Sonia Karely Navarro Lopez

Expediente 335/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
335/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Sonia Karely Navarro Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Se encomienda la realización de la diligencia a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo que deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el encausado de mérito, para que proceda a la plena identificación de Sonia Karely Navarro López, quien se encuentra interna en el Centro Penitenciario Goros ll, con sede en esta Ciudad; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada con relación a las constancias remitidas por las autoridades responsables Director y Jefe del Departamento de los Servicios Médicos Generales, ambos del Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, el suscrito Encargado del Despacho analiza si se otorgó cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas responsables. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Sonia Karely Navarro López; en ese sentido, dicha resolución causó ejecutoria el cuatro de octubre del año en curso, al no ser impugnada por alguna de las partes. En la inteligencia de que la protección constitucional se concedió a efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realizaran las siguientes acciones: 1. Elaboraran por escrito el dictamen en el Área de Servicios Médicos del Centro de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con domicilio conocido en San Felipe Ángeles, Ahome, Sinaloa, con base en los estudios y consultas médicas que se le practicaran a la quejosa, para lo cual debían especificar si la quejosa requería o no de la atención y tratamiento especializado que indica y, en su caso, proporcionarlo a la impetrante; 2. Proveyeran el tratamiento médico y medicamentos, con relación a los padecimientos de la justiciable consistentes en epilepsia, en los términos previstos en el fallo constitucional. Ello debían justificarlo cabalmente con las constancias pertinentes. En ese orden de ideas, las autoridades responsables Director y Jefe del Departamento de los Servicios Médicos Generales, ambos del Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, a través de los oficios de diez de octubre del presente año, allegaron copia certificada del informe médico de ocho de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Jefe del Departamento de los Servicios Médicos Generales del Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, en el que previa valoración médica realizada a la quejosa, se le diagnosticó cefalea migrañosa y crisis epiléptica (tipo focal sin alteración o pérdida de conocimiento), asimismo, se estableció que la quejosa se encontraba bajo prescripción médica a base de Topiramato (tabletas de cien miligramos), Fenitoína sódica (tabletas de cien miligramos) y Cinarizina (tabletas de setenta y cinco miligramos). Asimismo, las responsables remitieron constancia certificada del kardex de cinco de octubre de dos mil dieciocho, signado por el citado Jefe de Servicios Médicos, relativo al suministro de los medicamentos aludidos proporcionados a la quejosa. De igual forma, las autoridades responsables informaron que la impetrante ha recibido diversas valoraciones médicas por los padecimientos indicados, tratamientos farmacológicos múltiples, excarcelaciones médicas al Hospital General de Los Mochis y Hospital Agraz, atención médica especializada en neurología, medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general y realización de estudios de laboratorio. De acuerdo a lo anterior, como se precisó, se ordenó dar vista personal a la parte quejosa con los oficios aludidos, quien no realizó alguna manifestación respecto al cumplimiento otorgado a la ejecutoria, no obstante encontrarse notificada. En consecuencia, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que las responsables elaboraran por escrito el dictamen en el Área de Servicios Médicos del Centro de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con base en los estudios y consultas médicas que se le practicaran a la quejosa, para lo cual debían especificar si la quejosa requería o no de la atención y tratamiento especializado que indica y, en su caso, proporcionarlo a la impetrante, así como también proveyeran el tratamiento médico y medicamentos, con relación al padecimiento de epilepsia, lo cual ya aconteció; es dable establecer que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Por último, considerando que la quejosa Sonia Karely Navarro López se encuentra interna en el Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, se encomienda a la actuaria judicial de la adscripción a fin de que le notifique el presente acuerdo, en el citado centro de reclusión, lo cual deberá efectuar en cuanto a sus labores lo permitan; en el entendido de que deberá identificar plenamente a la impetrante y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interna para proceder a la plena identificación de Sonia Karely Navarro López.