Susana Garcia Perez
Expediente 1055/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Susana Garcia Perez
- Maricruz Venegas Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Como se desprende de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de la Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés en que se SOBRESEYÓ fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ********************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada número 316096, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXX, Página: 676, del rubro: "REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO." Finalmente, vista la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, lo anterior con fundamento en los artículos 12, 14 fracción III, y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, téngase a la citada autoridad responsable por remitiendo copia certificada del acuerdo de admisión de pruebas de fecha quince de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral - Ahora bien, toda vez que de la constancia secretarial se advierte que dentro del presente juicio de amparo, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dictar acuerdo sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral -, y de las constancias que la citada autoridad responsable anexó a su oficio de cuenta, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se pone de manifiesto que el quince de septiembre pasado dictó el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas en el juicio de origen; por lo tanto, han cesado los efectos de la omisión reclamada y resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado tal acto. Es preciso establecer que la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Por consiguiente, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas de esta misma data, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la fecha y hora señalada para tal efecto. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable mencionada en la constancia secretarial, rinde su INFORME JUSTIFICADO; con su contenido y anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, en términos de los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ..., carácter que se les reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerlo reconocido ante la autoridad responsable, como se aprecia de las constancias que adjuntan, en contra de los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 5°, 33 fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la misma, por los actos que fueron preciados en su escrito aclaratorio. Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número II-1055/2023-1. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Sin que haya lugar a formarse por cuerda separada los cuadernillos incidentales, por no haberlo solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable, su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del que reciba el oficio en el que se le solicita, el que podrá hacerlo por escrito, y en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora, en atención al acto reclamado que consiste en la omisión de la responsable de pronunciarse sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral de origen ... se estima que en este caso la contraparte del quejoso no tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que la omisión reclamada, también le afecta a esa parte, por lo cual no tiene un interés contrario a la parte quejosa. En el entendido que este juzgado de Distrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia 1°/J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUIDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMDO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Sin embargo, se considera que dejó de ser aplicable en la actualidad, pues interpreta la Ley de Amparo anterior y la nueva en su artículo 5, fracción III, inciso b) precisa la necesidad de la existencia de un interés adverso, para que pueda tener el carácter de tercero interesado antagonista de la parte quejosa lo cual, se reitera, no sucede en la especie, en tanto que el actor como la demandada esperan la pronta resolución de la controversia a la que son sometidos. Más aún que la reforma constitucional al artículo 17 constitucional de quince de septiembre de dos mil diecisiete y la interpretación que al respecto hizo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 16/2021, ordenó que debe privilegiarse la resolución del fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de la Materia, se admite la prueba instrumental de actuaciones que refiere la parte quejosa, misma que dada su propia y especial naturaleza, se tiene por desahogada y será tomada en consideración al resolver el juicio de amparo en que se actúa. En el entendido de que los hechos que narra la parte quejosa en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días en los términos precisados en párrafos que antecede. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a la autoridad señalada como responsable, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) sentencia de fondo; d) admisión de recursos de revisión y queja; y, e) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a las autoridades responsables que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, de la Ley de la Materia, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la autoridad responsable, que para rendir su informe, deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos que se le notifiquen, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que la autoridad responsable lo considere conveniente, proporcione su correo electrónico oficial a fin de que le sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Asimismo, hágase saber a la autoridad responsable que, para rendir su informe, deberá hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, autorizando para tal efecto a las personas que refiere. Notifíquese.
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