documento base de la acción, previa identificación y razón de recibo que obre en el expediente con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al de Comercio. En esa tesitura se ordena dar salida al presente asunto en los Libros de Gobierno de este Tribunal como totalmente concluido dándose aviso de ello a la superioridad por medio de la estadística mensual que rinde este juzgado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción IV y 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (.)". Por tanto, si en la especie, se reclama el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, es inconcuso que subsistiendo tal acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto, como en la especie es que se encuentra concluido el juicio ejecutivo mercantil. Se estima de ese modo, pues ningún significado puede implicar el acuerdo reclamado, si finalmente, por virtud del desistimiento del actor en el juicio, se dio por concluido este, sin que los efectos del acto de autoridad impugnado se hayan concretado en la esfera jurídica de la quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió. En ese sentido, tampoco se concretizara la posible ejecución del auto de exequendo que reclama la quejosa en su domicilio ubicado en ***, dado que se dio por concluido el juicio de donde emana el actos reclamados. Por lo que, se insiste, aun cuando subsiste el auto de exequendo reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia de dicho acto, lo que impide que este y sus efectos, incluyendo su posible ejecución que se reclama, trasciendan en los derechos sustantivos de la quejosa y que, por ende, el fallo protector que llegara a dictarse cumpla con su finalidad. Sin que obste a lo anterior que también se señaló como autoridades responsables a los jueces primero al quinto civiles, así como al primero, cuarto, quinto y sexto menor civil, ambos de Celaya, Guanajuato, pues tales autoridades negaron el acto reclamado; mientras que si bien el segundo menor civil aceptó la existencia del acto reclamado, también es verdad que ello lo hizo en virtud de que existió un juicio en contra de la quejosa, pero ya se encuentra concluido (fojas 66 a 106); de ahí que no exista el acto reclamado a tales autoridades. Máxime que, como se precisó, el acto reclamado por la quejosa deriva del juicio ejecutivo mercantil M1565/2018 del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, en el cual se ordenó ejecutar un auto de exequendo en el domicilio de la quejosa ubicado en ***, procedimiento que se declaró concluido, debido al desistimiento de la parte actora, por tanto, el acto reclamado aun cuando subsiste, no puede surtir efecto legal o material alguno en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo. En tales condiciones, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la informan, la tesis de la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, que señala: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo". En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del cinco de noviembre del dos mil dieciocho. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese a los antecedentes el oficio firmado por el juez Tercero Menor Civil de esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento que le fuera efectuado mediante el propio 16256/2018, de diecisiete del presente mes y año, téngasele remitiendo copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Susana Amelia Silva Garnica253/2018
- Susana Barrios Villagomez1052/2019
- Susana Cervantes Rodríguez851/2023
- Susana Edith Molina Mendoza364/2020
- Susana Elena Adriana Rodríguez Del Moral992/2021
- Susana Ibarra Jiménez832/2023
- Susana Mendoza Martinez707/2017
- Susana Ortiz Rodriguez122/2019
- Susana Vanessa Rodríguez Tapia788/2022
- Susana Verónica Almanza Razo739/2018
- Tania Ruth Gurriz Hernández180/2020
- Tarsicio Medina Juárez706/2018