Susana del Carmen Hernández Ramírez

Expediente 5/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Susana del Carmen Hernández Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, tres de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 5/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, tres de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio dirigido a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 59-63), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio dirigido a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 59-63), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio dirigido a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 59-63), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte quejosa, por así estar ordenado en autos, la interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintidós, misma que a la letra dice: R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, turnado al día siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, ********************, promovió demanda de amparo en contra un acto del Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial número XVIII con sede en Cosamaloapan, Veracruz, el que se precisará en el apartado correspondiente (fojas 3 a 10).********************SEGUNDO. Por auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó emplazar al Fiscal Tercero Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial con residencia en Cosamaloapan, Veracruz y de ********************, en su calidad de terceros interesados en términos del artículo 5, fracción III, incisos b) y e) de la Ley de Amparo, y se señaló fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional (fojas 11 a 16).********************TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 34) la notificación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado (foja 25) el acuse de recibo de la notificación del Fiscal Tercero Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, el cual formuló la imputación en el proceso en cita (foja 69) así como la notificación del tercero interesado ******************** (fojas 30) tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 70) quedando el expediente en estado de resolución, y********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece.******************** Por cuestión de la vía, ya que se trata de actos dictados dentro de un proceso penal, susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto.******************** Por razón de la materia (mixta) pues se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia.******************** Y por territorio, atento a que la ejecución de los actos reclamados tienen lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es:********************La resolución de trece de diciembre de dos mil veintidós, en que se decretó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, como probable responsable en la comisión del hecho calificado por la ley como delito de fraude, esto dentro de los autos del proceso penal ******************** del Juzgado responsable.********************Establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada.********************TERCERO. Existencia del acto reclamado. El acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, dentro de los autos del proceso penal ******************** atribuidos a la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial número XVIII con sede en Cosamaloapan, Veracruz, debe considerarse como cierto.********************En primer lugar porque así lo reconoció la autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 34).********************Pero además, porque así se desprende de las copias certificadas del juicio natural consistente en la causa penal ******************** del índice del juzgado responsable, en el cual se aprecia la resolución correspondiente al auto de vinculación combatido, así como la grabación del pronunciamiento de la citada comunicación contenida en el disco óptico número dos remitido por la responsable (fojas 35 a 40, 47).********************Medios de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse, de audiovisuales en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia, en tanto que la documental es pública, por haber sido emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones.********************Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que se lee:********************"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." ****************************************Lo anterior también resulta aplicable a la versión escrito del citado auto de vinculación, visible el tomo de prueba fojas 163 a 184, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documento expedido por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: ********************"DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."********************CUARTO. Procedencia del juicio. En el caso no se advierte alguna causa de improcedencia que deba ser invocada de oficio, ni las partes las señalaron, por lo que debe procederse, al estudio de la cuestión de fondo planteada.********************Lo anterior, conforme a los agravios propuestos, de los cuales se omite su transcripción al no existir dispositivo legal que lo exija.********************QUINTO. Estudio de la Constitucionalidad del Acto Reclamado. Los conceptos de violación relativo a la violación de derechos de legalidad, de defensa y presunción de inocencia del quejoso al no permitir el desahogo de medios de prueba en su favor, resultan infundados, sin que exista queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.********************MARCO NORMATIVO.********************En esas condiciones, en primer término es imperativo indicar que el auto de vinculación a proceso, se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicable, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, mismo que es del contenido literal siguiente:********************"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.********************El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.********************La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.********************El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.********************Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.********************Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.********************Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades."