Susana Evelia Currilla Ramos

Expediente 611/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
611/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Susana Evelia Currilla Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 611/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizaron las partes mediante escritos recibidos el tres y cuatro de los corrientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa SUSANA EVELIA CURRILLA RAMOS, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada bajo las siglas F.R.C., para el efecto siguiente: "(.) para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 631/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Fernando Ramos Utrera, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional y revocó la medida cautelar decretada y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Valore de manera íntegra y correcta el recibo de nómina electrónico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sello digital del CFDI, así como de la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno signada por la Dra. Elizabeth Acosta Romero. b) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico. c) En caso de que así lo considere, exponga los motivos y razones por las cuales concluya que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del acreedor alimentario Susana Evelia Currilla Ramos, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Además con relación a la medida cautelar relativa al uso y disfrute del domicilio conyugal ubicado en Mar Negro número quince del fraccionamiento Dram Lagoons de Veracruz, Veracruz, realice su estudio con base en una perspectiva de género por encontrarse involucrada una relación asimétrica. (...)" En proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de treinta y uno de enero del año en curso, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 112/2022 el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de diez de enero de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de ocho de julio de dos mil veintiuno (acto reclamado) mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos interpuesto por Fernando Ramos Utrera (tercero interesado) derivado del juicio ordinario civil 631/2021 de su índice. Asimismo, con libertad de jurisdicción procedió a analizar el asunto con perspectiva de género como método analítico, tomando en consideración los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, consistentes en que la autoridad responsable debía cerciorarse de: Por cuanto hace al recurso de reclamación interpuesto por Fernando Ramos Utrera (tercero interesado): a) Que el recibo de nómina electrónico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sello digital del CFDI, correspondiente a la primera quincena de agosto de dos mil veinte, tuviera vigencia al día en que emite su resolución, de tal forma que se pueda acreditar con un grado de certeza que los datos sean verídicos en esta temporalidad. En relación a ello, la autoridad responsable determinó que quedó acreditado la asimetría que existe entre los conyugues (Susana Evelia Currilla Ramos y Fernando Ramos Utrera) ya que el encargado del sostenimiento económico de su familia lo ha venido siendo el demandado, quién se dedica en tiempo completo al desarrollo de su profesión en dos lugares distintos, de donde obtiene ingresos propios, a diferencia de la aquí accionante, quién es la persona encargada del hogar, así como del cuidado de su familia, ya que en el día veintiocho de marzo del año dos mil veinte, nació su hijo de identidad reservada, que el inmueble que habita fue proporcionado por su cónyuge; así, mientras el demandado se desarrolla en el ámbito laboral la actora tiene que desarrollar actividades en su hogar que no le reditúan ingreso, habiendo un desequilibrio económico. Ahora, tomó en consideración, que el demandado expuso que su contraria realiza actividades del Instituto Mexicano del Seguro Social, exhibiendo para ello un recibo de nómina expedido por esa dependencia, mismo que cuenta con su sello digital CFDI, no obstante, como se trataba de una documental de fecha anterior al juicio de origen, al ser de la primera quincena del mes de agosto de dos mil veinte, no tenía la certeza que la misma se encontrara vigente, ni la encontró adminiculada con alguna otra documental para que pueda acreditarse con un grado de certeza que los datos sean verídicos en esa temporalidad. Así, no encontró acreditado que la quejosa obtenga ingresos propios como profesionista en el área de salud dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, máxime que constato de autos, quien ha venido siendo el encargado del sostenimiento económico de su familia lo ha sido el demandado. b) Exponer, por qué considera que a pesar de contar con seguro social por su fuente de trabajo, la quejosa acude a consultas con particulares, lo que le genera gastos, ello, al momento de valorar la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, signada por la Doctora Elizabeth Acosta Romero. Al respecto, el juez responsable analizó que la actora tiene la necesidad del rubro de atención médica, para atender cuestiones inherentes a su salud, al tener que acudir con médicos privados, esto es, asiste a terapias psicológicas con la Doctora Elizabeth Acosta Romero, derivado de enterarse de la relación que tiene su cónyuge con una diversa persona, con quien procreó un hijo, lo que le ha venido ocasionando consecuencias de salud mental, teniendo como prueba para acreditar ello, su escrito de desahogo de vista y una constancia de fotocopia simple de cuatro de junio de dos mil veintiuno, a la que otorgó valor probatorio conforme a lo establecido por los artículos 210, 235, fracción VII, 330 de la Ley Procesal Civil, considerando que dicha situación incrementa los gastos de la parte quejosa. c) Respecto a la ponderación de los elementos de la proporcionalidad alimentaria, respecto de la aquí quejosa Susana Evelia Currilla Ramos; es decir, exponer los motivos o razones que lo llevaron a concluir por qué el porcentaje resulta suficiente para sufragar las necesidades de la parte quejosa, responsable procedió