Susana Alicia Ruiz Araujo
Expediente 627/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Susana Alicia Ruiz Araujo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el oficio con anexos de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo ********************/2019-4A y remite testimonio de la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la sesión de once de diciembre de dos mil veinte, en el amparo en revisión o auxiliar ********************/2020 de su índice, correspondiente al amparo en revisión civil ********************/2020 de la estadística del Órgano Colegiado remitente, en la que se resuelve: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Actuaria Tercera, adscrita al juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en Los Mochis. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Susana Alicia Ruiz Araujo, en contra de los actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en Los Mochis, señalados en el considerando sexto de la sentencia recurrida. ."; intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas para evitar duplicidad de constancias y agréguese el oficio de cuenta a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y para conocimiento de las partes. Asimismo, como lo solicita la autoridad remitente, acúsese recibo mediante oficio en el que se transcriba el presente proveído. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por la otra se negó el amparo, resolución que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión auxiliar ********************/2020 de su índice; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, resulta innecesario conservar las constancias certificadas del expediente ********************/2010 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, las cuales fueron remitidas por el titular del citado juzgado al rendir su informe justificado; por tanto, devuélvanse dichas constancias certificadas y solicítese el acuse de recibo correspondiente; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, por lo que hace a las diversas copias certificadas del juicio de amparo ********************/2019-6B, y que fueron obtenidas en cumplimiento al acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente expediente, para que obraran como anexos a estos autos, se ordena su destrucción por resultar jurídicamente innecesaria su conservación.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que el amparo en revisión ********************/2020 de su índice, formado con motivo del juicio de amparo ********************/2019-4A del que deriva este cuaderno de antecedentes, apareció en el turno aleatorio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, realizado el tres de noviembre del año en curso, para el apoyo en el dictado de la sentencia respectiva, de ahí que se ordenó la remisión del asunto a dicho Tribunal Colegiado, a quien le corresponderá resolver del medio de impugnación interpuesto; agréguese a los autos para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria Tercera adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, acorde al artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable mencionada y dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa Susana Ruíz Araujo mediante el cual desahoga la vista personal ordenada mediante acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso, y amplía la demanda de amparo con relación a la autoridad Actuaria Tercera adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Pues bien, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 5, 6, 35, 37, 111, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto a la autoridad responsable Actuaria Tercera adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. En ese contexto, requiérase a la citada autoridad responsable el informe justificado en torno al acto reclamado consistente en la diligencia de emplazamiento al juicio ordinario civil de rescisión de contrato 840/2010 del índice del juzgado responsable, promovido por el tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado contra Rafael Hernández Márquez; para lo cual, remítasele copias de la demanda de amparo, del auto admisorio y del escrito de ampliación de demanda. En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá rendir el informe justificado por escrito, y podrá realizarlo en medios magnéticos, a través del fax institucional al número telefónico 668 815 3208 o, bien, al correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguiente al en que reciba el oficio respectivo, para lo cual deberá exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado; asimismo, la responsable deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar el informe justificado. Además, se apercibe a la responsable que de no rendir el informe en mención o no remitir las constancias certificadas para sustentarlo dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual modo, se precisa que cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia del presente juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano judicial y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten y, si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable la jurisprudencia 12/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11 del Tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2003, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO. La ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal, y si bien no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, su inclusión se estima indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto que le plantea el quejoso, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial, máxime que dicha figura no está en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar.". También la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 12 del Tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2003, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". Por último, a fin de dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional programada para las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre del año en curso, se transfiere para que tenga verificativo a las nueve horas del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
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