******************** De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado.******************** De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal.******************** Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.********************Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto por la ley penal como delito con pena privativa de libertad, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación) pero en los términos fijados en la propia ley.********************Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, ahora sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.********************Es así que, en la etapa de investigación, tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio.********************Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; es decir, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso.********************Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia.********************Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable.********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente:********************"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. ********************Sin que lo anterior implique que el juzgador se encuentra exento de expresar los fundamentos legales aplicables al caso, así como la adecuación de los hechos puestos a su consideración con las normas que estimó se ajustan a los mismos, ni explicar cómo los datos presentados le permitieron concluir de esa manera, puesto que sostener tal extremo implicaría el abandonar completamente la garantía de fundamentación y motivación prevista en la Carta Magna ********************Complementariamente, debe considerarse también lo dispuesto por los artículos 307, 309, 311, 312, 313 y 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el momento en que comparezca el imputado ante el Juez de Control, éste le informará sobre sus derechos, acto seguido, se procederá a formular la correspondiente imputación al indiciado, quien deberá encontrarse asesorado por un defensor, acto seguido el juez de control verificará que cuenten con defensa profesional, asimismo, hará del conocimiento de éste sus derechos fundamentales; en la citada imputación la Representación Social procederá a exponer el hecho que se atribuye al citado, su clasificación legal preliminar, las circunstancias de fecha, lugar y modo de su comisión, su forma de intervención en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que por cuestiones autorizadas por la Constitución y la ley deba reservarse la misma, pudiendo pedir el imputado o su defensa las aclaraciones que estimen pertinentes.********************Asimismo, formulada la imputación, el juez de control preguntará al ahora imputado si entiende la misma, si desea declarar contestándola, con la precisión que en caso de que decida no hacerlo, dicho silencio no podrá ser usado en su contra.******************** Acto seguido, el fiscal deberá realizar la solicitud de vinculación a proceso, en la cual expondrá los datos de prueba con los que considera se acredita la existencia de un hecho que la ley califique como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, explicando la relación causal entre los citados datos y las conclusiones a las que arribó, lo anterior a efecto que el imputado esté en condiciones de ofrecer, según el caso, los datos o medios de prueba con que cuente para desvirtuar la imputación.********************Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, de rubro y texto:********************"VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar."********************Del mismo modo, realizada la solicitud de vinculación a proceso por parte del Ministerio Público, el Juez de Control explicará al imputado los momentos en los que se puede resolver sobre la mencionada petición de la Representación Social, a saber:********************Dentro del plazo de setenta y dos horas o,********************Dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas en caso que solicite la ampliación del plazo constitucional.********************En esa misma audiencia, la Representación Social deberá realizar la solicitud respectiva exponiendo los datos de prueba con los que considera se establece el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en el mismo.********************Si el imputado solicita se resuelva su situación jurídica dentro del plazo de setenta y dos horas o su ampliación, se señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro del correspondiente plazo; si el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el Asesor jurídico solicitaron una medida cautelar y el imputado se acogió al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia.******************** Durante el plazo constitucional normal o ampliado el imputado o su defensor podrán presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control. ******************** En aquellos casos en que alguno de los delitos que se atribuyan al imputado sea de los que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensa, cuando se justifique su pertinencia.******************** La audiencia inicial continuará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o en su caso, con el desahogo de los medios de prueba correspondientes; acto seguido se concederá la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y posteriormente al imputado y/o su defensa para que presenten sus argumentos; agotado el debate el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. ********************Así, los requisitos constitucionales que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, ven reflejo en el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice:********************"Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso.********************El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que:********************I. Se haya formulado la imputación;********************II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;********************III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y********************IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.********************El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.********************El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente."