Susana Nidia Guillen Chavez

Expediente 816/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
816/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Susana Nidia Guillen Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, uno de agosto de dos mil diecinueve. Como lo pide la quejosa -en el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, devuélvansele los documentos a que alude, previo acuse de recibo y copia certificada que se deje en autos y por autorizado para tal efecto a la persona que señala. Notifíquese.

  2. Principal

    Como de la certificación que antecede, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo promovida por *****. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y de sus Comisiones de Justicia y Gobernación. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-816/2019-2. 1. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Se reclama la sesión ordinaria del sábado trece de julio de dos mil diecinueve, relativa al orden del día, en su punto XXVI, relativo a la LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTÁMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONTIENE LA TERNA PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN, Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA.". Acto respecto del cual, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción VII de la Ley de la Materia, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Lo que sucede en el particular, toda vez que el artículo 61, fracción VII, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.]" De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana. En el caso se combate en concreto, del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la sesión ordinaria del trece de julio de dos mil diecinueve, en su punto XXVI, relativa a la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que contiene la terna para la elección de la Magistratura de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, donde la quejosa era candidata para ocupar dicho cargo. En suma lo que se reclama es la sesión ordinaria de trece de julio de dos mil diecinueve en la cual se eligió al candidato para ocupar el cargo de Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, lo que hace improcedente el juicio de amparo, porque fue realizada por entes dotados constitucionalmente de facultades soberanas y discrecionales, contra los cuales no cabe el juicio de amparo. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 108/2015, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince, determinó que la palabra "soberano" debe entenderse como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos, que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. También sostuvo que la legislatura se constituye como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Agregó, que cuando ésta emite ciertos actos, para cuya emisión no se prevea ningún procedimiento normativo, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático, en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental. Así la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, concluyó que la decisión del órgano legislativo, en estos casos, se encuentra revestida de alcance constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. Para evidenciar lo anterior conviene transcribir el contenido de los artículos 44, fracción, XXIII y 95, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, que en su orden dicen: Artículo 44.- Son facultades del Congreso: [.] XXIII A.- Elegir, reelegir y privar del encargo, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos; [.] Artículo 95.- El Tribunal de Justicia Administrativa, será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Tendrá competencia para dirimir, resolviendo en forma definitiva, las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares. La ley determinará las atribuciones y procedimientos al tenor de la presente Constitución. Funcionará y se organizará según lo determine su Ley Orgánica, en colegio de tres Magistrados y sus sesiones serán públicas. Para ser Magistrado del Tribunal se deberán satisfacer los requisitos que señala esta Constitución para ser designado Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Poder Legislativo elegirá a los magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública. Los magistrados tendrán un periodo constitucional de cinco años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos hasta en dos ocasiones. Al término de su periodo cesarán en sus funciones. El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de los magistrados, podrá privarlos de su encargo, por las mismas causas que señala el artículo 77 de esta Constitución y determinará su retiro forzoso de conformidad con el artículo 78 de esta Constitución." Expuestas así las cosas, es evidente que el Congreso del Estado de Michoacán, tiene la facultad de designar al Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán con el voto de las dos terceras partes de los diputados, asimismo, emitir la convocatoria pública a fin de recibir las propuestas de aspirantes a ocupar tal cargo; entonces, resulta inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, no se soslaya que el artículo tercero de la Convocatoria Pública para la elección del Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, prevé las bases para los aspirantes a dicho cargo así como los requisitos establecidos en el numeral 95 de la Constitución Política del esta Entidad Federativa, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad supeditada al órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno. Pues estimar lo contrario equivaldría a sostener también, que es violatorio de derechos fundamentales, el hecho de que en la Constitución local, se establezca la posibilidad de que el Congreso del Estado emita actos soberanos o discrecionales, que por contener dichas características, no se encuentren sujetos a control judicial alguno; pues se insiste, se trata en todo caso, de actos revestidos de un mayor grado de representatividad popular, que por lo mismo, se han encomendado exclusivamente al poder legislativo, y que de sujetarse a algún medio de control, se estaría permitiendo la interferencia -aun de forma indirecta del Poder Judicial en su emisión. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis 2a./J. 71/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 833, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. 2. TRANSPARENCIA. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. 3. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." 4. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene a la promovente por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizados para tal efecto a las personas que refiere. Notifíquese personalmente.

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