Susana Jazmín Hernández Chávez

Expediente 735/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
735/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Susana Jazmín Hernández Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede así como del estado de autos, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Director de Educación Pública en el Estado, dependiente de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 735/2021-III. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama el oficio SE/DiEP/501-2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Educación Pública dependiente de la Secretaría de Educación del Estado, mediante el cual le niega la licencia sin goce de sueldo y se le instruye para que se presente el dieciséis de julio del presente año, con el Coordinador del Nivel de Secundarias de la Dirección de Educación Pública, a fin de que le indique las nuevas tareas que habrá de desempeñar. Desechamiento de la demanda Bajo tal aspecto, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de que se trata, en atención a lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano". El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 188643, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, Jurisprudencia (Constitucional), de rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Como se señaló en párrafos que precedente, en el presente juicio la parte quejosa reclama reclama: El oficio SE/DiEP/501-2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Educación Pública dependiente de la Secretaría de Educación del Estado, mediante el cual le niega la licencia sin goce de sueldo y se le instruye para que se presente el dieciséis de julio del presente año, con el Coordinador del Nivel de Secundarias de la Dirección de Educación Pública, a fin de que le indique las nuevas tareas que habrá de desempeñar. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de un órgano del Estado que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. Bajo ese tenor, se desprende que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso, omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones, ello con independencia de si dicho acto es desplegado por una autoridad en sentido material, o bien, lo realiza un particular de forma equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, las características que distinguen a una autoridad para los efectos del amparo, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089; que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De acuerdo con lo anterior, para que el acto de un órgano sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación; es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado, los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. Así, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: Ser unilateral, porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce; esto es, su emisión sólo depende de la voluntad de la autoridad. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aún en contra de la voluntad del particular. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Así, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo, caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En términos de estas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Constitución, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de este juicio constitucional. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio constitucional, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas -norma general- o concretas con efectos particulares -acto en estricto sentido u omisión-, que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características descritas. En ese sentido, es necesario atender a la naturaleza de los actos que se impugnan para determinar si provienen o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Luego, si en el caso el acto reclamados por la parte quejosa consiste en la emisión del oficio SE/DiEP/501-2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Educación Pública dependiente de la Secretaría de Educación del Estado, mediante el cual le niega la licencia sin goce de sueldo y se le instruye para que se presente el dieciséis de julio del presente año, con el Coordinador del Nivel de Secundarias de la Dirección de Educación Pública, a fin de que le indique las nuevas tareas que habrá de desempeñar, tiene el carácter de patrón de éste en una relación de coordinación y no de supra-subordinación y el acto que se le reprocha está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación del quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo; esto es así ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a la asignación de horas adicionales, coordinación y no de supra a subordinación. Ahora bien, sobre la base de las consideraciones expresadas con antelación, debe destacarse que la relación jurídica que une a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Colima, con sus trabajadores es de naturaleza laboral, pues cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, sino con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese órgano con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la parte quejosa es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública, en particular del punto 1. De lo anterior, resulta que los actos reclamados por la parte quejosa en el que se le niega la licencia sin goce de sueldo, están relacionado con aspectos laborales, pues ese acto es emitido como patrón, no como autoridades dotadas de imperio, sino como se desprende de los artículos 1° y 47 de la Ley de Educación del Estado de Colima, así como 1°, 3°, 4°, 5° y 8° del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema Educativo del Estado de Colima, que en su orden establecen: "Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la educación que se imparte en el Estado de Colima, a través de las autoridades educativas estatal y municipal, así como de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, sus disposiciones son de observancia general, de orden público e interés social. Artículo 47.- En la educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable Profesional Docente. [.] Artículo 1º.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria para funcionarios, jefes, trabajadores y empleados dependientes de la Dirección General de Educación Pública, y tiene por objeto fijar las condiciones generales de trabajo del personal de la misma dependencia, en los términos de lo dispuesto por el Capítulo XIII y demás relativos de la Ley de Educación Pública para el Estado de Colima. [.] TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA Artículo 3°.- Son trabajadores de confianza: a).- El Director de Educación Pública del Estado b).-El Secretario de la Dirección General de Educación. c).- Subdirectores y Jefes de Departamentos. d).- Personal Técnico. e).- Directores de Escuelas Normales, Técnicas, Agrícolas, Industriales y de Capacitación para el Trabajo. f).- Los Secretarios particulares del Director General, de los Subdirectores, Jefes de Departamentos y Directores de Escuela Normal. g).- Inspectores administrativos. h).- Visitadores generales y especiales. i).- Cajeros y Contadores. Artículo 4º.- Los trabajadores de base de la Dirección General de Educación Pública se subdividen en dos grupos: docente y administrativo. Artículo 5º.- Son trabajadores docentes los que desempeñen funciones pedagógicas. Para fines escalafonarios se consideran separados en dos grupos: maestros titulados y no titulados. (.) DE LOS NOMBRAMIENTOS Artículo 8º.- El nombramiento legalmente aceptado obliga a la Dirección de Educación Pública y al trabajador, al cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en la Ley de Educación Pública y el presente Reglamento". Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4389, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." Asimismo, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Entonces, los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública que también desarrolla la Secretaría de Educación Pública de la Entidad. Por consiguiente, es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda, como responsables bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que el acto reclamado encuadra en la relación laboral de la parte quejosa con aquéllas. Además, conviene indicar que cualquier conflicto suscitado entre la parte quejosa con su empleador, como bien pudiera ser el reconocimiento de derechos laborales, escalafonarios, pueden ser controvertidos a través de un juicio laboral contemplado en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Colima, como lo establecen sus artículos 132 y 138 en los términos siguientes: "Artículo 132.- El Tribunal de Arbitraje y Escalafón es el máximo órgano jurisdiccional para resolver las controversias que se susciten entre las Entidades públicas con sus trabajadores, así como la instancia jurídica para impugnar los procedimientos en materia escalafonaria. Artículo 138.- El Tribunal en pleno, será competente para: I. Conocer y resolver de los conflictos individuales o colectivos que se susciten entre Titulares de una Entidad o dependencia pública y sus trabajadores." Sirve de sustento a lo anterior por las razones que la conforman la tesis LI/96, consultable en la página 369, Tomo III del mes de junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla es la autoridad competente para conocer de las controversias laborales en las que la mencionada Secretaría de Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el artículo 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del propio Estado, a dicho tribunal laboral le corresponde "conocer de los conflictos individuales que se susciten entre algunos de los departamentos del gobierno del Estado y sus trabajadores"; además, dicha Secretaría ejerce la función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, respectivamente. No es óbice para lo anterior que el artículo 8o. de la invocada Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, excluya de su ámbito a los trabajadores de la educación, habida cuenta que la Legislatura Estatal no ha expedido las leyes especiales que refiere el precepto en comento, ni menos se ha instituido algún tribunal con atribuciones específicas para conocer de conflictos de esta índole". También ilustra en el caso la tesis aislada XVII/93 de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 195, Tomo XII del mes de octubre de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. SUS DEMANDAS LABORALES DEBEN SER RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, MIENTRAS LA LEGISLATURA LOCAL EXPIDE LA LEY ESPECIFICA. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla regula las relaciones de trabajo entre dicha entidad y sus servidores, pero el artículo 8o. del citado ordenamiento excluye expresamente a los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación Pública estatal, sin que se haya emitido el estatuto correspondiente. Por tanto como el Congreso del Estado de Puebla no ha cumplido cabalmente con el mandato establecido en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal pues no ha expedido la ley que regule las relaciones laborales entre la citada Secretaría de Educación Pública y sus empleados, debe establecerse que el Tribunal de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, es la autoridad a quien corresponde legalmente conocer de las demandas que formulan los empleados de la Secretaría de Educación Pública del propio Estado, pues conforme a los artículos 1o. y 82 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de esa entidad federativa, es a quien compete conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados". Por tanto, se concluye que las autoridades señaladas en este juicio carecen de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo vigente, motivo por el cual es imposible tenerlas como responsables y menos ante el hecho de que actuaron dentro de la esfera del derecho privado, es decir, en la relación laboral que tienen como patrón frente a la parte quejosa ésta con la calidad de trabajador educativo. Cobra aplicación la Jurisprudencia 499, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 543, del tomo II, en materia Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección -, del Apéndice de 2011, Novena Época, del tenor literal: "ESCUELAS NORMALES DEL ESTADO DE JALISCO. LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA INVITANDO A LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A AQUÉLLAS, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN AMPARO. Es cierto que la citada Secretaría, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Educación, ambas del Estado de Jalisco, puede considerarse, en principio, una autoridad, en la medida que sus atribuciones están previstas en la legislación y, en consecuencia, puede emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emita necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Así, la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación invitando a los egresados del bachillerato a participar en el proceso de selección para ingresar a las escuelas normales del Estado de Jalisco no es un acto de autoridad impugnable a través del juicio de garantías, pues únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, máxime que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad interesada en cursar las licenciaturas impartidas en las indicadas escuelas normales". En tales condiciones, procede el desechamiento de la demanda, dada la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción II, del diverso 5°, ambos de la citada legislación, respecto de los actos imputados a la autoridad responsable. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, y que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. Lo antes expuesto, se robustece con el criterio emitido en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1224, del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)", en la que se determinó que, excepcionalmente, en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, se puede analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional, cuando esté definido por jurisprudencia que aquélla no puede tener tal carácter, como sucede en el caso concreto, en donde la calidad de patrón de la parte quejosa que tiene la pretendida autoridad responsable, no podrá ser desvirtuada con ninguna de las probanzas que pudieran allegarse al juicio constitucional." Sin que pase desapercibida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 929, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA ARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", respecto de la cual, la instancia ya aludida aclaró el alcance de la misma, según publicación hecha en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 31, junio 2016, Tomo II, página 829, para quedar en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos". En ese sentido, es claro que la jurisprudencia en cita no resulta aplicable al presente caso. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Similares criterios sostuvo el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver los recursos de queja 110/2019 y 134/2019 el veintisiete y trece de junio de dos mil diecinueve, respectivamente. Los cuales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley, constituyen un hecho notorio para este juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)".

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