a verificar los ingresos que obtiene el demandado en la Secretaría de Mariana y Armada de México, constatando con el certificado de percepciones y deducciones expedido por el Capitán de Corbeta SSN del Hospital Naval de Antón Lizardo, de dicha dependencia, al que otorgó valor probatorio pleno atento a lo establecido por los diversos 210, 235 fracción III, 239, 334 y 337 de la Ley Procesal Civil, que el alcance liquido mensual que le queda es en razón de $22,402.77 (veintidós mil cuatrocientos dos pesos 77/100 Moneda Nacional), después de tener un total de deducciones de $5,044.75 (cinco mil cuarenta y cuatro pesos 75/100 moneda nacional), sin que estas las tome en consideración para disminuir la pensión alimenticia otorgada, en virtud que corresponden a deducciones personales y de su fuente de trabajo. Además, tuvo en cuenta que el demandado tiene otro acreedor alimentario menor de edad, de quien exhibió copia certificada del acta de nacimiento número ciento veintisiete de ocho de enero de dos mil veintiuno, expedido por el Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, al que concedió valor probatorio pleno conforme a lo que establece los diversos 210, 235, fracción II, 261 fracción IV, de la Ley Procesal Civil, con presunción de ser alimentado por su padre. No obstante, estableció que dicha circunstancia ya se conocía cuando se estableció la pensión alimenticia provisional, máxime que no ofreció ningún medio de convicción relativo a que los gatos por el citado acreedor menor de edad se contrapongan con la pensión establecida en el juicio de origen. En atención a lo anterior, determinó que la pensión alimenticia provisional no es desproporcional a su capacidad económica, sin que pudiera establecer cuál es el entorno social en el que se desenvuelven los acreedores alimentarios, ni el deudor, ni así sus costumbres o demás particularidades de la familia, al no contar con los suficientes elementos de prueba para poder determinarlo. Por tanto, resolvió improcedente la reclamación planteada por el demandado y, confirmó el monto de la pensión alimentaria fijada en el auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Por otro lado, en lo relativo al recurso de Fernando Ramos Utrera (tercero interesado) en contra de la medida cautelar relativa al uso y disfrute del domicilio conyugal, ubicado en Mar Negro número quince del fraccionamiento Dream Lagoons de Veracruz, Veracruz, a favor de Susana Evelia Currilla Ramos y su menor hijo de identidad reservada de inciales F.R.C., así como la salida del demandado: 1) Para determinar sí la actora Susana Evelia Currilla Ramos, presenta síntomas de violencia física, moral o sexual, debería existir estudios psicológicos y médicos que así lo determine, así como si fue o no causados por parte del demandado Fernando Ramos Utrera, ya que haber procreado un hijo con diversa persona en la temporalidad en que ella también había gestado aun cuando eran hechos pasados podrían haber dejado repercusiones mentales. En primer lugar, advirtió que la actora manifestó ser objeto de violencia psicológica por parte del demandado, así como el temor a su carácter explosivo y violento, por lo que, no podía dejar de atender el hecho de probables actos de violencia ocasionados a una mujer, observando su deber de erradicarlos aplicando las medidas cautelares necesarias, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, salvaguardando sus derechos, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém Do Pará", en sus artículos 1, 2, 3, 7 y demás aplicables. Ahora, justipreció que si bien, cuenta con los estudios psicológicos que le fueron practicados por la psicóloga Marisol Barradas Lagunes, el diez de mayo de dos mil veintiuno, en que se determinó que cuenta con madurez mental acorde a su edad cronológica sin alteraciones neurológicas, de acuerdo a su personalidad es alguien con carácter tranquilo y estable, buena capacidad de adaptabilidad y extrovertido, con ciertas irregularidades que repercuten a nivel emocional, teniendo un cuadro depresivo, estrés y desilusión, lo cual lo tiene preocupado, que a nivel familiar, refleja problemas en su relación, frustrado y sensible por las limitaciones físicas y emocionales que se encuentra viviendo con su hijo; aunado, a que constató que el demandado se le ha reconocido su desempeño como profesional en el área de salud, dada la atención que le ha brindado a los derechohabientes, militares y demás usuarios del hospital. Lo cierto es, que a consideración de la autoridad responsable, las pruebas que fueron ofertadas por el recurrente, no fueron el medio idóneo para tener por constatado que la accionante no presente síntomas de violencia física, moral o sexual, ya que no consta que se le hubieran practicado a la actora estudios psicológicos y médicos que así lo determinen, sin que soslayara el hecho de que la actora tiene conocimiento que su cónyuge mantenía una relación con persona diversa y que de la misma procreó un hijo. Así, esa circunstancia llevó a la actora a acudir a terapias psicológicas, lo que tradujo en una afectación psicológica propiciada por una conducta de su cónyuge, que deriva en una violencia psíquica y moral, encontrando un plano de desigualdad para la quejosa, al no haberse respetado su dignidad como esposa ni así la finalidad del matrimonio, por lo que, la presencia del demandado en el domicilio conyugal sería perjudicial para la salud del accionante; además, valoró que la quejosa no cuenta con familia en esta Ciudad, ya que ella es originaria de la Ciudad de México, que el único domicilio que tiene para habitar es el que le fue proporcionado por su cónyuge. En relatadas condiciones, resolvió improcedente el recurso en contra de la medida cautelar decretada, quedando intocada, consistente en la orden relativa a la salida de Fernando Ramos Utrera, del domicilio conyugal situado en Mar Negro número quince del Fraccionamiento Dreams Laggons, en Veracruz, Veracruz, la separación de los cónyuges, así como el uso y disfrute del domicilio a favor de Susana Evelia Currilla Ramos y su hijo menor de edad de identidad reservada. Por último, el juez responsable con fundamento en los artículos 225 y 226 de la Ley Procesal Civil, ordenó la realización de estudios psicológicos a Susana Evelia Currilla Ramos y Fernando Ramos Utrera, para lo cual, giro oficio al Director del Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz, Veracruz (DIF). De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 631/2021 de su índice, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Fernando Ramos Utrera y, en su lugar, dictó otra con plenitud de jurisdicción, en la que valoró la manera íntegra y correcta el recibo de nómina electrónico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sello digital del CFDI, así como de la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno signada por la Dra. Elizabeth Acosta Romero, analizando el asunto con perspectiva de género como método analítico. Además al momento de resolver la medida cautelar relativa al uso y disfrute del domicilio conyugal, ubicado en Mar Negro número quince del fraccionamiento Dream Lagoons de Veracruz, Veracruz, realizó su estudio con base en una perspectiva de género por encontrarse involucrada una relación asimétrica. En otro aspecto, al analizar oficio 625/2022 signado por el Juez de lo Familiar, relativo al juicio ordinario civil 1150/2021 relativo al divorcio incausado promovido por Fernando Ramos Utrera, al cual se anexó copia certificada de la audiencia prevista por los numerales 142 y 143 del Código Civil de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, de la cual se aprecia la presencia de las partes a fin de ratificar el convenio celebrado en los mismos, el cual se anexó en el presente asunto, así como de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno dictada en dicho expediente, de la cual se advierte que el juez resolvió procedente la vía sumaria del divorcio sin expresión de causa, declarando la disolución del vínculo matrimonial entre la aquí quejosa y el tercero interesado. Igualmente, determinó que una vez que alcance firmeza dicha determinación se deberá notificar a la fuente pagadora que deberá dejar sin efectos los descuentos realizados al demandado Fernando Ramos Utrera, consistentes en el 40% para en su lugar descontar 30% que percibe por salario de demás prestaciones. Ahora al analizar el auto de diez de enero de dos mil veintidós, el cual se anexó en copia certificada, se desprende la manifestación del juez familiar en términos del artículo 338 fracción I del Cogido de Procedimientos Civiles, declarando firme la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el referido expediente juicio ordinario civil 1150/2021 de su índice. Sin que pase inadvertido el contenido de la copia certificada del auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, del cual se advierte la orden de revocar el auto de diez de enero del año en curso, dejando sin efectos el acuerdo que ordena declarar que la sentencia ha quedado firme, para en su lugar dar trámite a los escrito presentado por el abogado de la aquí quejosa, en el cual se le tiene interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, así como autorizados y domicilio en el la ciudad de Xalapa, Veracruz. En ese orden de ideas, se aprecia que efecto de actualizar el supuesto identificado en el artículo 214 de la Ley de Amparo, relativo a la imposibilidad material para la ejecución de la sentencia de amparo, resultó improcedente, toda vez que el convenio celebrado entre las partes del presente asunto, debidamente ratificado ante autoridad judicial y resuelto en sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1150/2021 de su índice, a la presente fecha se encuentra subyudice ante el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que pase inadvertido para el suscrito las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, mediante escrito de tres de los corrientes, toda vez que las mismas van encaminadas a lo resuelto en párrafos que antecede, así como las vertidas por el tercero interesado, mediante ocurso de cuatro de los corrientes, pues contrario a ello, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la Superioridad que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizaron las partes mediante escritos recibidos el tres y cuatro de los corrientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa SUSANA EVELIA CURRILLA RAMOS, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada bajo las siglas F.R.C., para el efecto siguiente: "(.) para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 631/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Fernando Ramos Utrera, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional y revocó la medida cautelar decretada y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Valore de manera íntegra y correcta el recibo de nómina electrónico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sello digital del CFDI, así como de la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno signada por la Dra. Elizabeth Acosta Romero. b) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico. c) En caso de que así lo considere, exponga los motivos y razones por las cuales concluya que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del acreedor alimentario Susana Evelia Currilla Ramos, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Además con relación a la medida cautelar relativa al uso y disfrute del domicilio conyugal ubicado en Mar Negro número quince del fraccionamiento Dram Lagoons de Veracruz, Veracruz, realice su estudio con base en una perspectiva de género por encontrarse involucrada una relación asimétrica. (...)" En proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de treinta y uno de enero del año en curso, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 112/2022 el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de diez de enero de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de ocho de julio de dos mil veintiuno (acto reclamado) mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos interpuesto por Fernando Ramos Utrera (tercero interesado) derivado del juicio ordinario civil 631/2021 de su índice. Asimismo, con libertad de jurisdicción