****************************************De manera que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben reunirse como requisitos de forma:********************a. Ser emitido por autoridad judicial competente y quedar plasmado en un medio de registro verificable por las partes.********************b. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor).********************c. Se haya formulado imputación.********************d. El imputado debe rendir su declaración o manifestar su deseo de no declarar.********************e. El Ministerio Público deberá solicitar la vinculación a proceso.********************f. Deberá dictarse únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación (aunque el juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público).********************d. Debe expresarse el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo.********************En cuanto a los requisitos de fondo se requiere:********************a. De la exposición del Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba de un hecho que la ley señale como delito.********************b. Probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.****************************************En contraste, en caso de no satisfacerse los citados requerimientos deberá dictarse auto de no vinculación a proceso en términos del numeral 319 del código nacional procesal el cual dispone:********************"Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso********************En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado.********************El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento."****************************************En el entendido que la resolución que en su momento se pronuncie, como todo acto de autoridad, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, relativo a que deberá fundarse y motivarse la misma.********************ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.********************Para apreciar con claridad el acto reclamado analizado en el presente apartado, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos de las documentales y de los discos compactos enviado por el juez responsable, a saber:******************** Mediante oficio 444******************** la Fiscal Tercero Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, solicitó se fijara fecha y hora para formular imputación en contra de ******************** y otras personas por su probable participación en la comisión del delito de fraude; petición de la que correspondió conocer a la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial número XVIII con sede en Cosamaloapan, Veracruz.********************El siete de diciembre de dos mil veintidós, la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial número XVIII con sede en Cosamaloapan, Veracruz, siendo las diecisiete horas cincuenta y cuatro minutos, declaró abierta la audiencia inicial, se individualizaron las partes, esto es el Fiscal que solicitó dicha audiencia, el asesor de la víctima ********************; acto seguido se individualizó a su defensor voluntario ********************, con cédula profesional de licenciado en derecho número ********************, preguntándole a la indiciada ********************, si lo nombraba como su defensor, a lo que contestó que sí, por lo que el citado profesionista aceptó y protestó el cargo conferido; asimismo se preguntó a la indiciada si se le explicaron sus derechos constitucionales, a lo que contestó que sí (17:54:46 a 17:59:02 del disco 1) (foja 42). ********************(18:00:22) A continuación, la Fiscalía procedió a formular imputación en la cual informó a ********************, que se inició en su contra carpeta de investigación ********************por el delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 216, fracción III del Código Penal para el Estado vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de ******************** (foja 42) ello dado que se le atribuye que mientras visita a su primo en el domicilio ubicado en calle ********************, estado de Veracruz, donde conoció a ********************, quien al platicar con él, le indicó que dado que el denunciante trabajó durante catorce años en el ingenio San Cristóbal, ella podía conseguirle una pensión del IMSS, en un lapso aproximado de tres meses, que el costo de ello sería $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por lo que se vieron al día siguiente (cinco de junio de dos mil veintiuno) aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, y le entregó a Susana la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.n.) y la semana siguiente le entregó los restantes $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y además le pidió la cantidad de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por la supuesta tramitación de su firma electrónica y le dijeron que entre el uno y tres de septiembre siguientes recibiría el primero depósito de su pensión; la víctima siguió en contacto vía mensajes de WhatsApp con la ahora imputada y la diversa persona de nombre ********************, que ambas personas le siguieron pidiendo diversas cantidades de dinero adicionales a ********************, y le indicaban a dicho afectado que se estaban realizando los trámites correspondientes y que los depósitos de su pensión estaban por llegar; ello hasta el mes de octubre de dos mil veintiuno, en que ******************** les dijo que ya no les haría más depósitos y exigió su pensión; que en total pagó la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) (foja 42). ********************Acto seguido la Jueza preguntó a la imputada y su defensa si les quedaba clara la imputación o si deseaban alguna aclaración a lo que contestaron que les quedaba claro; acto seguido la juzgadora explicó a la imputada que tenía el derecho a declarar o a abstenerse de declarar si así lo deseaba sin que en su caso pueda interpretarse su silencio en su contra; a lo que la imputada contestó que deseaba abstenerse de declarar (18:06:48).********************Nuevamente en uso de la voz el fiscal formuló solicitud de vinculación a proceso por el delito ya señalado, en la cual indicó los datos de prueba con los que se cuenta en la carpeta de investigación (18:08)(foja 43).********************A continuación la juez preguntó a la imputada si deseaba que se resolviera su situación jurídica en ese momento, en setenta y dos horas o en ciento cuarenta y cuatro horas, a lo que ella, previa consulta con su defensor, contestó que en ciento cuarenta y cuatro horas (19:07) por lo que el Juez señaló las dieciocho horas del trece de diciembre de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial (foja 43).