Susana Bugarin Rosas y Otros.
Expediente 946/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Ana Rosa Hernández de Haro
- Susana Bugarin Rosas y Otros.
- Susana Bugarin Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que mediante aviso de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, el Coordinador de Jueces de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, por causas de fuerza mayor, con motivo del paro organizado por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, declaró inhábil el día diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para los juzgados de distrito, tribunal laboral federal de asuntos individuales y Centro de Justicia Penal Federal, todos con sede en Colima, Colima, correspondiente al Trigésimo Segundo Circuito. Asimismo, mediante circulares SGP/02/2023 y SGP/04/2023 de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, en atención al oficio remitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que en asamblea extraordinaria urgente tomó la decisión de realizar el paro nacional de labores en toda la república a partir del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, ante ello, las personas titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, tomaron la decisión de declarar inhábiles dichos días y, en consecuencia, suspender labores, términos y plazos procesales, por lo que, se estableció que sólo se atenderían casos urgentes en los órganos del poder judicial de la federación, entre los que se encuentran los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccional, sin que el presente asunto actualice alguna de dichas hipótesis jurídicas señaladas. Ahora, mediante circular 29/2023, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a los comunicados firmados por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en los que informó que tomó la decisión de prolongar el "paro nacional" hasta el próximo veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se retomaron de manera regular las actividades laborales en los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas, a partir de este lunes treinta de octubre, en la que se señaló que los titulares podrían declarar inhábiles los días que, a su consideración, deban suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la federación para atender casos urgentes en términos de las recientes circulares SGP/02/2023 y 28/2023. Por lo que, mediante aviso de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Coordinador de Jueces de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, por causas de fuerza mayor, con motivo del paro organizado por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, declaró inhábiles los días veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, para los juzgados de distrito, tribunal laboral federal de asuntos individuales y Centro de Justicia Penal Federal, todos con sede en Colima, Colima, correspondiente al Trigésimo Segundo Circuito. Además, que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que la Ley de Amparo establece para que las partes interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que no obre el acuse de recibo del oficio *********, que contiene la sentencia dictada el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, que se envió para notificar a la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, pues las autoridades jurisdiccionales no tienen legitimación para promover recurso de revisión en contra de la sentencia, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia, lo cual es concordante con el numeral 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, Página: 23, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Manzanillo, Colima, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 19, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Además, la jurisprudencia P./J. 58/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 11, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista.
- Principal
S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa ***** contra el acto que reclamo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, por los motivos expuestos en el séptimo considerando y para los efectos precisado en el octavo considerando de la presente sentencia. Notifíquese por lista.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, en razón de que el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior y a efecto de que estos se impongan del contenido del mismo, a fin de que esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estime conveniente para desvirtuarlo; lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas con ocho minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, página 5, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Con las constancias presentadas por la autoridad responsable, fórmense los legajos de pruebas I y II. Luego, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al expediente electrónico en relación con el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, se determina la imposibilidad material para la digitalización de las pruebas exhibidas por la autoridad responsable. Por tanto, hágase saber a las partes que las mismas se encuentran a su disposición físicamente en los legajos de pruebas I y II. Notifíquese por lista.
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