procedió a analizar el asunto con perspectiva de género como método analítico, tomando en consideración los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, consistentes en que la autoridad responsable debía cerciorarse de: Por cuanto hace al recurso de reclamación interpuesto por Fernando Ramos Utrera (tercero interesado): a) Que el recibo de nómina electrónico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sello digital del CFDI, correspondiente a la primera quincena de agosto de dos mil veinte, tuviera vigencia al día en que emite su resolución, de tal forma que se pueda acreditar con un grado de certeza que los datos sean verídicos en esta temporalidad. En relación a ello, la autoridad responsable determinó que quedó acreditado la asimetría que existe entre los conyugues (Susana Evelia Currilla Ramos y Fernando Ramos Utrera) ya que el encargado del sostenimiento económico de su familia lo ha venido siendo el demandado, quién se dedica en tiempo completo al desarrollo de su profesión en dos lugares distintos, de donde obtiene ingresos propios, a diferencia de la aquí accionante, quién es la persona encargada del hogar, así como del cuidado de su familia, ya que en el día veintiocho de marzo del año dos mil veinte, nació su hijo de identidad reservada, que el inmueble que habita fue proporcionado por su cónyuge; así, mientras el demandado se desarrolla en el ámbito laboral la actora tiene que desarrollar actividades en su hogar que no le reditúan ingreso, habiendo un desequilibrio económico. Ahora, tomó en consideración, que el demandado expuso que su contraria realiza actividades del Instituto Mexicano del Seguro Social, exhibiendo para ello un recibo de nómina expedido por esa dependencia, mismo que cuenta con su sello digital CFDI, no obstante, como se trataba de una documental de fecha anterior al juicio de origen, al ser de la primera quincena del mes de agosto de dos mil veinte, no tenía la certeza que la misma se encontrara vigente, ni la encontró adminiculada con alguna otra documental para que pueda acreditarse con un grado de certeza que los datos sean verídicos en esa temporalidad. Así, no encontró acreditado que la quejosa obtenga ingresos propios como profesionista en el área de salud dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, máxime que constato de autos, quien ha venido siendo el encargado del sostenimiento económico de su familia lo ha sido el demandado. b) Exponer, por qué considera que a pesar de contar con seguro social por su fuente de trabajo, la quejosa acude a consultas con particulares, lo que le genera gastos, ello, al momento de valorar la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, signada por la Doctora Elizabeth Acosta Romero. Al respecto, el juez responsable analizó que la actora tiene la necesidad del rubro de atención médica, para atender cuestiones inherentes a su salud, al tener que acudir con médicos privados, esto es, asiste a terapias psicológicas con la Doctora Elizabeth Acosta Romero, derivado de enterarse de la relación que tiene su cónyuge con una diversa persona, con quien procreó un hijo, lo que le ha venido ocasionando consecuencias de salud mental, teniendo como prueba para acreditar ello, su escrito de desahogo de vista y una constancia de fotocopia simple de cuatro de junio de dos mil veintiuno, a la que otorgó valor probatorio conforme a lo establecido por los artículos 210, 235, fracción VII, 330 de la Ley Procesal Civil, considerando que dicha situación incrementa los gastos de la parte quejosa. c) Respecto a la ponderación de los elementos de la proporcionalidad alimentaria, respecto de la aquí quejosa Susana Evelia Currilla Ramos; es decir, exponer los motivos o razones que lo llevaron a concluir por qué el porcentaje resulta suficiente para sufragar las necesidades de la parte quejosa, responsable procedió a verificar los ingresos que obtiene el demandado en la Secretaría de Mariana y Armada de México, constatando con el certificado de percepciones y deducciones expedido por el Capitán de Corbeta SSN del Hospital Naval de Antón Lizardo, de dicha dependencia, al que otorgó valor probatorio pleno atento a lo establecido por los diversos 210, 235 fracción III, 239, 334 y 337 de la Ley Procesal Civil, que el alcance liquido mensual que le queda es en razón de $22,402.77 (veintidós mil cuatrocientos dos pesos 77/100 Moneda Nacional), después de tener un total de deducciones de $5,044.75 (cinco mil cuarenta y cuatro pesos 75/100 moneda nacional), sin que estas las tome en consideración para disminuir la pensión alimenticia otorgada, en virtud que corresponden a deducciones personales y de su fuente de trabajo. Además, tuvo en cuenta que el demandado tiene otro acreedor alimentario menor de edad, de quien exhibió copia certificada del acta de nacimiento número ciento veintisiete de ocho de enero de dos mil veintiuno, expedido por el Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, al que concedió valor probatorio pleno conforme a lo que establece los diversos 210, 235, fracción II, 261 fracción IV, de la Ley Procesal Civil, con presunción de ser alimentado por su padre. No obstante, estableció que dicha circunstancia ya se conocía cuando se estableció la pensión alimenticia provisional, máxime que no ofreció ningún medio de convicción relativo a que los gatos por el citado acreedor menor de edad se contrapongan con la pensión establecida en el juicio de origen. En atención a lo anterior, determinó que la pensión alimenticia provisional no es desproporcional a su capacidad económica, sin que pudiera establecer cuál es el entorno social en el que se desenvuelven los acreedores alimentarios, ni el deudor, ni así sus costumbres o demás particularidades de la familia, al no contar con los suficientes elementos de prueba para poder determinarlo. Por tanto, resolvió improcedente la reclamación planteada por el demandado y, confirmó el monto de la pensión alimentaria fijada en el auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Por otro lado, en lo relativo al recurso de Fernando Ramos Utrera (tercero interesado) en contra de la medida cautelar relativa