Suleyman Erden (Extranjero)

Expediente 1082/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1082/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Suleyman Erden (Extranjero)
  • Ozdemir Emirhan (Extranjero)

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a cinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Luis Antonio González Blassi, en favor de Ozdemir Emirhan y Suleyman Erden; el cual fue radicado en dicho juzgado con el número 2324/2022. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo 21, inciso j), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a tres de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ******************** (promovente), mediante el cual refiere que el directo quejoso ********************, se desiste del presente juicio de amparo; asimismo, precisa que de manera errónea se puso en el escrito de demanda el nombre de la persona ********************, la cual no viajó y por lo cual no ingresó al aeropuerto de esta ciudad. Sin embargo, no ha lugar a proveer dicho escrito, pues mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado no aceptó la competencia planteada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, por las consideraciones ahí precisadas; existe por lo que, en esa fecha se ordenó devolver la misma. En consecuencia, envíese de inmediato en alcance el escrito de referencia (registrado con número de folio 8), así como su anexo, al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, previa copia certificada que del escrito de mérito se deje agregado en autos para constancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil veintidós.********************Radicación. Se tiene por recibido el oficio vía electrónica número 7942-II y anexos que remite el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, al que adjunta versión digital de las constancias que obran dentro del juicio amparo 2324/2022-III, promovido por ********************en favor de ********************y ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 1082/2022-E.********************Expídase acuse de recibo respectivo.********************No se acepta competencia. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal.********************Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. ********************Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. ********************Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: ********************a) Competencia por territorio;********************b) Competencia por materia;********************c) Competencia por grado;********************d) Competencia auxiliar; y,********************e) Competencia concurrente.********************De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. ********************La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. ********************Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales.********************En el caso concreto, el suscrito considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, de ahí que, no se acepta la competencia planteada, en atención a las consideraciones siguientes:********************La parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes:********************1.- [.] TODO ACTO Y OMISIÓN TENDIENTE O CONSISTENTE EN MANTENER A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD PERSONAL, e incumpliendo con ello las garantías fundamentales [.].********************2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama LA ORDEN Y EJECUCIÓN DEL TRASLADO A CUALQUIER OTRA ESTACIÓN MIGRATORIA EN ESTE PAÍS EN LA QUE HOY SE ENCUENTRAN ALOJADOS, ASI COMO SE RECLAMA LA LA )SIC) ORDEN Y EJECUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN DE LOS HOY QUEJOSOS DE ESTE PAÍS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A SU PAÍS DE ORIGEN O CUALQUIER OTRO.********************3.- De todas las autoridades señaladas como respo0nsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama, la inexacta aplicación del artículo 102 de la Ley de migración [.]".********************Asimismo el promovente solicita la suspensión para el efecto siguiente:********************"[.] para efectos de que se ordene por su Señoría a las autoridades señaladas como responsables, que dejen en libertad al imperante de garantías y cese la ejecución de cualquier orden de deportación o expulsión del país en su contra [.]"********************Como se desprende de la transcripción anterior, se advierte que en esencia la parte promovente reclama la detención y/o privación de la libertad y la deportación y/o expulsión, de los directos quejosos ********************y ********************.********************Luego, el Juez declinante para sostener su postura, consideró que en el caso, se actualiza el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados por el promovente del amparo -dice-tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional.********************Empero, como se adelantó esta juzgadora no comparte el criterio adoptado por el declinante. ********************Para fundar la posición adoptada es necesario invocar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina la competencia por territorio al juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecute o tratarse de ejecutarse el acto reclamado, lo cual resulta acorde a lo dispuesto en los diversos numerales 35 y 37 de la Ley de Amparo.********************En términos de las normas de orden constitucional y legal antes referidas, la competencia del juzgador de amparo en razón al lugar de ejecución del acto motivo de reclamo se determina conforme a las siguientes premisas: ********************a) La regla general atiende a la ejecución del acto objeto de reclamo, en tanto es juez competente el que tiene jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado;********************b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, la competencia radica en el juez ante quien se presentó la demanda; y,********************c) Si no requiere de ejecución material, el competente será aquél ante quien se haya presentado la demanda. ********************En ese tenor, cobra puntual aplicación la segunda regla, pues acorde a lo establecido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito -que este juzgado comparte- en la parte conducente, en ese supuesto la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. ********************Sostuvo que dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. ********************Acotó que, tratándose de cuestiones privativas de libertad, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución.********************Sin embargo, en el caso, no asiste razón al juez declinante en el sentido de que no se le surte legal competencia derivado de que el promovente del amparo señaló que los directos quejosos ********************y ********************, llegaron el veintinueve de diciembre último, al Aeropuerto Internacional de Tijuana, procedentes de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo su arribo a las seis cincuenta de la mañana, sin embargo a la fecha han perdido toda comunicación con los directos quejosos, por lo que precisa fueron detenidos por la autoridad responsable para posteriormente trasladarlos a la estación migratoria de esta ciudad, pues se considera que el acto de deportación no es el único señalado en esta vía constitucional, aunado a que hasta este momento procesal, no existen datos fehacientes de que los actos reclamados se estén ejecutando en esta ciudad, y tampoco que hayan sido emitidos por alguna autoridad que tenga residencia en el territorio en el que este juzgado ejerce competencia, pues como quedó precisado en párrafos que anteceden, además del posible acto de deportación, se señalaron diversos actos reclamados incluso de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Así pues, al margen de lo anterior, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que de la consulta del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), se advierte la comunicación oficial recibida ********************, exhorto local ********************en la cual se obtiene el resultado de la diligencia ordenada mediante exhorto ********************, número de orden ********************; de la cual se obtuvo que los directos agraviados ********************y ********************, no están alojados en esta estación migratoria, en virtud que de la base de datos de registro del Instituto Nacional de Migración, no se advirtió que los directos quejosos hayan ingresado o egresado de la estación migratoria.********************Ante tal circunstancia, toda vez que conforme al estadio procesal del presente juicio de amparo, los actos reclamados pueden tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de incomunicación, el juez ante quien se presente la demanda de amparo.********************Sustenta lo anterior, por los motivos que informa, la tesis I.1o.P.30 P (10a.), con registro digital: 2011853, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2889, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto del tenor literal siguiente: ********************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL QUEJOSO ES EXTRANJERO Y RECLAMA QUE FUE RECHAZADO SU INGRESO AL PAÍS POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA Y QUE SUFRIÓ ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, AL SER EL PRIMERO UN ACTO QUE PUEDE ESTUDIARSE INDEPENDIENTE A LA LUZ DE LA MATERIA QUE LO RIGE, PUEDE DIVIDIRSE AQUÉLLA SIN AFECTAR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA, PARA QUE SU CONSTITUCIONALIDAD SEA ANALIZADA POR UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE QUE UNO EN MATERIA PENAL CONOZCA RESPECTO DE LOS DEMÁS ACTOS RECLAMADOS. El Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola un todo. Esta interpretación obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encontraban fuertemente ligados entre sí; sin embargo, cuando el citado libelo contenga actos aislados o independientes que puedan examinarse de manera autónoma, no opera esa regla y sí es factible que su análisis se efectúe separadamente, máxime si éstos son de diversas materias en las que, por especialización, deben conocer juzgadores con la competencia en la rama de que se trate. En ese sentido, si el quejoso es extranjero y en su demanda de amparo indirecto reclama que fue rechazado su ingreso al país por la autoridad migratoria y que sufrió actos de incomunicación, detención y/o privación de su libertad, de acuerdo con el artículo 78, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Migración, aquél jurídicamente se encuentra fuera del territorio nacional, lo cual implica que no pueda considerarse que en virtud de ello esté incomunicado, detenido y menos aún privado de su libertad; por tanto, el mencionado rechazo, al ser un acto que puede estudiarse independiente a la luz de la materia que lo rige (administrativa), puede dividirse la demanda sin afectar la continencia de la causa, para el efecto de que la constitucionalidad de ese acto, sea analizada por un Juez de Distrito de dicha especialidad; sin perjuicio de que uno en materia penal conozca respecto de los demás actos de incomunicación, detención y privación de la libertad."********************Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. ********************En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es, en primer momento, el paradero de la víctima y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus. ********************Apoya lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia 1a./J. 83/2019 (10a.), con registro digital 2021413, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 617, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto del tenor siguiente: ********************"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus."********************En ese contexto, se estima que momentáneamente el juez competente es ante quien se presentó la demanda de amparo.********************No se inadvierte la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: ********************"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.".********************Sin embargo, en concepto de este órgano jurisdiccional dicho criterio no es aplicable, porque interpreta la primera regla contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, que coincide medularmente con la primera hipótesis del numeral 37 de ley vigente, pero en el caso se estimó aplicable la segunda regla (ejecución en más de un distrito). ********************En las relatadas condiciones, como se adelantó, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, y se ordena devolver.********************En consecuencia, con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo (recibida vía electrónica), y el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal.********************Notifíquese

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