Sulay Elena Mazo Jaramillo
Expediente 1428/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1428/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Sulay Elena Mazo Jaramillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mexicali, Baja California, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
Mexicali, Baja California, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta firmado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido por este juzgado, informa que en trece de septiembre de dos mil veintidós, se otorgó documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas a las quejosas Sulay Elena Mazo Jaramillo y Deycy Yomara Ramírez García, por lo cual ya no se encuentran en las instalaciones de dicha estación migratoria, anexando copia certificada de los referidos documentos, para constancia. De las copias certificadas que anexó se desprende el "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre de las quejosas Sulay Elena Mazo Jaramillo y Deycy Yomara Ramírez García, por tanto, ha sobrevenido la causal prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica que implica que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, como a continuación se verá, por lo que deberá desecharse la demanda de amparo. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, en el caso concreto, las quejosas reclaman, en esencia, su detención y alojamiento en la estación migratoria de esta ciudad y, como consecuencia de ello, su incomunicación y posible traslado a diversa estación migratoria. Luego, si bien es cierto en autos está acreditado que las quejosas fueron detenidas por autoridades migratorias y alojadas temporalmente en la estación migratoria de Tijuana, Baja California; también es cierto que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, consistente en copia certificada del "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre de las quejosas Sulay Elena Mazo Jaramillo y Deycy Yomara Ramírez García, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículo 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el trece de septiembre de dos mil veintidós se les otorgó a las quejosas un documento que le permitió salir de la estación migratoria y continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer en esas instalaciones. Asimismo, del pronunciamiento respectivo no se advierte que se haya ordenado el retorno asistido o la deportación de la parte quejosa a su lugar de origen. Por tanto, es claro que, con motivo de la determinación de trece de septiembre de dos mil veintidós, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por la parte quejosa generada con motivo de la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias, de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que los actos reclamados emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio. Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el trece de septiembre de dos mil veintidós, se permitió a las quejosas continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer alojadas en la estación migratoria, de modo que se modificó la situación en que se ubicaba las quejosas respecto de la forma en que llevará el procedimiento administrativo migratorio. Entonces, tomando en consideración que las violaciones que se aducen en este juicio de amparo derivan de la detención y el alojamiento en la estación migratoria, es claro que no podría decidirse sobre dichas cuestiones sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque la determinación de trece de septiembre de dos mil veintidós sustituyeron la decisión preliminar en la que -entre otras cuestiones- se ordenó la presentación de la parte quejosa y su alojamiento en la estación migratoria durante el trámite administrativo correspondiente y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones aquí reclamadas. Finalmente, se estima que entre la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias y la determinación de trece de septiembre de dos mil veintidós, existe autonomía. Ello es así, ya que no concurre entre ellos una relación causa-efecto, pues la última determinación se emitió al actualizarse la hipótesis del artículo 102 de la Ley de Migración, en la que se valoraron las circunstancias particulares de la parte quejosa para establecer si era posible o no proseguir su procedimiento administrativo migratorio sin necesidad de permanecer alojada en las instalaciones de la autoridad responsable, de modo que esta última decisión puede subsistir, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, respecto de la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Mexicali, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio 36668/2022 dirigido al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Tijuana, Baja California, se requirió para que en el término de veinticuatro horas contados a partir de que recibiera el oficio respectivo, remitiera copia certificada de las constancias relativas al procedimiento administrativo migratorio que inició respecto de las quejosas Sulay Elena Mazo Jaramillo y Deycy Yomara Ramírez García; asimismo, en caso de contar con un domicilio correcto y actual lo proporcionara. De igual manera, de la certificación de cuenta, se desprende que el treinta de diciembre de dos mil veintidós, fue recibido el oficio dirigido a la autoridad responsable en comento, ya que al realizarse la búsqueda del mismo en la página de internet https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, de la empresa "ESTAFETA", el cual cuenta con el código de rastreo 3212585577, se advierte que fue entregado en dicha fecha. Por lo tanto, toda vez que hasta el momento no se cuenta con la información solicitada, requiérase nuevamente al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Tijuana, Baja California, a fin de que en el término de veinticuatro horas contado a partir de que reciba el oficio respectivo, remita copia certificada de las constancias relativas al procedimiento administrativo migratorio que inició respecto de las quejosas Sulay Elena Mazo Jaramillo y Deycy Yomara Ramírez García; asimismo, en caso de contar con un domicilio correcto y actual lo proporcione. Apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigentes.
- Principal
Mexicali, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio 36668/2022 dirigido al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Tijuana, Baja California, se requirió para que en el término de veinticuatro horas contados a partir de que recibiera el oficio respectivo, remitiera copia certificada de las constancias relativas al procedimiento administrativo migratorio que inició respecto de las quejosas ******************** y ********************; asimismo, en caso de contar con un domicilio correcto y actual lo proporcionara. De igual manera, de la certificación de cuenta, se desprende que el treinta de diciembre de dos mil veintidós, fue recibido el oficio dirigido a la autoridad responsable en comento, ya que al realizarse la búsqueda del mismo en la página de internet https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, de la empresa "ESTAFETA", el cual cuenta con el código de rastreo ********************, se advierte que fue entregado en dicha fecha. Por lo tanto, toda vez que hasta el momento no se cuenta con la información solicitada, requiérase nuevamente al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Tijuana, Baja California, a fin de que en el término de veinticuatro horas contado a partir de que reciba el oficio respectivo, remita copia certificada de las constancias relativas al procedimiento administrativo migratorio que inició respecto de las quejosas ******************** y ********************; asimismo, en caso de contar con un domicilio correcto y actual lo proporcione. Apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigentes.
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