al uso y disfrute del domicilio conyugal, ubicado en Mar Negro número quince del fraccionamiento Dream Lagoons de Veracruz, Veracruz, a favor de Susana Evelia Currilla Ramos y su menor hijo de identidad reservada de inciales F.R.C., así como la salida del demandado: 1) Para determinar sí la actora Susana Evelia Currilla Ramos, presenta síntomas de violencia física, moral o sexual, debería existir estudios psicológicos y médicos que así lo determine, así como si fue o no causados por parte del demandado Fernando Ramos Utrera, ya que haber procreado un hijo con diversa persona en la temporalidad en que ella también había gestado aun cuando eran hechos pasados podrían haber dejado repercusiones mentales. En primer lugar, advirtió que la actora manifestó ser objeto de violencia psicológica por parte del demandado, así como el temor a su carácter explosivo y violento, por lo que, no podía dejar de atender el hecho de probables actos de violencia ocasionados a una mujer, observando su deber de erradicarlos aplicando las medidas cautelares necesarias, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, salvaguardando sus derechos, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém Do Pará", en sus artículos 1, 2, 3, 7 y demás aplicables. Ahora, justipreció que si bien, cuenta con los estudios psicológicos que le fueron practicados por la psicóloga Marisol Barradas Lagunes, el diez de mayo de dos mil veintiuno, en que se determinó que cuenta con madurez mental acorde a su edad cronológica sin alteraciones neurológicas, de acuerdo a su personalidad es alguien con carácter tranquilo y estable, buena capacidad de adaptabilidad y extrovertido, con ciertas irregularidades que repercuten a nivel emocional, teniendo un cuadro depresivo, estrés y desilusión, lo cual lo tiene preocupado, que a nivel familiar, refleja problemas en su relación, frustrado y sensible por las limitaciones físicas y emocionales que se encuentra viviendo con su hijo; aunado, a que constató que el demandado se le ha reconocido su desempeño como profesional en el área de salud, dada la atención que le ha brindado a los derechohabientes, militares y demás usuarios del hospital. Lo cierto es, que a consideración de la autoridad responsable, las pruebas que fueron ofertadas por el recurrente, no fueron el medio idóneo para tener por constatado que la accionante no presente síntomas de violencia física, moral o sexual, ya que no consta que se le hubieran practicado a la actora estudios psicológicos y médicos que así lo determinen, sin que soslayara el hecho de que la actora tiene conocimiento que su cónyuge mantenía una relación con persona diversa y que de la misma procreó un hijo. Así, esa circunstancia llevó a la actora a acudir a terapias psicológicas, lo que tradujo en una afectación psicológica propiciada por una conducta de su cónyuge, que deriva en una violencia psíquica y moral, encontrando un plano de desigualdad para la quejosa, al no haberse respetado su dignidad como esposa ni así la finalidad del matrimonio, por lo que, la presencia del demandado en el domicilio conyugal sería perjudicial para la salud del accionante; además, valoró que la quejosa no cuenta con familia en esta Ciudad, ya que ella es originaria de la Ciudad de México, que el único domicilio que tiene para habitar es el que le fue proporcionado por su cónyuge. En relatadas condiciones, resolvió improcedente el recurso en contra de la medida cautelar decretada, quedando intocada, consistente en la orden relativa a la salida de Fernando Ramos Utrera, del domicilio conyugal situado en Mar Negro número quince del Fraccionamiento Dreams Laggons, en Veracruz, Veracruz, la separación de los cónyuges, así como el uso y disfrute del domicilio a favor de Susana Evelia Currilla Ramos y su hijo menor de edad de identidad reservada. Por último, el juez responsable con fundamento en los artículos 225 y 226 de la Ley Procesal Civil, ordenó la realización de estudios psicológicos a Susana Evelia Currilla Ramos y Fernando Ramos Utrera, para lo cual, giro oficio al Director del Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz, Veracruz (DIF). De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 631/2021 de su índice, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Fernando Ramos Utrera y, en su lugar, dictó otra con plenitud de jurisdicción, en la que valoró la manera íntegra y correcta el recibo de nómina electrónico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sello digital del CFDI, así como de la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno signada por la Dra. Elizabeth Acosta Romero, analizando el asunto con perspectiva de género como método analítico. Además al momento de resolver la medida cautelar relativa al uso y disfrute del domicilio conyugal, ubicado en Mar Negro número quince del fraccionamiento Dream Lagoons de Veracruz, Veracruz, realizó su estudio con base en una perspectiva de género por encontrarse involucrada una relación asimétrica. En otro aspecto, al analizar oficio 625/2022 signado por el Juez de lo Familiar, relativo al juicio ordinario civil 1150/2021 relativo al divorcio incausado promovido por Fernando Ramos Utrera, al cual se anexó copia certificada de la audiencia prevista por los numerales 142 y 143 del Código Civil de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, de la cual se aprecia la presencia de las partes a fin de ratificar el convenio celebrado en los mismos, el cual se anexó en el presente asunto, así como de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno dictada en dicho expediente, de la cual se advierte que el juez resolvió procedente la vía sumaria del divorcio sin expresión de causa, declarando la disolución del vínculo matrimonial entre la aquí quejosa y el tercero interesado. Igualmente, determinó que una vez que alcance firmeza dicha determinación se deberá notificar a la fuente pagadora que deberá dejar sin efectos los descuentos realizados al demandado Fernando Ramos Utrera, consistentes en el 40% para en su lugar descontar 30% que percibe por salario de demás prestaciones. Ahora al analizar el auto de diez de enero