Susana Alesandra García León

Expediente 521/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
521/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Susana Alesandra García León
  • Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Pronunciamiento causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad en contra de la resolución que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se declara que la misma ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó y concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Valoración de los cuadernillos incidentales. Por otra parte, toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original y duplicado del cuaderno incidental son susceptibles de DESTRUCCIÓN y no es de relevancia documental. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Documentos irrecuperables. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Cristina García Maya, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuenta. En cinco de septiembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta a la Juez, con la promoción registrada con el número 14448. Conste.Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el comunicado signado por el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 22338/2022, mediante el cual se hizo de su conocimiento que se declaró cumplido el fallo protector, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa y se devolvió el testimonio del toca penal I-2/2022 de su índice, de lo que se toma conocimiento.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO JORGE ALEJANDRO GARCÍA OCHOA. Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección constitucional a Susana Alessandra García León, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1 Deje insubsistente la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación I-2/2022, derivado de la causa penal 31/2020, del índice del juzgado responsable; y, 2. En su lugar, dicte una nueva, que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero purgando los vicios formales que se advirtieron en el fallo impugnado, esto es, dejando intocados los aspectos que no son materia de la presente concesiva, deberá dar atención a los agravios propuestos por la quejosa de manera fundada y motivada; y al atender a la impugnación sobre las medidas de protección impuestas al juez de origen, deberá ceñirse a los hechos y pruebas que obran en el presente proceso penal, a fin de establecer la necesidad de pertinencia de tales medidas". 2. Causa ejecutoria. Mediante auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. En proveído de once de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la responsable informando el cumplimiento dado a la ejecutoria y exhibiendo copia certificada de la resolución de diez de agosto del año en curso, dictada en el toca de apelación I-2/2022, en la que, en lo conducente, resolvió: "En consecuencia, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y conforme a lo ordenado, en primer lugar se deja insubsistente la resolución emitida por esta alzada, el 16 dieciséis de febrero del dos mil veintidós, por lo que concierne única y exclusivamente a la víctima y su asesor victimal. [.] Procedencia de restricciones. En otro orden de ideas, en los términos de los razonamientos y consideraciones hechos por el tribunal de amparo sobre este aspecto, se deja intocada la determinación del juez en lo que respecta a las restricciones y/o medidas cautelares impuestas al procesado, consistentes en: "1. Se prohíbe a Jorge Alejandro García Ochoa, acudir al domicilio de la víctima directa. 2. A tener comunicación por cualquier medio electrónico con la víctima directa. [...] Las referidas medidas estarán vigentes por el término hasta la culminación de la causa penal. En el entendido que el inculpado de no acatar lo ordenado por este Tribunal será motivo de revocar sin trámite alguno el beneficio del que actualmente se encuentra disfrutando en términos del artículo 507 y 508 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Lo anterior, al resultar necesaria y pertinente para salvaguardar los intereses e integridad de la víctima, ya que de lo vertido por la propia adolescente, se desprende -en la parte que interesa- su negativa de querer convivir con su padre, pues esto -a su decir- equivaldría un riesgo en su salud física y mental ya que no es la primera vez que le pega o la agrede y, porque su pasaporte lo obtuvo siendo mayor de edad. Datos que también destacó en el dictamen psicológico previamente citado, en el que la víctima sostuvo que ella dio a conocer los hechos por los cuales denunció a su padre, aduciendo que sufrió abuso físico y verbal de su parte, describiéndolo como una persona poco tolerante y que por lo mismo no quiere convivir con él, ya que le tiene miedo; asimismo, comentó que está cansada del proceso legal, porque ha perdido varias oportunidades académicas en el extranjero. De ahí que sí se acredite la pertinencia de prohibición para el inculpado de acercarse a la víctima en los términos establecidos por el juzgador. Consecuentemente, este tribunal procede a confirmar el incidente sobre revocación de la libertad provisional bajo caución, de fecha 17 diecisiete de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de este distrito judicial, dentro del proceso penal número 31/2020-1, instruido en contra de Jorge Alejandro García Ochoa, por la comisión del delito de Lesiones, en agravio de la víctima identificada dentro de la causa penal. SÉPTIMO. Finalmente, para justificar el cumplimiento ejecutoria pronunciada dentro del juicio de amparo indirecto 521/2022, promovido por Susana Alessandra García León, dado a la número emítasele testimonio certificado de la presente resolución, al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad". 