Susana Vargas Meza

Expediente 99/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
99/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Susana Vargas Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al presente juicio de amparo el oficio 23690, suscrito por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de tres de diciembre del año en curso, remite lo actuado en el juicio de amparo 872/2019, de su índice, toda vez que no acepta la competencia legal planteada por esta juzgadora, por los motivos que expone. Ahora bien, esta Juzgadora insiste en la incompetencia planteada en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, con base en los argumentos vertidos en dicha determinación; pues contrario a lo señalado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Ensenada, Baja California, el acto reclamado (omisión de la autoridad de dar respuesta a la petición formulada por la quejosa respecto a la concesión de pensión por jubilación), constituye un acto que tendrá ejecución material en su jurisdicción, debido a que la impetrante de garantías labora y reside en aquella ciudad; cierto es que, la notificación de la petición realizada por la quejosa, indefectiblemente tendría que ser en aquella municipalidad. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al gobernado. Por tanto, a fin de resolver el conflicto competencial, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, a fin de que resuelva lo conducente. Infórmese lo anterior al Juez oficiante, para lo efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Juan Domingo Valadez Rivera, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    . Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    En virtud de que la parte quejosa no compareció ante este Juzgado en el término otorgado en citatorio entregado el veintiuno de noviembre de este año, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el mismo y se le notifica personalmente por medio de lista el auto de diecinueve de noviembre de este año, mismo que en lo conducente dice: Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Susana Vargas Meza, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese con el número 99/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese orden, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Fijación del acto reclamado Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla, del estudio que se hace de la demanda, se aprecia que el acto reclamado consiste en: "[.] La dilación existente al no cumplir con todos y cada uno de los plazos y términos determinados en la ley que rige al acto, respecto del trámite que deben realizar a fin de resolver con relación al otorgamiento o negativa debidamente fundada y motivada del derecho a la pensión por jubilación, así como la omisión para dar respuesta a la solicitud de pensión por jubilación. [.]" Incompetencia De lo anterior, se advierte que ninguno de los actos reclamados tuvieron, han tenido o van a tener ejecución en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, sino en el Municipio de Ensenada, Baja California. Al respecto, se estima necesario conocer el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Bajo ese tenor, el numeral transcrito establece que el Juez de Distrito competente para conocer de una demanda de amparo, lo es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al respecto, resulta orientadora la jurisprudencia 2ª./J.146/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de dos mil tres, página 324, que señala: COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primero acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos. Efectivamente, se considera que en el caso que nos ocupa, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada, en virtud, de que los actos reclamados tendrían ejecución en otra ciudad. Se considera lo anterior, pues del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 13/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo l, junio de 1995, Novena Época, página 107 (Registro 200781), que señala: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades". Así también, cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 394634, Octava Época, visible en la página 455, Tomo VI, del Apéndice en 1995, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando dentro los actos reclamados solo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material". De igual forma, sirve de apoyo la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 19, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN DONDE SE DA TAL EJECUCIÓN. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto". La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Luego, si se considera que la quejosa al instar el juicio de control constitucional, manifiesta por una parte, bajo protesta de decir verdad que se ha desempeñado como maestra en el servicio estatal adscrita a la Secretaria de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Baja California. Y que, junto con la demanda se exhibe talón de impresión del recibo de pago, con fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, expedido en Ensenada; copia simple de la credencial para votar a nombre de la quejosa, de cuyo contenido se desprende que su domicilio se encuentra en la ciudad de San Quintín, Ensenada, Baja California. Es factible concluir, conforme los datos objetivos que se desprenden de las relatadas documentales, que el domicilio de la peticionaria se ubica en la municipalidad indicada, lo que en modo alguno puede apartarse o disociarse a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 32 (Registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor de ideas; como se adelantó, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo multicitada, habida cuenta que si el aspecto por el que se combate la norma versa sobre las prestaciones que percibe la quejosa, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio de la beneficiaria por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unida a su centro de trabajo, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resienta su ejecución, por lo que es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. De acuerdo con lo anterior, éste Órgano Jurisdiccional se declara incompetente para conocer de la demanda de garantías, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California, declina la competencia a favor de cualquiera de los Juzgados de Distrito que tienen residencia en Ensenada Baja California. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por la parte final del segundo párrafo, del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir todo lo actuado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Turno, con residencia en Ensenada Baja California, por resultar legalmente competente; en razón de que, ante la incompetencia destacada, informe si acepta o no la competencia planteada por este órgano y de considerarlo procedente se pronuncie respecto del conocimiento del presente asunto, al que se solicita el acuse de recibo. Finalmente, con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y un tanto del presente proveído fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios adscritos a este Juzgado, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la materia. Transparencia y digitalización Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Por último, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano