Susana Morales Ramos
Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Susana Morales Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Juez por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de lo Mercantil en Colima, acusa recibo de los oficios ****** y *****; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia. Cúmplase.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interponga el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que lo haya hecho; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de pruebas formado con motivo de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse las mismas para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, aplicado a contrario sensu. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, al haberse negado tanto la suspensión provisional como la definitiva; lo anterior, acorde con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21 del acuerdo general relativo y número 3 del punto 8.1.2. del Capítulo 8 Expedientes Destruibles, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de 2020. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses, a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por la quejosa *** contra el acto que reclamó del Juez y Secretaria Actuaria del Juzgado Primero de lo Mercantil de Colima; por las consideraciones expuestas en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos suscritos por ********************autorizado de la parte quejosa, por los cuales solicita se emita pronunciamiento en torno a las pruebas ofrecidas y solicita se requiera el expediente original del juicio generador del acto reclamado, para los fines que indica. Al respecto, del análisis del escrito recibido de dieciséis de febrero del año en curso, se aprecia que la quejosa ofreció diversas constancias como pruebas de su parte, así como la prueba pericial en grafoscopía y testimonial a cargo de ********************. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amaro, se admiten las pruebas documentales que señala y adjuntó a su ocurso, sin perjuicio de hacer relación de ello al momento de celebrar la audiencia constitucional. En cambio, de conformidad con el numeral 75 del citado ordenamiento, se desechan las pruebas testimonial y pericial citadas, en atención a su falta de pertinencia. Ello es así, ya que de conformidad con dicho precepto, el acto reclamado debe apreciarse tal y como se encuentre probado ante la autoridad responsable. Además, porque del contenido del cuestionario relativo a las pruebas testimoniales, se aprecia que la quejosa pretende probar que su lugar de residencia era distinto al del emplazamiento, lo cual deviene infructuoso dado que dicha actuación se puede realizar en cualquier lugar, sin que sea estrictamente obligatorio realizarlo en el de residencia de la parte interesada o en el que ella pretenda acreditar, en tanto que es un aspecto que sólo se puede probar con elementos documentales. Además, por lo que ve a la prueba pericial, debe decirse que también resulta inconducente ya que lo que se pretende controvertir es la firma que calza en el emplazamiento del juicio de origen; sin embargo, de las constancias de origen se advierten actuaciones posteriores que convalidaron el emplazamiento controvertido, de modo que a nada práctico llevaría el ordenar su desahogo y, por tanto, tampoco el de las testimoniales de trato. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 41/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 189894, que indica: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." En mérito de lo anterior, no resulta procedente requerir a la autoridad responsable por la remisión de las actuaciones originales para el desahogo de la prueba pericial, dado que dicho elemento de convicción fue desechado.
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