Susana Garcia Gonzalez

Expediente 1558/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1558/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Susana Garcia Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de queja contra el auto de cuatro de octubre del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Susana García González, contra actos del Juez Cuarto de Distrito del Decimoquinto Circuito en Mexicali, Baja California y otras autoridades. En consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese como asunto totalmente concluido. Por último, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente expediente no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el numeral 15 del citado acuerdo y es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción b), del mismo ordenamiento. Notifíquese.

  2. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa cuatro de octubre de dos mil veintidós. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Susana García González, contra actos del Juez Cuarto de Distrito del Decimoquinto Circuito en Mexicali, Baja California y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).con el número 1558/2022-5. Es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Desechamiento En el caso, se estima que sobreviene de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" La fracción trascrita establece claramente la improcedencia del juicio amparo en el que se señalen actos o resoluciones que precisamente correspondan a distinta instancia de control constitucional, o bien, sean derivados de la ejecución de aquéllos. Precisado lo anterior, conforme la lectura a la demanda y sus antecedes narrados bajo protesta de decir verdad, es posible advertir que los actos sobre los que se pretende esta instancia de control constitucional son: a) La falta de emplazamiento al juicio de amparo 516/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, promovido por Joel Alonso Martínez Rivera; b) El acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez Octavo del Ramo Civil de esta ciudad en el juicio especial mercantil 793/2016, en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de amparo 516/2021 por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado; y, c) La ejecución del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que se reclama al Actuario adscrito al Juzgado Octavo del Ramo Civil de esta ciudad. Pues bien, de acuerdo con lo relatado, como se adelantó, resulta improcedente el juicio de amparo que se pretende con la demanda de cuenta, en tanto que con ésta se pretende someter a control constitucional actuaciones que fueron sometidas precisamente a escrutinio de constitucionalidad, por lo que el juicio de amparo en modo alguno es viable sobre actuaciones o lo resuelto en distinto juicio de amparo. De igual forma, porque claramente se desprende que las actuaciones que se reclaman tanto al juzgador de lo civil de instancia como al actuario de su adscripción, son derivadas del acato que dichas autoridades emiten en cumplimiento a la sentencia dictada en el sumario constitucional 516/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado. Sobre lo anterior, resulta orientadora la tesis XII.1o.4 K del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 21Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 305, Novena Época, Registro digital: 203421, que señala: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." En tales condiciones, al ser manifiesta, notoria e indudable la causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Sin que la presente determinación implique hacer pronunciamiento alguno sobe el derecho alegado por la promovente, toda vez que queda expedito para que inste su defensa ante la instancia y a través de la acción correspondiente, en términos del artículo 17 constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, Décima Época, Registro digital: 2018315, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Domicilio y autorizados Se tiene al quejoso designando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Eustolio Ignacio Honold Guajardo Domínguez, Cecilia Rivera Montoya, Carlos Iván Ramírez Oyarzabal, Miguel Ángel Ledezma Gómez, Héctor López López y Everardo Estrada Armenta, así como únicamente oír y recibir notificaciones a Rosa María Liliana Sánchez Velásquez, en virtud de no haberse encontrado registro de su cédula profesional en el Sistema habilitado para ello, y para el mismo efecto a la persona que menciona en su ocurso. Exhortación al uso de medios electrónicos No obstante, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, dada la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se exhorta a las partes del que de ser posible realicen las gestiones y solicitudes conducentes con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente, es decir, utilizando los medios electrónicos, debido a la situación de emergencia de salud pública por el citado virus. Asimismo, para que propongan formas expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales sea posible entablar comunicaciones no procesales que serán susceptibles de registro. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el diligenciario de la adscripción efectúe las mismas. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener.

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