********************(19:09) A continuación, se inició el debate sobre la medida cautelar, la cual, la Jueza fijó como la firma de la imputada cada quince días, y exhibición de garantía económica por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) (foja 43).********************A las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós (17:41) la jueza de control declaró la reanudación de la audiencia inicial (disco 2) en la que una vez que las partes se individualizaron, el Juzgado preguntó a la imputada y su defensa si tenían medios de prueba que aportar a lo que contestaron que en esa etapa no (foja 45).********************Acto seguido se dio el uso de la voz a la defensa la que contestó la imputación formulada y realizó alegatos en los que solicitó se dictara auto de no vinculación a proceso a favor de su defendida (17:44) a su vez la Fiscal reiteró su solicitud de vinculación de proceso (18:18) asimismo se dio uso de la voz al asesor jurídico, a la víctima y a la imputada para que manifestaran lo que a su interés correspondiera (18:26)(foja 45).********************(18:33) La Jueza dio por cerrado el debate y declaró un receso, y posteriormente, a las veinte horas con seis minutos (20:06) la Juzgadora emitió su resolución de plazo constitucional, en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley califica como delito de fraude, previsto y sancionado en el numeral 216, fracción III, en relación con los artículos 21 y 37, todos del Código Penal para el Estado de Veracruz; asimismo se ratificó su determinación con relación a la medida cautelar, expresada en la audiencia inicial (fojas 35 a 40). Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio.********************Aquí concluye la relatoría de antecedentes anunciada.********************SUBSUNCIÓN.********************Con independencia que el acto reclamado lo constituye el referido Auto de Vinculación a Proceso, se considera pertinente el análisis de diversos aspectos formales del trámite del plazo constitucional. ********************Así, en relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que ésta es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, 50, y 187, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz vigente, ya que los hechos motivo de esa causa, sucedieron en el municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, donde aquél ejerce su jurisdicción.********************Circunstancia que es concordante con los diversos numerales 1 y 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se considera que se encuentra cubierto el citado requisito de que la resolución fuera emitida por juez competente. ********************Con lo que se satisface dicho requisito.********************Asimismo, en el presente caso se formuló la imputación por parte de la Fiscalía del Estado a la aquí quejosa, conforme a los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual se traduce en la comunicación que dicho funcionario efectúa a la imputada, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de hechos que la ley señala como delito.********************En la reproducción del audio-video, se desprende que en la audiencia inicial aludida, el siete de diciembre de dos mil veintidós, la Fiscalía formuló imputación en contra de la hoy quejosa, por su intervención probable en los hechos determinados por la ley, como el delito de fraude, en la que informó a esta los hechos que se le atribuyen, su calificación jurídica preliminar, fecha, lugar y modo de su comisión, así como su intervención en los mismos.********************Esto es, se explicó a la imputada ********************, que se le inició la carpeta de investigación ********************, dado que se tiene conocimiento que desde el cuatro de junio de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en calle ********************, ofreció a ********************, el tramitarle una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, ello con un costo de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) los cuales cubrió en dos pagos, pero la imputada y otra persona le siguieron pidiendo más dinero para concluir el trámite, hasta que se pagaron $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) todo ello sin que se realizara por parte de la ahora quejosa gestión alguna a efecto de obtener la citada pensión.********************Aún más, la citada representación social, en la misma audiencia realizó solicitud de vinculación a proceso, por lo que tanto la imputada como su defensa tuvieron conocimiento de los datos con que contaba la Fiscalía, para considerar la existencia del hecho calificado como delito, así como su probable participación en el mismo, a efecto de responder y en su caso, promover lo que consideraran pertinente.********************Guarda relación la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:********************"VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar."********************Del mismo modo, de la reproducción de video óptico en cita, se desprende que en la propia audiencia de siete de diciembre de dos mil veintidós, la quejosa tuvo oportunidad de declarar después que se formuló la imputación en su contra, manifestando que no deseaba hacerlo, sin que se pierda de vista que el ejercicio del derecho de abstenerse de declarar no puede ser interpretado en contra de la imputada.********************Asimismo, una vez concluida la solicitud de vinculación a proceso se le dio la oportunidad a la imputada (previo diálogo de la misma con su defensa) de expresar si deseaba que se resolviera su situación jurídica en ese momento, dentro del término de setenta y dos horas o en el plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, optando por este último.********************Al resumirse la audiencia el trece de diciembre siguiente, se preguntó a la aquí quejosa y su defensa si contaban con algún dato o medio de prueba que desearan se incorporara al juicio, contestando la defensa que únicamente iba a dar contestación a la imputación.********************Acto seguido se realizó el debate entre las partes, y se pronunció la ya citada resolución de plazo constitucional. ********************De ahí que se considere que el periodo de plazo constitucional se desahogó en acatamiento a las normas constitucionales y legales correspondientes.