Susana del Carmen Hernández Ramírez
Expediente 1176/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Susana del Carmen Hernández Ramírez
Actuaciones
- Principal
VI. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte promovente el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por Susana del Carmen Hernández Ramírez; contra actos del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Cosamaloapan, Veracruz. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente con el número 1176/2022; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. En el caso concreto, la quejosa (en su carácter de imputada dentro del proceso penal de origen) reclama la resolución de medidas cautelares de siete de diciembre del año en curso, donde se le impuso una garantía económica por la cantidad de veinte mil pesos dentro del proceso penal 40/2022 del índice del Juez de Control y de Procedimiento Penal Oral, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz. Respecto del cual, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa, previo a su demanda de amparo, debió haber agotado el recurso ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevé en el procedimiento de origen. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XVIII lo siguiente: ". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en la carga procesal del impetrante de garantías debe agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, este es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De ahí que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. En el caso, interesa destacar que el acto reclamado se trata de una resolución de una medida cautelar que no restringe su libertad, y por ende, admite en su contra, la interposición del recurso de apelación previsto en los artículos 160 y 467 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales en los términos siguientes: "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables." Así, atento a que la legislación procesal en cita dispone que las resoluciones de medidas cautelares pueden ser impugnadas por medio del recurso de apelación, es evidente que si en la especie el acto aquí reclamado es la determinación por la que impone como medida cautelar una garantía económica por la cantidad de veinte mil pesos, entonces, en su contra procedía el recurso de apelación. De ahí que, en el caso, la parte quejosa debió combatir la resolución emitida por el juez del proceso, en la instancia ordinaria correspondiente por medio del aludido recurso, antes de acudir a la vía extraordinaria de amparo. Además, cabe desatacar que el acto que reclama la promovente, no se ubica dentro de los supuesto de excepción que prevé la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: 1. No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. 3. Y no se trata de persona extraña al procedimiento. Cobra aplicación en el presente caso la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Página: 1816, Novena Época, Registro 175624: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por tanto, la promovente estuvo en aptitud legal de acudir directamente ante la autoridad responsable a promover el recurso ordinario contra la resolución que ahora le causa agravio y, al no haberlo hecho así, deviene la improcedencia de la presente vía constitucional, por no agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Las consideraciones anotadas tienen sustento en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en el Semanario Judicial de la Federación por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo 2002, Materia Común, página 902, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Se apoya lo anterior, con la tesis de rubro y texto que a la letra dice: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La medida cautelar de exhibición de garantía económica es de naturaleza real, ya que únicamente implica una afectación monetaria, pues requiere a los imputados a efecto de que exhiban una cantidad definida para garantizar su presencia en el proceso penal. Lo que revela que, por regla general, su imposición no restringe, ni siquiera en forma indirecta, la libertad personal de los imputados, ya que se circunscribe a que exhiban una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja su libertad personal. En estas condiciones, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Juez de Control del sistema penal acusatorio que impone al imputado la medida cautelar de exhibición de garantía económica, establecida en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo pues, previo a promoverlo, debe agotarse el recurso de apelación regulado en el diverso artículo 467, fracción V, del propio código, en observancia al principio de definitividad, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, sólo implica una afectación económica. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, con base en lo expuesto por la Representación Social y la decisión del Juez de Control, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la propia ley. Cabe precisar que la causal de improcedencia invocada se estima probada de modo manifiesto e indudable, ya que para su actualización no requiere mayor demostración que lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad, narró los hechos que motivaron el acto reclamado; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por la amparista, sus manifestaciones se estiman suficientes para probar la naturaleza del acto reclamado, sin necesidad de contar con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". AUTORIZADOS Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eliseo Bibiano Juarez, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Así como únicamente para oír y recibir notificaciones a Manuel Eduardo Vidal Alor, por no contar con su cédula registrada en el sistema citado con antelación; asimismo a las restantes personas que menciona por así haberlo solicitado expresamente. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, toda vez que señaló como domicilio procesal los estrados de este juzgado; por lo tanto, se ordena a las actuarias adscritas a este Juzgado hacer las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de la Ley.
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