Susana Yareli Ramirez Luna
Expediente 822/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Susana Yareli Ramirez Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Como se advierte de la certificación de cuenta que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el proveído dictado el veinte de septiembre pasado, en el que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Asimismo, se valora el presente juicio se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposiciones que señalan: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.]". Se precisa que el presente juicio no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
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CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "...Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por rendido su informe justificado, al que anexa copia certificada de las constancias que lo sustentan; documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora, de las constancias en cita, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que el tribunal responsable emitió acuerdo en fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, en donde admitió las pruebas documentales, instrumental pública de actuaciones, y presuncionales legal y humana, ofrecidas por las partes, requiriendo únicamente a la parte demandada para que dentro del término de tres días, exhibiera las documentales que ahí se precisan, para poder tenerlas por desahogadas; asimismo, en el propio acuerdo señaló fechas para el desahogo de las diversas pruebas testimoniales y confesionales que ahí se indican. Luego, en el presente juicio de amparo, se reclamó la omisión de la responsable de dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas ofrecidas dentro del expediente laboral -; por tanto, si la responsable ya emitió acuerdo en fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, donde proveyó respecto de las pruebas ofertadas por las partes, dentro del juicio de origen, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El numeral en comento dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para el día trece de octubre de dos mil veintidós. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe..." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
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Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por rendido su informe justificado, al que anexa copia certificada de las constancias que lo sustentan; documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora, de las constancias en cita, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que el tribunal responsable emitió acuerdo en fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, en donde admitió las pruebas documentales, instrumental pública de actuaciones, y presuncionales legal y humana, ofrecidas por las partes, requiriendo únicamente a la parte demandada para que dentro del término de tres días, exhibiera las documentales que ahí se precisan, para poder tenerlas por desahogadas; asimismo, en el propio acuerdo señaló fechas para el desahogo de las diversas pruebas testimoniales y confesionales que ahí se indican. Luego, en el presente juicio de amparo, se reclamó la omisión de la responsable de dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas ofrecidas dentro del expediente laboral -; por tanto, si la responsable ya emitió acuerdo en fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, donde proveyó respecto de las pruebas ofertadas por las partes, dentro del juicio de origen, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El numeral en comento dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para el día trece de octubre de dos mil veintidós. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de donde se desprende que el término de quince días otorgado en autos a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a efecto de que remitiera su informe justificado requerido en autos, ya feneció, sin que lo haya hecho. Atento a lo anterior, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, remita a este juzgado federal las constancias relativas al acto aquí reclamado, lo anterior a fin de que este órgano jurisdiccional esté en posibilidades de resolver el presente asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que haya tenido para cumplir con la misma, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 260 de la Ley de Amparo. En consecuencia, y para dar margen a lo anterior SE DIFIERE, la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace del conocimiento de las partes, que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la oficialía de partes común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
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