********************Ello máxime que la resolución de plazo constitucional se dictó dentro del término señalado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso.********************En el caso, la imputada fue citada a la audiencia inicial, la cual dio inicio a las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos del siete de diciembre de dos mil veintidós, iniciando el plazo constitucional correspondiente, mientras la resolución de vinculación a proceso se pronunció el trece de diciembre siguiente aproximadamente a las veinte horas con seis minutos; asimismo, debe resaltarse que la situación jurídica de la imputada, por elección de aquella y su defensa se resolvió dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas; circunstancias que se aprecian de la reproducción del disco óptico correspondiente.********************Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional para el dictado del auto de vinculación a proceso, y recibidos los alegatos de la defensa y Fiscalía, el juez de control de mérito, dictó el auto correspondiente********************Con relación al requisito previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a la existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, este requerimiento implica durante el dictado del auto de vinculación a proceso la obligación del juzgador de explicar por qué con los datos de prueba aportados al caso por la fiscalía se ajustan a la teoría del caso expuesta durante la solicitud de vinculación a proceso.********************Respecto a dicho requisito, ********************, señaló como concepto de violación que existe una deficiente fundamentación y motivación de la resolución reclamada, debido a que la Juzgadora responsable al momento de emitirla no dio contestación a las manifestaciones de su defensa.********************Dicho concepto de violación resulta infundado.********************Lo anterior es así, dado que contrario a lo afirmado por la quejosa, el auto de vinculación sujeto a escrutinio constitucional sí se encuentra debidamente fundado y motivado, dado que se analizaron los medios de prueba con que se contaba, se expresaron los motivos por los que se estimó que acreditaron la existencia del hecho con la apariencia del delito de fraude, así como la probable participación de la quejosa en su comisión y se indicó el sustento legal para dichas determinaciones.********************Primeramente el Juez de origen indicó que el artículo 216, fracción III del Código Penal del Estado de Veracruz vigente en la época de los hechos (junio de dos mil veintiuno) señala lo siguiente:********************"Artículo 216.- A quien engañando a alguien o aprovechándose del error en que se halle, obtenga para sí o para otro alguna cosa total o parcialmente ajena con ánimo de dominio, lucro o uso, o cause a otro un perjuicio patrimonial, se le sancionará con:********************(.)********************III. Prisión de dos a cinco años y multa hasta de quinientos días de salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de trescientos, pero no de setecientos cincuenta días de salario; o (.)"****************************************De dicha transcripción, la operadora judicial realizó el desglose de los elementos del cuerpo del delito, esto es:********************Existencia de uno varios sujetos activos sin calidad específica.********************Que dicho activo engañe a alguien o se aproveche del error en que éste se halle.********************Que dicha conducta se realice para obtener para sí o para otro una ajena con ánimo de dominio, lucro o uso.********************Que con ello se cause a la víctima un perjuicio patrimonial.********************Así, de la transcripción del citado artículo, como de la enunciación que hiciera el juzgador de los hechos que se le imputan a la aquí quejosa, se aprecia con claridad la conducta que se le atribuye, esto es, que la sujeto activo en conjunción con otra persona, obtuvo de ********************, la cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a efecto de tramitarle una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sin que en realidad realizaran gestión alguna para conseguirle la pensión al ahora ofendido. ********************Circunstancias que la Juzgadora consideró se acreditaron con la denuncia presentada por el propio ********************, en la que relató cómo el cuatro de junio de dos mil veintiuno, al visitar la casa de su primo ********************, ubicada en calle ********************, conoció a ********************, quien platicando le manifestó que podía conseguirle una pensión del IMSS dados los catorce años que el pasivo trabajó para el ingenio San Cristóbal, que el costo sería de sesenta y cinco mil pesos, los cuales cubrió la mitad al día siguiente en dicho domicilio alrededor de las diecisiete horas con treinta minutos y el resto la semana siguiente, además de pagarle dos mil ochocientos pesos para el trámite de firma electrónica, quedando que a principios del mes de septiembre de ese año quedaría la pensión y recibiría los primeros depósitos.********************Asimismo indicó que la activo le presentó a ********************quien le dijo que trabajaba en el IMSS y que iba a colaborar en el trámite; que estuvo en contacto con dichas personas vía mensaje de texto WhatsAPP y que le siguieron pidiendo dinero, supuestamente porque se necesitaba para la gestión, el cual depósito en las cuentas que le indicaron, hasta que se juntó la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, ello hasta octubre de dos mil veintiuno, en el que les indicó el agraviado que ya no seguiría pagando hasta que viera resultados, pero nunca recibió su pensión, ni le devolvieron su dinero dichas personas. ********************Deposición que la Juzgadora de origen relacionó con las copias de cuarenta y tres comprobantes de depósito de diversas cantidades de ******************** a cuentas de ********************y ********************, así como las capturas de pantalla de conversaciones de dichas personas con la víctima, en las que se apreció la solicitud de fondos adicionales y la promesa del trámite de la pensión.