de dos mil veintidós, el cual se anexó en copia certificada, se desprende la manifestación del juez familiar en términos del artículo 338 fracción I del Cogido de Procedimientos Civiles, declarando firme la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el referido expediente juicio ordinario civil 1150/2021 de su índice. Sin que pase inadvertido el contenido de la copia certificada del auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, del cual se advierte la orden de revocar el auto de diez de enero del año en curso, dejando sin efectos el acuerdo que ordena declarar que la sentencia ha quedado firme, para en su lugar dar trámite a los escrito presentado por el abogado de la aquí quejosa, en el cual se le tiene interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, así como autorizados y domicilio en el la ciudad de Xalapa, Veracruz. En ese orden de ideas, se aprecia que efecto de actualizar el supuesto identificado en el artículo 214 de la Ley de Amparo, relativo a la imposibilidad material para la ejecución de la sentencia de amparo, resultó improcedente, toda vez que el convenio celebrado entre las partes del presente asunto, debidamente ratificado ante autoridad judicial y resuelto en sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1150/2021 de su índice, a la presente fecha se encuentra subyudice ante el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que pase inadvertido para el suscrito las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, mediante escrito de tres de los corrientes, toda vez que las mismas van encaminadas a lo resuelto en párrafos que antecede, así como las vertidas por el tercero interesado, mediante ocurso de cuatro de los corrientes, pues contrario a ello, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la Superioridad que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizaron las partes mediante escritos recibidos el tres y cuatro de los corrientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa SUSANA EVELIA CURRILLA RAMOS, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada bajo las siglas F.R.C., para el efecto siguiente: "(.) para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 631/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Fernando Ramos Utrera, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional y revocó la medida cautelar decretada y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Valore de manera íntegra y correcta el recibo de nómina electrónico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sello digital del CFDI, así como de la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno signada por la Dra. Elizabeth Acosta Romero. b) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico. c) En caso de que así lo considere, exponga los motivos y razones por las cuales concluya que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del acreedor alimentario Susana Evelia Currilla Ramos, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Además con relación a la medida cautelar relativa al uso y disfrute del domicilio conyugal ubicado en Mar Negro número quince del fraccionamiento Dram Lagoons de Veracruz, Veracruz, realice su estudio con base en una perspectiva de género por encontrarse involucrada una relación asimétrica. (...)" En proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de treinta y uno de enero del año en curso, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 112/2022 el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de diez de enero de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de ocho de julio de dos mil veintiuno (acto reclamado) mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos interpuesto por Fernando Ramos Utrera (tercero interesado) derivado del juicio ordinario civil 631/2021 de su índice. Asimismo, con libertad de jurisdicción procedió a analizar el asunto con perspectiva de género como método analítico, tomando en consideración los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, consistentes en que la autoridad responsable debía cerciorarse de: Por cuanto hace al recurso de reclamación interpuesto por Fernando Ramos Utrera (tercero interesado): a) Que el recibo de nómina electrónico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sello digital del CFDI, correspondiente a la primera quincena de agosto de dos mil veinte, tuviera vigencia al día en que emite su resolución, de tal forma que se pueda acreditar con un grado de certeza que los datos sean verídicos en esta temporalidad. En relación a ello, la autoridad responsable determinó que quedó acreditado la asimetría que existe entre los conyugues (Susana Evelia Currilla Ramos y Fernando Ramos Utrera) ya que el encargado del sostenimiento económico de su familia lo ha venido siendo el demandado, quién se dedica en tiempo completo al desarrollo de su profesión en dos lugares distintos, de donde obtiene ingresos propios, a diferencia de la aquí accionante, quién es la persona encargada del hogar, así como del cuidado de su familia, ya que en el día veintiocho de marzo del año dos mil veinte, nació su hijo de identidad reservada, que el inmueble que habita fue proporcionado por su cónyuge; así, mientras el demandado se desarrolla en el ámbito laboral la actora tiene que desarrollar actividades en su hogar que no le reditúan ingreso, habiendo un desequilibrio económico. Ahora, tomó en consideración, que el demandado expuso que su contraria realiza actividades del Instituto Mexicano del Seguro Social, exhibiendo para ello un recibo de nómina expedido por esa dependencia, mismo que cuenta con su sello digital CFDI, no obstante, como se trataba de una documental de fecha anterior al juicio de origen, al ser de la primera quincena del mes de agosto de dos mil veinte, no tenía la certeza que la misma se encontrara vigente, ni la encontró adminiculada con alguna otra documental para que pueda acreditarse con un grado de certeza que los datos sean verídicos en esa temporalidad. Así, no encontró acreditado que la quejosa obtenga ingresos propios como profesionista en el área de salud dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, máxime