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL AUTORIZADO ANICETO AUDEVES DE LA QUEJOSA SONIA KARELY NAVARRO LÓPEZ EL AUTO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: En atención al estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada con relación a las constancias remitidas por las autoridades responsables Director y Jefe del Departamento de los Servicios Médicos Generales, ambos del Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, el suscrito Encargado del Despacho analiza si se otorgó cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas responsables. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Sonia Karely Navarro López; en ese sentido, dicha resolución causó ejecutoria el cuatro de octubre del año en curso, al no ser impugnada por alguna de las partes. En la inteligencia de que la protección constitucional se concedió a efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realizaran las siguientes acciones: 1. Elaboraran por escrito el dictamen en el Área de Servicios Médicos del Centro de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con domicilio conocido en San Felipe Ángeles, Ahome, Sinaloa, con base en los estudios y consultas médicas que se le practicaran a la quejosa, para lo cual debían especificar si la quejosa requería o no de la atención y tratamiento especializado que indica y, en su caso, proporcionarlo a la impetrante; 2. Proveyeran el tratamiento médico y medicamentos, con relación a los padecimientos de la justiciable consistentes en epilepsia, en los términos previstos en el fallo constitucional. Ello debían justificarlo cabalmente con las constancias pertinentes. En ese orden de ideas, las autoridades responsables Director y Jefe del Departamento de los Servicios Médicos Generales, ambos del Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, a través de los oficios de diez de octubre del presente año, allegaron copia certificada del informe médico de ocho de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Jefe del Departamento de los Servicios Médicos Generales del Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, en el que previa valoración médica realizada a la quejosa, se le diagnosticó cefalea migrañosa y crisis epiléptica (tipo focal sin alteración o pérdida de conocimiento), asimismo, se estableció que la quejosa se encontraba bajo prescripción médica a base de Topiramato (tabletas de cien miligramos), Fenitoína sódica (tabletas de cien miligramos) y Cinarizina (tabletas de setenta y cinco miligramos). Asimismo, las responsables remitieron constancia certificada del kardex de cinco de octubre de dos mil dieciocho, signado por el citado Jefe de Servicios Médicos, relativo al suministro de los medicamentos aludidos proporcionados a la quejosa. De igual forma, las autoridades responsables informaron que la impetrante ha recibido diversas valoraciones médicas por los padecimientos indicados, tratamientos farmacológicos múltiples, excarcelaciones médicas al Hospital General de Los Mochis y Hospital Agraz, atención médica especializada en neurología, medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general y realización de estudios de laboratorio. De acuerdo a lo anterior, como se precisó, se ordenó dar vista personal a la parte quejosa con los oficios aludidos, quien no realizó alguna manifestación respecto al cumplimiento otorgado a la ejecutoria, no obstante encontrarse notificada. En consecuencia, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que las responsables elaboraran por escrito el dictamen en el Área de Servicios Médicos del Centro de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con base en los estudios y consultas médicas que se le practicaran a la quejosa, para lo cual debían especificar si la quejosa requería o no de la atención y tratamiento especializado que indica y, en su caso, proporcionarlo a la impetrante, así como también proveyeran el tratamiento médico y medicamentos, con relación al padecimiento de epilepsia, lo cual ya aconteció; es dable establecer que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Por último, considerando que la quejosa Sonia Karely Navarro López se encuentra interna en el Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, se encomienda a la actuaria judicial de la adscripción a fin de que le notifique el presente acuerdo, en el citado centro de reclusión, lo cual deberá efectuar en cuanto a sus labores lo permitan; en el entendido de que deberá identificar plenamente a la impetrante y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interna para proceder a la plena identificación de Sonia Karely Navarro López.

  4. Principal

    Visto los oficios de cuenta, signados por el Director y el Jefe del Departamento de los Servicios Médicos Generales, ambos del Centro Penitenciario GOROS II con residencia en esta ciudad, mediante los cuales dan cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surtan sus efectos legales. En atención a lo anterior, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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