********************Ello aunado a las deposiciones ministeriales de ******************** y ********************quienes confirmaron el compromiso de la imputada con ******************** de realizarle el trámite para su pensión. ********************Datos de prueba a los que se sumaron las documentales consistentes en oficios recabados de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Cosamaloapan, Veracruz, donde informaron que ********************y ******************** eran trabajadoras del IMSS, lo que se indicó torna en verosímil que hicieran creer al pasivo su capacidad para gestionarle y obtener una pensión para él.********************De esta manera se estima acertado que la resolutora de origen considerara que con los datos de prueba aportados por la representación social se tuviera por acreditada la existencia de hechos con la apariencia del delito de fraude, dado que se puso de manifiesto la oferta realizada por las activos al hoy agraviado de tramitarle una pensión a través del pago de diversas cantidades de dinero, las cuales recibieron de manera personal -como lo señalaron la víctima y sus testigos- y a través de depósitos -como se aprecia de los comprobantes exhibidos- sin que se hubiera realizado gestión alguno u obtenido la pensión prometida, como se advierte del oficio proveniente de la propia delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se concretó la conducta falaz como mecanismo eficaz a través del cual se obtuvo dinero ajeno, con perjuicio al patrimonio del sujeto pasivo.********************Del mismo modo, la operadora judicial estimó que dichos datos ponen de manifiesto la probable participación de la imputada en la comisión de dicho ilícito como coautora material del mismo, principalmente por los señalamientos del denunciante y los testigos de cargo, en los que se sostiene que la imputada realizó la mencionada oferta al pasivo y recibió de este numerario a cambio del trámite de una pensión, el cual nunca se hizo.********************Material de convicción que, como lo indicó la jueza responsable, se considera apto e idóneo para demostrar que, existe la probabilidad que la imputada, cometió el hecho que la ley considera como el delito de fraude. ********************También se considera acertado que la juzgadora responsable ubicara la participación de la imputada (aquí quejosa) en la hipótesis que señala el numeral 37, Código Penal de la entidad, es decir, como coautora material, dado que participó de manera directa en el engaño al pasivo e incluso fue quien le realizó la propuesta de la que derivó el mismo y quien personalmente recibió parte del dinero que constituye el perjuicio patrimonial del quejoso.********************Del mismo modo es correcto que se considerara que dicha conducta se realizó a título doloso, de acuerdo al numeral 21, párrafo segundo del citado cuerpo de leyes, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito.********************Guarda relación, por las razones que la informan la tesis XV.3o.6 P (10ª.) Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro y texto:********************"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." ********************De ahí que se considere infundado el concepto de violación expresado por la quejosa, relativo a la falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, dado que no le asiste la razón cuando indica que no se explicaron las razones por las cuales se estimó acredita la existencia del hecho con la apariencia de delito, así como que existieran datos de su probable participación en la comisión del mismo.********************De igual forma es incorrecta su afirmación relativa a que la operadora judicial no dio contestación a la manifestación de su defensa en el sentido que el acuerdo que se alega tuvo ******************** con la imputada ********************, tuvo un objeto ilícito y por ello no puede tenerse por actualizado el engaño para configurar el ilícito.********************Esto es, el defensor sostiene que el sujeto pasivo sabía que no tenía derecho a percibir una pensión por parte del IMSS al no haber cotizado el tiempo suficiente para ello, además que al realizar el trámite a través de un tercero y no de manera personal resulta evidente que se estaba colocando en un plano de ilicitud, de ahí que el denunciante no puede invocar la protección de las leyes ante el pretendido incumplimiento por parte de la ahora imputada al aceptar participar en un conducta irregular.********************Al respecto, la juzgadora señaló que contrario a lo afirmado por la defensa, no se cuenta con datos para determinar que ******************** participó de forma consciente en un acto ilícito puesto que según lo relatado por él y los testigos de cargo fue la propia ********************, la que le indicó que podía obtener una pensión por parte del Instituto, sin que de ello se desprenda que de manera expresa se le dijo que ello sería con transgresión de las reglas establecidas para ello.********************Lo anterior máxime que en la citada discusión el agraviado hizo énfasis en que había trabajado en el Ingenio San Cristóbal por catorce años, y no se cuenta con información relativa a si tenía conocimiento sobre su situación de cotizaciones ante el Seguro Social.********************Sin que, en consideración de la juzgadora afecte dicha circunstancia el informe recibido por la Representación Social del departamento de Prestaciones Económicas de la subdelegación del Seguro Social en Cosamaloapan, Veracruz, en el que informaron que el ofendido tiene cotizadas diecinueve semanas ante dicha institución, cuando lo necesario para lograr una pensión son quinientas semanas; lo anterior debido a que no se tienen datos que apunten a que el denunciante tuviera conocimiento de lo anterior, o de los términos de su contratación, por lo que no resulta inverosímil que pensara que podría obtener dicha prestación al haber trabajado catorce años en el mencionado ingenio.********************De esta forma se confirma que la Juzgadora atendió el principal alegato de la defensa de la aquí quejosa y expresó los motivos por los que estimó que hasta ese momento procesal no podía considerarse que estuviera acreditado que el sujeto pasivo contrató a las activos para obtener la citada pensión del IMSS a sabiendas que carecía del derecho a la mencionada pensión; afirmación que se estima razonable y congruente con las constancias procesales.********************De ahí lo infundado del citado concepto de violación.