Tanya Rocio Leyva Bustillo

Expediente 23/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
23/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Tanya Rocio Leyva Bustillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En veintiséis de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez la certificación secretarial que antecede, y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de marzo del presente año, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los Cuerpos de Leyes citados, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De igual modo, acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que mediante acuerdo de treinta y uno de marzo del actual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista el estado de los autos se advierte que la demanda de amparo fue admitida respecto a la quejosa Tania Rocío Leyva Bustillos, y contra las autoridades Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, Presidente, Tesorero y Síndica Procuradora del referido Ayuntamiento. En el apartado referente al acto reclamado, la quejosa expresa que como actos reclamados de las autoridades responsables, literalmente, a los siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO. - PRIMERO.- Del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de El Fuerte, Sinaloa; se le reclama: La abstención e inhibición de implementar y ejecutar en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, las medidas distintas y necesarias más eficaces para obtener la ejecución del laudo ejecutoriado emitido el 22 de marzo del año 2019, dictado dentro del juicio laboral número 16/2017, en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, facultades que le son conferidas por el artículo 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa; y que debido a su miopía o complacencia, ha dejado de aplicar e interpretar correctamente dicho dispositivo legal en perjuicio del quejoso; es decir, ha dejado de aplicar los instrumentos o medidas legales idóneas en contra de la autoridad municipal demandada para vencer su contumacia; tendientes a lograr y garantizar la eficaz e inmediata ejecución y cumplimiento del laudo ejecutoriado, en franca violación a los artículos 16, 17 y 128 Constitucionales. Ya que con la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable en proseguir con las diligencias de requerimiento de pago y embargo de bienes de la patronal enjuiciada, y con ello dilatar más el procedimiento con el que se pueda resarcir el daño causado a la quejosa con motivo del despido injustificado que fui objeto por la ahora patronal condenada, lo anterior es así, ya que si bien es cierto, la autoridad responsable si bien es cierto, emitió un acuerdo donde ordena al actuario adscrito a ese mismo Tribunal Laboral, constituirse en el domicilio de la ahora tercero interesada a efectos que cubra al suscrito la cantidad que le fue condenada en juicio, apercibido que en caso de incumplimiento se le impondría al mismo ayuntamiento una multa que asciende a la cantidad de $10,000.00, apercibimiento que me resulta completamente absurdo, ya que la responsable no aplica supletoriamente los artículos que correspondan a la ejecución de laudos que refiere la Ley Federal del Trabajo. Dicho en otras palabras, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 y 949 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que corresponde al presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, conocer de las actuaciones relacionadas con la ejecución de los laudos, al ser quien debe dictar las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita. Que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Que, en su caso, los gastos que se originen con su ejecución serán a cargo de la parte que no cumpla. Que debe despacharse para el pago específico de la cantidad líquida a que se haya condenado expresamente en el laudo, cuidando que ello se otorgue personalmente. 2.- SEGUNDO. - Del C. Presidente Constitucional, Tesorero, Sindica Procuradora, como del propio FI. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, se reclama: Los actos negativos, consistentes en la abstención u omisión de cumplir con el laudo dictado el 08 de enero del año 2021, dictados dentro del juicio laboral número 16/2017, esto a pesar que el mismo le fue notificado, en tiempo y forma, y no obstante que el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo señala lo siguiente: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. De dicho preceptos se advierte que corresponde conocer al presidente de la Junta por cuanto a la ejecución de los laudos, quien debe dictar las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita y que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación y los gastos que se originen en su ejecución serán a cargo de la parte que no cumpla, además que su ejecución, debe despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago específico de cantidad líquida a que se haya condenado expresamente en el laudo y el presidente de la Junta cuidará que ello se otorgue personalmente". "." De la anterior transcripción y el resto de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que el reclamo se relaciona con el incumplimiento del laudo que el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de El Fuerte, Sinaloa emitió en el expediente laboral burocrático 16/2017 que la quejosa promovió contra el Ayuntamiento del referido municipio, en el cual fue condenada la parte demandada, en esencia, a la reinstalación de la actora en ese juicio (aquí quejosa(, y al pago de los salarios caídos. Puntualiza la peticionaria que el ayuntamiento demandado ha sido totalmente omiso y pasivo para cumplir con la condena que se le impuso en su favor, trasgrediendo con ello en su perjuicio la tutela jurisdiccional consagrada en los artículos 16, 17 y 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado se observa que al rendir su informe justificado, el Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, en lo que interesa, señaló: "Es pertinente manifestar que en el juicio laboral 16/2017, con fecha 21 de noviembre del 2019 se dictó acuerdo por este tribunal en donde se suspendió la ejecución de laudo derivado del amparo directo promovido por la parte demandada AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se guardan mientras se resuelve el fondo del amparo, del cual tienen conocimiento la parte quejosa; cabe destacar que el amparo directo presentada por la parte demandada fue admitido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, y en la actualidad fue turnado para resolución bajo el expediente 311/2021". "." Además, anexó copia del acuerdo del acuerdo emitido por dicho Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, mediante el que tuvo por presentada la demanda de amparo directo contra el laudo de ocho de enero del dos mil veintiuno, emitido por ese tribunal en el expediente laboral 16/2017 de origen, incoado por la aquí quejosa Tania Rocío Leyva Bustillos contra el citado ayuntamiento; y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Segundo Circuito; asimismo, del acuerdo por medio del cual, concedió la suspensión de la ejecución del laudo reclamado, de veintiuno de noviembre de dos mil diez y nueve. Ahora bien, es imperativo reconocer que, en la especie se actualiza una causal de improcedencia del presente juicio de amparo, que se hace valer de manera oficiosa, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, tal como se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene completa observancia la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En consecuencia, el suscrito estima que en el presente caso se actualiza de manera evidente e incuestionable la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que para una mejor comprensión se transcribe: "El juicio de amparo es improcedente: [.] IX.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. "[.]" Como se ve, según lo dispone la fracción IX del artículo 61 antes citado, el juicio de amparo es improcedente: a). Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo y b). En ejecución de las mismas. Por cuanto ve al primer supuesto, es evidente que esta causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales previene, y no mediante un nuevo y autónomo juicio de derechos. Y, respecto a la segunda hipótesis, se tiene que el amparo es improcedente también, cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; y, sobre el particular, se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no sólo se refiere al caso de una sentencia protectora, también lo serán de cualquier determinación o mandato. De lo ya expuesto se advierte que el acto reclamado se encuentra estrechamente vinculado con el cumplimiento de una determinación dictada en el procedimiento del juicio de amparo directo, a saber, la suspensión decretada por la autoridad responsable, en auxilio de la justicia federal, contra el laudo emitido. Ahora, la razón de ser de la causa de improcedencia, es que una misma cuestión especifica pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el riesgo de producir una cadena eterna de juicios de amparo sobre la misma materia, en detrimento de la seguridad requerida para lograr la armonía social, como se explicita en la jurisprudencia XXI.1o. J/15 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 867, del siguiente tenor: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo. Criterio aplicable no obstante provenir de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, ya que el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo invocada es de idéntica redacción al numeral 73, fracción II, del ordenamiento primeramente citado. En el presente caso, el incumplimiento del laudo emitido el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve en el expediente laboral 16/2017 de origen, del que se duele la quejosa, se debe a la suspensión concedida en el referido amparo directo planteado por el ayuntamiento en comento, por lo que es claro e incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo en cita, precepto que, como se advirtió, determina expresamente la improcedencia del juicio de garantías contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Sin que ello implique que tales resoluciones no puedan combatirse (en su caso( a través de los medios legales inherentes al juicio de amparo que la propia ley de la materia contempla, pero no a través de diverso juicio constitucional, por encontrarse taxativamente señalada su improcedencia en el aludido precepto. En consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio conforme a lo ordenado en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia invocada; por tal motivo la audiencia constitucional señalada para las diez horas con tres minutos de esta fecha, se deja sin efectos.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio 3214/2022 de cuenta, signado por el Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en El Fuerte, Sinaloa, mediante el cual rinde informe justificado, y remite documentales; agréguense al sumario para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, acorde al artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la responsable mencionada y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, téngase por recibidas en este acto las documentales allegadas con el informe justificado, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no obra glosada a este juicio de amparo la constancia postal que acredite que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en El Fuerte, Sinaloa, haya recibido el oficio 1928/2022, en el cual se le solicitó su informe justificado. En consecuencia, requiérase por ESTAFETA y por la vía telegráfica a la citada autoridad, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la recepción del oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, comunique a este Juzgado Federal si recibió o no el referido oficio en donde se le solicitaba su informe justificado, y en caso informativo, informen si es cierto o no los actos reclamados. En la inteligencia de que la autoridad señalada con el carácter de responsable podrá otorgar cumplimiento a dicho requerimiento y rendir el informe justificado a través del correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En ese sentido, a fin de dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y se fijan las diez horas con tres minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo.

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