Subsecretaria del Sistema Penitenciario de Ciudad de Mexico

Expediente 574/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
574/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Subsecretaria del Sistema Penitenciario de Ciudad de Mexico
  • Gerardo Humberto Gracida Varela

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, siete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada por ese Tribunal, dentro de la inconformidad 15/2021, promovido por el quejoso, en el que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de inconformidad planteado."

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Demanda. Vista la demanda de amparo que promueve **************, contra actos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente con el número 574/2021-7, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora, no obstante que la demanda que se provee carece de firma electrónica, en atención a que el acto que señaló la parte quejosa se encuentra previsto en el artículo 15 de la Ley de amparo, se tiene que el presente asunto amerita un trámite "urgente"; en consecuencia, se procede a proveer al respecto, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la materia. Improcedencia de suspensión de plano Conviene precisar que el acto de autoridad motivo de la demanda consiste en la orden por la que se trasladó al quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a la penitenciaría de la Ciudad de México (Santa Martha Acatitla), y contra el cual se solicita la medida suspensional de oficio y de plano. Además, que ello se reclama a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (R.P.V.O.) y sus representantes, así como al Comité Técnico de dicho Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Precisado lo anterior, resulta improcedente decretar suspensión de plano toda vez que la orden de traslado no constituye acto fuera de procedimiento que atente contra la libertad del quejoso, de modo que actualmente no amerita la referida medida suspensional. Por supuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, estableció que si bien anteriormente el mandamiento de traslado era considerado como un acto que por su trascendencia contra la libertad ameritaba que el juzgador de amparo ordenara su suspensión de oficio y plano, tal condición dejó de tener justificación en la medida que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé regulación respecto de traslados, de manera que debe atenderse a las formalidades para su control por parte de la autoridad judicial, siendo hasta ese momento que podrá hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Consideraciones que derivaron en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital 2023063, que establece: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Consecuentemente, no obstante la petición de la suspensión de oficio y de plano, por las razones expuestas, tal medida resulta improcedente. Incompetencia Al margen de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de legal competencia para conocer de la demanda de amparo que se promueve en favor de Gerardo Humberto Gracida Varela, toda vez que en la misma se refiere a la orden de traslado que se ejecutó en la Ciudad de México, por autoridades con residencia en esa ciudad. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo especifica las reglas de competencia en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El numeral transcrito indica la "ejecución material", como criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por tanto, esa expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material; esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en tanto que establece una orden, un mandato, o prohibición para realizar algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Las reglas a que se refiere dicho numeral son las que se indican a continuación: 1. Cuando el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; 2. Si el acto o resolución reclamada requiere ejecución material, es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y, 3. Si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Bajo ese contexto, en el escrito de demanda, el promovente aduce que la orden de traslado reclamada se ordenó y ejecutó por autoridades adscritas a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y centro de reclusión que tienen residencia en la Ciudad de México; asimismo, se advierte que el traslado del quejoso se realizó desde el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente con destino a la Penitenciaría Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México (Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla), ambos dentro de los límites territoriales de la referida Ciudad de México. De lo que es factible concluir, conforme las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, que el acto reclamado tuvo ejecución en la Ciudad de México, lo que en modo alguno puede apartarse o disociarse a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 32 (Registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, como se adelantó, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo multicitada. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 225, Novena Época, Registro digital: 169343, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." Criterio jurisprudencial que si bien parte del análisis al artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables por cuanto el contenido del actual numeral 37 de la ley de referencia vigente, es similar. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Primero de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que promueve Gerardo Humberto Gracida Varela, por conducto de Marco Antonio Salazar Gracida, por lo que se declina la misma en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México. Consecuentemente, remítase al indicado órgano la demanda referida, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme; solicítese respetuosamente para que dentro del plazo previsto en el citado artículo 48 de la ley de la materia, envíe el acuse de recibo correspondiente y comunique su determinación. Exhorto. En virtud de que el solicitante de amparo se encuentra recluido en el Penitenciaría Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México (Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla), aunado a que se señala ese lugar para notificarlo, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; con fundamento en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, gírese atento exhorto con los insertos necesarios vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en turno, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a un actuario de su adscripción a efecto de que se constituya al lugar de reclusión del quejoso Gerardo Humberto Gracida Varela y notifique el presente proveído. De igual manera, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Federal, que impone al suscrito el cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con base en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se le faculta para habilitar los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de su adscripción pueda efectuar la notificación. Exhortación al uso de medios electrónicos Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, dada la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se exhorta a las partes que de ser posible realicen las gestiones y solicitudes conducentes con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente, es decir, utilizando los medios electrónicos, debido a la situación de emergencia de salud pública por el citado virus. Asimismo, para que propongan formas expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales sea posible entablar comunicaciones no procesales que serán susceptibles de registro. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener.

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