********************Por otra parte, el concepto de violación relativo a la falta de respuesta a las manifestaciones de la defensa respecto a que la Fiscalía al formular la correspondiente imputación omitió expresar de manera completa las circunstancias de tiempo de la conducta que atribuye a ********************, así como el que existen contradicciones en las declaraciones del denunciante respecto a la fecha en que ocurrieron los hechos deben considerarse fundados pero inoperantes.********************Lo anterior es así, dado que en efecto, la representación social al formular la imputación indicó que la conducta illícita atribuida a la quejosa inició los días cuatro y cinco de junio de dos mil veintiuno, sin precisar la hora en la primera de las citadas fechas (respecto al cinco de junio sí señaló las diecisiete treinta horas) y que luego señaló que se siguió contactando vía mensajes de WhatApp al aquí tercero interesado, pero sin precisar los días y horas.********************Del mismo modo, existe la divergencia entre la primera entrevista realizada con el denunciante y elementos aprehensores, con su declaración ministerial, puesto que en la primera indicó que cuando visitó a su primo y conoció a la aquí imputada fue el nueve de junio de dos mil veintiuno, mientras que en la segunda entrevista dijo que ello ocurrió el cuatro del mes y año en cita.********************Alegaciones de la defensa, que, como lo señala la quejosa, no fueron contestadas directamente por la Juzgadora de origen al momento del dictado del auto de vinculación a proceso.********************Sin embargo, se estima que dicho motivo de agravio resulta inoperante puesto que del estudio del acto reclamado en su integridad, no se aprecia que tales omisiones hayan ocasionado perjuicio a la quejosa, ni hayan transgredido sus derechos humanos.********************Lo anterior es así, puesto que contrario a lo afirmado por la defensa, no se le deja en estado de indefensión; lo anterior en primer lugar porque una vez formulada la imputación se le preguntó a la quejosa y su defensa si existía alguna duda o aclaración por formular, sin que en ese instante pidieran que se les precisaran las mencionadas circunstancias de tiempo por considerarlas imprescindibles para preparar una defensa adecuada.********************Pero además porque al precisarse las dos fechas más importantes, esto es, aquella en las que se hizo el acuerdo para el trámite de la pensión y el primer pago, se permitió a la quejosa tener un marco de referencia temporal para rebatir las afirmaciones del denunciante y por lo que hace a las diversas ocasiones en que tuvieron contacto, de las propias impresiones de los mensajes que tuvieron se puede en su caso obtener las fechas y hora en que los mismos se enviaron, por lo que la quejosa cuenta con datos suficientes para establecer su estrategia defensiva; ello con independencia de mayores datos que se puedan obtener en la etapa de investigación complementaria.********************Por lo que hace a la contradicción existente entre el primer dicho del inculpado, la misma no resulta un dato determinante para desvirtuar la teoría del caso expuesta por la fiscalía del estado, máxime que la aclaración del denunciante de la fecha que ocurrieron los hechos concuerda con lo manifestado por los testigos de cargo, por lo que resulta claro para la imputada la fecha establecida en la que aquellos tuvieron lugar. ********************Por tanto, se concluye que todas las referencias coinciden hasta ese momento con la hipótesis fáctica del Fiscal Tercero Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, lo que acertadamente se consideró suficiente para determinar la vinculación a proceso de la quejosa y con ello permitir que continuara la investigación formalizada, en la cual se está en posibilidad de realizar una indagación sobre los parámetros citados por la ley, cuando los hechos corresponden al delito de fraude, como de forma adecuada lo expuso el juez responsable.********************CONCLUSIÓN********************Debido a todo lo anterior, resulta evidente que la resolución reclamada por la quejosa cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso).********************No se omite manifestar, que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación.******************** De modo tal que en las relatadas circunstancias el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia.********************Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados********************SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte.********************Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, segundo párrafo y, demás aplicables de la Ley de Amparo; se, ****************************************R E S U E L V E:********************PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a ********************, contra la autoridad y acto señalado en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expresados en el considerando quinto de esta sentencia.********************SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando sexto de esta resolución.********************Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    ABIERTA LA AUDIENCIA DE LEY, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. De igual forma, hace constar que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del VXII Distrito Judicial, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, no rindió su informe previo, a pesar de estar debidamente notificado del proveído de cinco de enero de la presente anualidad, tal como se advierte de la copia certificada del acuse de recibo del oficio 305 que obra a foja cincuenta y tres de autos, lo que habrá de considerarse en la etapa respectiva de la presente interlocutoria. A continuación el Juez acuerda: téngase por hecha la relación Secretarial de las constancias que obran en autos, las que fueron ordenadas agregar con conocimiento de las partes. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la secretaria da cuenta que las partes no las ofrecieron, en consecuencia, se declara cerrado el período probatorio. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la secretaria hace constar que las partes no hicieron manifestación alguna, y que el Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado no presentó alegatos; atento a lo anterior, se cierra este período, y el Juez procede a dictar la siguiente resolución: Vistos para resolver sobre la suspensión definitiva, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 5/2023 y, R E S U L T A N D O: ÚNICO.