que constato de autos, quien ha venido siendo el encargado del sostenimiento económico de su familia lo ha sido el demandado. b) Exponer, por qué considera que a pesar de contar con seguro social por su fuente de trabajo, la quejosa acude a consultas con particulares, lo que le genera gastos, ello, al momento de valorar la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, signada por la Doctora Elizabeth Acosta Romero. Al respecto, el juez responsable analizó que la actora tiene la necesidad del rubro de atención médica, para atender cuestiones inherentes a su salud, al tener que acudir con médicos privados, esto es, asiste a terapias psicológicas con la Doctora Elizabeth Acosta Romero, derivado de enterarse de la relación que tiene su cónyuge con una diversa persona, con quien procreó un hijo, lo que le ha venido ocasionando consecuencias de salud mental, teniendo como prueba para acreditar ello, su escrito de desahogo de vista y una constancia de fotocopia simple de cuatro de junio de dos mil veintiuno, a la que otorgó valor probatorio conforme a lo establecido por los artículos 210, 235, fracción VII, 330 de la Ley Procesal Civil, considerando que dicha situación incrementa los gastos de la parte quejosa. c) Respecto a la ponderación de los elementos de la proporcionalidad alimentaria, respecto de la aquí quejosa Susana Evelia Currilla Ramos; es decir, exponer los motivos o razones que lo llevaron a concluir por qué el porcentaje resulta suficiente para sufragar las necesidades de la parte quejosa, responsable procedió a verificar los ingresos que obtiene el demandado en la Secretaría de Mariana y Armada de México, constatando con el certificado de percepciones y deducciones expedido por el Capitán de Corbeta SSN del Hospital Naval de Antón Lizardo, de dicha dependencia, al que otorgó valor probatorio pleno atento a lo establecido por los diversos 210, 235 fracción III, 239, 334 y 337 de la Ley Procesal Civil, que el alcance liquido mensual que le queda es en razón de $22,402.77 (veintidós mil cuatrocientos dos pesos 77/100 Moneda Nacional), después de tener un total de deducciones de $5,044.75 (cinco mil cuarenta y cuatro pesos 75/100 moneda nacional), sin que estas las tome en consideración para disminuir la pensión alimenticia otorgada, en virtud que corresponden a deducciones personales y de su fuente de trabajo. Además, tuvo en cuenta que el demandado tiene otro acreedor alimentario menor de edad, de quien exhibió copia certificada del acta de nacimiento número ciento veintisiete de ocho de enero de dos mil veintiuno, expedido por el Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, al que concedió valor probatorio pleno conforme a lo que establece los diversos 210, 235, fracción II, 261 fracción IV, de la Ley Procesal Civil, con presunción de ser alimentado por su padre. No obstante, estableció que dicha circunstancia ya se conocía cuando se estableció la pensión alimenticia provisional, máxime que no ofreció ningún medio de convicción relativo a que los gatos por el citado acreedor menor de edad se contrapongan con la pensión establecida en el juicio de origen. En atención a lo anterior, determinó que la pensión alimenticia provisional no es desproporcional a su capacidad económica, sin que pudiera establecer cuál es el entorno social en el que se desenvuelven los acreedores alimentarios, ni el deudor, ni así sus costumbres o demás particularidades de la familia, al no contar con los suficientes elementos de prueba para poder determinarlo. Por tanto, resolvió improcedente la reclamación planteada por el demandado y, confirmó el monto de la pensión alimentaria fijada en el auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Por otro lado, en lo relativo al recurso de Fernando Ramos Utrera (tercero interesado) en contra de la medida cautelar relativa al uso y disfrute del domicilio conyugal, ubicado en Mar Negro número quince del fraccionamiento Dream Lagoons de Veracruz, Veracruz, a favor de Susana Evelia Currilla Ramos y su menor hijo de identidad reservada de inciales F.R.C., así como la salida del demandado: 1) Para determinar sí la actora Susana Evelia Currilla Ramos, presenta síntomas de violencia física, moral o sexual, debería existir estudios psicológicos y médicos que así lo determine, así como si fue o no causados por parte del demandado Fernando Ramos Utrera, ya que haber procreado un hijo con diversa persona en la temporalidad en que ella también había gestado aun cuando eran hechos pasados podrían haber dejado repercusiones mentales. En primer lugar, advirtió que la actora manifestó ser objeto de violencia psicológica por parte del demandado, así como el temor a su carácter explosivo y violento, por lo que, no podía dejar de atender el hecho de probables actos de violencia ocasionados a una mujer, observando su deber de erradicarlos aplicando las medidas cautelares necesarias, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, salvaguardando sus derechos, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém Do Pará", en sus artículos 1, 2, 3, 7 y demás aplicables. Ahora, justipreció que si bien, cuenta con los estudios psicológicos que le fueron practicados por la psicóloga Marisol Barradas Lagunes, el diez de mayo de dos mil veintiuno, en que se determinó que cuenta con madurez mental acorde a su edad cronológica sin alteraciones neurológicas, de acuerdo a su personalidad es alguien con carácter tranquilo y estable, buena capacidad de adaptabilidad y extrovertido, con ciertas irregularidades que repercuten a nivel emocional, teniendo un cuadro depresivo, estrés y desilusión, lo cual lo tiene preocupado, que a nivel familiar, refleja problemas en su relación, frustrado y sensible por las limitaciones físicas y emocionales que se encuentra viviendo con su hijo; aunado, a que constató que el demandado se le ha reconocido su desempeño como profesional en el área de salud, dada la atención que le ha brindado a los derechohabientes, militares y demás usuarios del hospital. Lo cierto es, que a consideración de la autoridad responsable, las pruebas que fueron ofertadas por