Susana Lizbeth Ramirez Andrade

Expediente 1396/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1396/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Susana Lizbeth Ramirez Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... el proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés... Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de Este Distrito Judicial. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-1396/2023-2. Del análisis a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El acuerdo de once de octubre del presente año, dictado por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de Este Distrito Judicial, dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria -, promovidas por su contraparte, en el que fijó el veintidós de noviembre en curso, para el desahogo de la prueba pericial sobre inspección ocular, ofrecida dentro de dicho juicio. Al respecto, se estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en concordancia con lo precisado en el numeral 172, fracción XII, del mismo cuerpo normativo, por las siguientes razones: El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza al Suscrito, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De tal forma, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61 fracción XXIII en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en concordancia con lo precisado en el normativo 172, fracción XII, del mismo cuerpo de leyes, que disponen lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Respecto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es claro en señalar que se entiende por estos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el acto reclamado consiste en el acuerdo de once de octubre del presente año, dictado por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de Este Distrito Judicial, dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria -, promovidas por su contraparte, en el que fijó el veintidós de noviembre en curso, para el desahogo de la prueba pericial sobre inspección ocular, ofrecida dentro de dicho juicio, actuaciones que ahora constituyen los actos reclamados; y por ende, componen actos procesales; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no generan contra la esfera jurídica de derechos de la aquí quejosa, una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicha determinación no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa, sino sólo, y a lo más, en sus derechos adjetivos, lo que incluso puede encontrar reparación al resolverse el juicio, de serle favorable la sentencia dictada dentro del mismo. Como se ve, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tienen efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio; por ello, se estima que no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, los actos que se impugnan, no son de aquéllos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquellas afectaciones desaparezcan en caso de que obtenga resolución favorable a sus intereses, en el juicio de origen, y sólo en el caso de que no fuera así, la parte quejosa, tiene oportunidad de hacer valer las violaciones de las que ahora se duele, mediante los recursos legales previstos en la Ley de la Materia. De tal forma, se precisa que en el caso concreto, el concepto de irreparabilidad, necesario para la procedencia del juicio constitucional, no se actualiza, porque con el acto reclamado, como ya se dijo, no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros, si se atiende a que en el acuerdo de once de octubre del presente año, dictado por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de Este Distrito Judicial, dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria-, promovidas por su contraparte, en el que fijó el veintidós de noviembre en curso, para el desahogo de la prueba pericial sobre inspección ocular, ofrecida dentro de dicho juicio, solo constituye meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, en relación al 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino sólo sus defensas, ni decide el fondo de la Litis planteada y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado de la sentencia definitiva en que el material probatorio es valorado, la que incluso puede ser favorable a sus intereses, o en su defecto, podrá combatirle en la vía directa como violación procesal con el supuesto de obtener un fallo adverso, al combatirse la resolución que dirima en definitiva a controversias de origen. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia P/J. 6/94, Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205484, Abril de 1994, Octava Época, del rubro siguiente PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. Asimismo, la Tesis número 1086, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro literal siguiente: VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en concordancia con lo precisado en el numeral 172, fracción XII, del mismo cuerpo normativo. Por tanto, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Igualmente, se invita a la parte quejosa, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales, se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro, y de ser necesario, su incorporación al expediente, previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Por último, se tiene a la promovente, por señalado como domicilio para recibir notificaciones, el que precisa en su libelo constitucional, y como autorizado para tal efecto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a -, toda vez que se encuentra inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede. Notifíquese personalmente a la promovente.... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a la fiscal adscrita con su nombre de usuario "********************" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio tenga acceso al expediente electrónico. Por otra parte, téngasele proporcionando como medios de contacto el correo electrónico y número telefónico que proporciona, para el caso de resultar estrictamente indispensables. Notifíquese.

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