********************, promovió amparo contra actos de la autoridad responsable que enseguida se enuncia, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del VXII Distrito Judicial OMITIÓ RENDIR INFORME Cosamaloapan, Veracruz De quienes reclamó: El auto de vinculación a proceso emitido el trece de diciembre de dos mil veintidós, en los autos del proceso penal ******************** del índice del índice del juzgado responsable. En auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado concedió la suspensión provisional, solicitó informe previo a la autoridad responsable y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo en los términos del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo vigente, por ser aplicable, en virtud que este Órgano Jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia es el que ha quedado precisado en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas. Al no existir pruebas ofrecidas por las partes, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Presunción del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del VXII Distrito Judicial, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, omitió rendir su informe previo a pesar de que se le solicitó con la debida oportunidad, tal y como se demuestra de la copia certificada del acuse de recibo del oficio 305 que obra a foja cincuenta y tres de autos; por tanto, con apoyo en el párrafo primero, del artículo 142 de la Ley de Amparo, en relación con el criterio sustentado por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, se presume cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, puesto que la quejosa solicita la suspensión definitiva, el suscrito, con base en los elementos que de la demanda se desprenden procede acordar: En esas condiciones, al tratarse los actos reclamados de aquellos que afectan la libertad dentro de un proceso penal (auto de vinculación a proceso) es de atenderse lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Amparo, precepto que establece, para lo que aquí interesa que la imputada quejosa (vinculada a proceso) debe quedar, bajo la jurisdicción de la Jueza de Control para la continuación del procedimiento en el lugar de su reclusión, pero a disposición de este juzgado, sólo en lo que refiere a su libertad. Así pues, en el caso a examen, de la narrativa de la demanda se revela, que a la quejosa en fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, le fue dictado el auto a vinculación a proceso, por lo que la suspensión definitiva debe otorgarse, únicamente para el efecto de que la quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad se refiere, permaneciendo sometida a la potestad de la Jueza de Control, y se siga con la continuación del procedimiento, el cual podrá extenderse hasta que termine con la etapa intermedia, momento a partir del cual deberá suspenderse por lo que hace a la quejosa, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable lo que se resuelva en definitiva en el juicio principal a que este incidente se contrae, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. MEDIDAS DE SEGURIDAD La medida surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si no cumple con las siguientes medidas de efectividad y seguridad: a) La suspensión concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no otorga garantía dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo a disposición de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $3,112.00 (tres mil ciento doce pesos 00/100 Moneda Nacional) en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la que se fija discrecionalmente atendiendo a que se desconoce la situación económica real de la parte quejosa. En ese sentido, quien esto resuelve estima que la cantidad fijada se torna asequible, puesto que constituye el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que en el presente año, se encuentra tasado en $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) cantidad que se considera razonable, acorde a que no puede presumirse un estado de alta solvencia de los quejosos y como medida de aseguramiento, así como no existen indicios de que la quejosa pretende evadirse de la acción de la justicia; de ahí que en caso se colman los requisitos exigidos por el artículo 168 de la Ley de Amparo. b) Asimismo, para que siga surtiendo efectos la medida cautelar aquí decretada, además de la garantía antes señalada, en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Amparo vigente, se impone la obligación a la parte quejosa de comparecer ante el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, tantas y cuantas veces este lo requiera; en el entendido que en caso de no hacerlo así, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, quedando expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar el acto reclamado y se hará efectiva la garantía que haya otorgado la parte quejosa a favor del erario federal; así mismo, se requiere a la autoridad responsable para que informe si el aquí quejoso se encuentra sujeto a la dicha autoridad responsable, a fin de que el impetrante de amparo no se sustraiga de la acción de la justicia y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal. REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 32 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos."; en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 52 fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan; asimismo, de ser el caso, también por separado respecto de cada uno de los quejosos. Además, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo del directo quejoso; el concepto deberá decir: para garantizar la suspensión provisional ó definitiva (según el caso) concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo (número del expediente correspondiente) y, precisando como autoridad: Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, ya que de no estar requisitado el documento valioso de que se trate en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin que se tenga exhibida la garantía requerida con las consecuencias legales que conlleva. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE a********************, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados a la autoridad responsable por la que aquí se resuelve y por los motivos y razones expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este conducto y en esta fecha a la parte quejosa, por así estar ordenado en autos.

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