el recurrente, no fueron el medio idóneo para tener por constatado que la accionante no presente síntomas de violencia física, moral o sexual, ya que no consta que se le hubieran practicado a la actora estudios psicológicos y médicos que así lo determinen, sin que soslayara el hecho de que la actora tiene conocimiento que su cónyuge mantenía una relación con persona diversa y que de la misma procreó un hijo. Así, esa circunstancia llevó a la actora a acudir a terapias psicológicas, lo que tradujo en una afectación psicológica propiciada por una conducta de su cónyuge, que deriva en una violencia psíquica y moral, encontrando un plano de desigualdad para la quejosa, al no haberse respetado su dignidad como esposa ni así la finalidad del matrimonio, por lo que, la presencia del demandado en el domicilio conyugal sería perjudicial para la salud del accionante; además, valoró que la quejosa no cuenta con familia en esta Ciudad, ya que ella es originaria de la Ciudad de México, que el único domicilio que tiene para habitar es el que le fue proporcionado por su cónyuge. En relatadas condiciones, resolvió improcedente el recurso en contra de la medida cautelar decretada, quedando intocada, consistente en la orden relativa a la salida de Fernando Ramos Utrera, del domicilio conyugal situado en Mar Negro número quince del Fraccionamiento Dreams Laggons, en Veracruz, Veracruz, la separación de los cónyuges, así como el uso y disfrute del domicilio a favor de Susana Evelia Currilla Ramos y su hijo menor de edad de identidad reservada. Por último, el juez responsable con fundamento en los artículos 225 y 226 de la Ley Procesal Civil, ordenó la realización de estudios psicológicos a Susana Evelia Currilla Ramos y Fernando Ramos Utrera, para lo cual, giro oficio al Director del Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz, Veracruz (DIF). De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 631/2021 de su índice, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Fernando Ramos Utrera y, en su lugar, dictó otra con plenitud de jurisdicción, en la que valoró la manera íntegra y correcta el recibo de nómina electrónico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sello digital del CFDI, así como de la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno signada por la Dra. Elizabeth Acosta Romero, analizando el asunto con perspectiva de género como método analítico. Además al momento de resolver la medida cautelar relativa al uso y disfrute del domicilio conyugal, ubicado en Mar Negro número quince del fraccionamiento Dream Lagoons de Veracruz, Veracruz, realizó su estudio con base en una perspectiva de género por encontrarse involucrada una relación asimétrica. En otro aspecto, al analizar oficio 625/2022 signado por el Juez de lo Familiar, relativo al juicio ordinario civil 1150/2021 relativo al divorcio incausado promovido por Fernando Ramos Utrera, al cual se anexó copia certificada de la audiencia prevista por los numerales 142 y 143 del Código Civil de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, de la cual se aprecia la presencia de las partes a fin de ratificar el convenio celebrado en los mismos, el cual se anexó en el presente asunto, así como de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno dictada en dicho expediente, de la cual se advierte que el juez resolvió procedente la vía sumaria del divorcio sin expresión de causa, declarando la disolución del vínculo matrimonial entre la aquí quejosa y el tercero interesado. Igualmente, determinó que una vez que alcance firmeza dicha determinación se deberá notificar a la fuente pagadora que deberá dejar sin efectos los descuentos realizados al demandado Fernando Ramos Utrera, consistentes en el 40% para en su lugar descontar 30% que percibe por salario de demás prestaciones. Ahora al analizar el auto de diez de enero de dos mil veintidós, el cual se anexó en copia certificada, se desprende la manifestación del juez familiar en términos del artículo 338 fracción I del Cogido de Procedimientos Civiles, declarando firme la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el referido expediente juicio ordinario civil 1150/2021 de su índice. Sin que pase inadvertido el contenido de la copia certificada del auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, del cual se advierte la orden de revocar el auto de diez de enero del año en curso, dejando sin efectos el acuerdo que ordena declarar que la sentencia ha quedado firme, para en su lugar dar trámite a los escrito presentado por el abogado de la aquí quejosa, en el cual se le tiene interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, así como autorizados y domicilio en el la ciudad de Xalapa, Veracruz. En ese orden de ideas, se aprecia que efecto de actualizar el supuesto identificado en el artículo 214 de la Ley de Amparo, relativo a la imposibilidad material para la ejecución de la sentencia de amparo, resultó improcedente, toda vez que el convenio celebrado entre las partes del presente asunto, debidamente ratificado ante autoridad judicial y resuelto en sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1150/2021 de su índice, a la presente fecha se encuentra subyudice ante el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que pase inadvertido para el suscrito las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, mediante escrito de tres de los corrientes, toda vez que las mismas van encaminadas a lo resuelto en párrafos que antecede, así como las vertidas por el tercero interesado, mediante ocurso de cuatro de los corrientes, pues contrario a ello, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la Superioridad que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta signado por el tercero interesado; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de treinta y uno de enero del presente año y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, recibido en línea, en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de treinta y uno de enero del presente año y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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