Taimi Puebla Chacón

Expediente 441/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
441/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Taimi Puebla Chacón
  • ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA ESTACION MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. TIJUANA BAJA CALIFORNIA y Otros.
  • Encargado del Despacho de la Estacion Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Tijuana Baja California
  • TAIMI PUEBLA CHACÓN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el arti 2° de la ley invocada, en relacio con el 355 y 356 fraccion II del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyo fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya sobreseído el presente juicio, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 , del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se desprende que en veintiséis de julio pasado se sobreseyó en el presente juicio, y se omitió ordenar la notificación personal de dicho auto al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción correspondiente, a fin de que notifique personalmente al Agente del Ministerio Público, el auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, a efecto de que se imponga de su contenido Notifíquese y personalmente al Agente del Ministerio Público el auto respectivo.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios y anexos de cuenta remitidos por las autoridades responsables, mediante los cuales en atención a los requerimientos efectuados en autos de trece y catorce de julio pasado, informan que los directamente agraviados Isael Alfonso Sigler, Yoanlys Pelegrin González y Taimi Puebla Chacón, no se encuentran alojados en las instalaciones de la estancia migratoria de esa Oficina de Representación, puesto que el veinte y veintiuno de junio de dos mil veintidós, se les otorgó el "documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", respectivamente y remite copias certificadas que acreditan lo anterior. Ahora bien del contenido de la certificación secretarial de cuenta se desprende que la parte quejosa señalo como actos reclamados en el presente juicio los siguientes: "a).- La incomunicación de la cual están siendo objeto los quejosos, toda vez que en ningún momento se les ha permitido tener comunicación con el exterior, ni con su abogado. b).- La ilegal detención, aseguramiento y retención de los quejosos por parte de las autoridades migratorias señaladas como responsables, que afecta su libertad personal. c).- La inminente emisión y ejecución de una orden de deportación o retorno asistido decretado por las autoridades responsables, sin seguir las formalidades del procedimiento. d).- La emisión y ejecución de la Orden de Traslado de los quejosos a otra Estación Migratoria del país." Asimismo, que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte: Copias certificadas de los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a nombre de los quejosos Isael Alfonso Sigler, Yoanlys Pelegrin González y Taimi Puebla Chacón, con números de oficios ORBC/EMTIJ/1390/2022, ORBC/EMTIJ/1389/2022 de veinte de junio del año en curso y 3735/2022 de veintiuno de junio de dos mil veintidós. Documentales públicas a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que desde el veinte y veintiuno de junio de dos mil veintidós, los aquí quejosos Isael Alfonso Sigler, Yoanlys Pelegrin González y Taimi Puebla Chacón quedaron en libertad con motivo de los permisos para realizar actividades remuneradas en este país otorgados mediante oficios ORBC/EMTIJ/1390/2022, ORBC/EMTIJ/1389/2022 de veinte de junio del año en curso y 3735/2022 de veintiuno de junio de dos mil veintidós por las responsables de mérito. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados; toda vez que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, los actos reclamados existían, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejaron sin efecto los mismos, como si los actos no hubieran invadido la esfera jurídica de los particulares; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que los actos reclamados en este juicio de amparo, consistentes en: "a).- La incomunicación de la cual están siendo objeto los quejosos, toda vez que en ningún momento se les ha permitido tener comunicación con el exterior, ni con su abogado. b).- La ilegal detención, aseguramiento y retención de los quejosos por parte de las autoridades migratorias señaladas como responsables, que afecta su libertad personal. c).- La inminente emisión y ejecución de una orden de deportación o retorno asistido decretado por las autoridades responsables, sin seguir las formalidades del procedimiento. d).- La emisión y ejecución de la Orden de Traslado de los quejosos a otra Estación Migratoria del país." Han cesado sus efectos, toda vez que de las constancias que remite la autoridad responsable consistente en copias certificadas de los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a nombre de los quejosos Isael Alfonso Sigler, Yoanlys Pelegrin González y Taimi Puebla Chacón, con números de oficios ORBC/EMTIJ/1390/2022, ORBC/EMTIJ/1389/2022 de veinte de junio del año en curso y 3735/2022 de veintiuno de junio de dos mil veintidós; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (catorce de junio de dos mil veintidós), la autoridad señalada como responsable les otorgó salida de la estación migratoria respectiva y les proporcionó permiso para realizar actividades remuneradas en este país. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y por lista a los quejosos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto la certificación secretarial de cuenta se obtiene que se señaló para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, en proveído de trece de julio pasado se requirió al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, para que en un plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas otorgado a los quejosos ********************e ********************; ello a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente, sin que a la fecha haya remitido las constancias de referencia. Por tanto, en atención a lo anterior, requiérase a la responsable de referencia, para que en un plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas otorgado a los quejosos ********************e ********************; ello a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.

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