4. Pronunciamiento. Del análisis de dicha resolución se observa que la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: Atendió los agravios expresados por el asesor jurídico de la víctima en el proceso penal de origen, en los que alegó en esencia lo siguiente: Que no se otorgó un trato diferenciado y proteccionista a la víctima. Que el incidente de revocación del beneficio de libertad provisional bajo caución resultaba procedente, en virtud que cuando el inculpado ejerció los actos intimidatorios sobre la víctima, ésta era menor de edad. Que si su padre no hubiese actuado de forma contraria a la ley, la incidentista no hubiese solicitado una medida tan grave. Que la génesis del asunto es la violencia física ejercida por el activo en contra de la incidentista. Que los testimonios de la víctima y su progenitora sí resultaban suficientes para la procedencia de la incidencia planteada. Que se debió otorgar valor indiciario a los audios presentados, dado que no fueron objetados por la defensa en cuanto a su alcance y valor probatorio, ni fueron tachados de falsos o alterados. Al respecto, la autoridad responsable sostuvo que se respetaron los derechos humanos de la víctima, atendiendo al interés superior, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables; además de que estuvo representada en un inicio por su progenitora, un asesor victimal y el propio Ministerio Público, por lo que sí se le otorgó un trato diferenciado dada su calidad de menor de edad. Respecto a que no se atendió el hecho de que el imputado ejerció actos intimatorios y amenazantes, en relación a que el juez de origen no valoró el material auditivo, la Sala responsable hizo constar que sí se efectuó la valoración de las constancias respectivas, testimonial a cargo de la quejosa y el propio audio referido. También se pronunció respecto a que en la causa penal de origen no quedó justificado que el inculpado haya amenazado a su descendiente ni que la haya intimidado, en términos de lo previsto en el artículo 187 del Código Penal para el Estado de Michoacán. Finalmente, dejó intocado lo resuelto por el juez de origen por lo que respecta a las restricciones y/o medidas cautelares impuestas al procesado, con el fin de salvaguardar los intereses e integridad de la víctima. Conclusión. En tales circunstancias, este juzgado federal considera que la autoridad responsable restituyó la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que dejó sin efectos la sentencia reclamada y en su lugar dictó otra en la que confirmó el incidente sobre revocación de la libertad provisional del imputado, pero subsanando los vicios formales destacados en la sentencia protectora. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez Katia Orozco Alfaro, funge como titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de que se encuentren en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección constitucional a Susana Alessandra García León, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación I-2/2022, derivado de la causa penal 31/2020, del índice del juzgado responsable; y, 2. En su lugar, dicte una nueva, que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero purgando los vicios formales que se advirtieron en el fallo impugnado, esto es, dejando intocados los aspectos que no son materia de la presente concesiva, deberá dar atención a los agravios propuestos por la quejosa de manera fundada y motivada; y al atender a la impugnación sobre las medidas de protección impuestas al juez de origen, deberá ceñirse a los hechos y pruebas que obran en el presente proceso penal, a fin de establecer la necesidad de pertinencia de tales medidas". 2. Causa ejecutoria. Mediante auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. En proveído de once de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la responsable informando el cumplimiento dado a la ejecutoria y exhibiendo copia certificada de la resolución de diez de agosto del año en curso, dictada en el toca de apelación I-2/2022, en la que, en lo conducente, resolvió: "En consecuencia, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y conforme a lo ordenado, en primer lugar se deja insubsistente la resolución emitida por esta alzada, el 16 dieciséis de febrero del dos mil veintidós, por lo que concierne única y exclusivamente a la víctima y su asesor victimal. [.] Procedencia de restricciones. En otro orden de ideas, en los términos de los razonamientos y consideraciones hechos por el tribunal de amparo sobre este aspecto, se deja intocada la determinación del juez en lo que respecta a las restricciones y/o medidas cautelares impuestas al procesado, consistentes en: "1. Se prohíbe a Jorge Alejandro García Ochoa, acudir al domicilio de la víctima directa. 2. A tener comunicación por cualquier medio electrónico con la víctima directa. [...] Las referidas medidas estarán vigentes por el término hasta la culminación de la causa penal. En el entendido que el inculpado de no acatar lo ordenado por este Tribunal será motivo de revocar sin trámite alguno el beneficio del que actualmente se encuentra disfrutando en términos del artículo 507 y 508 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Lo anterior, al resultar necesaria y pertinente para salvaguardar los intereses e integridad de la víctima, ya que de lo vertido por la propia adolescente, se desprende -en la parte que interesa- su negativa de querer convivir con su padre, pues esto -a su decir- equivaldría un riesgo en su salud física y mental ya que no es la primera vez que le pega o la agrede y, porque su pasaporte lo obtuvo siendo mayor de edad. Datos que también destacó en el dictamen psicológico previamente citado, en el que la víctima sostuvo que ella dio a conocer los hechos por los cuales denunció a su padre, aduciendo que sufrió abuso físico y verbal de su parte, describiéndolo como una persona poco tolerante y que por lo mismo no quiere convivir con él, ya que le tiene miedo; asimismo, comentó que está cansada del proceso legal, porque ha perdido varias oportunidades académicas en el extranjero. De ahí que sí se acredite la pertinencia de prohibición para el inculpado de acercarse a la víctima en los términos establecidos por el juzgador. Consecuentemente, este tribunal procede a confirmar el incidente sobre revocación de la libertad provisional bajo caución, de fecha 17 diecisiete de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de este distrito judicial, dentro del proceso penal número 31/2020-1, instruido en contra de Jorge Alejandro García Ochoa, por la comisión del delito de Lesiones, en agravio de la víctima identificada dentro de la causa penal. SÉPTIMO. Finalmente, para justificar el cumplimiento ejecutoria pronunciada dentro del juicio de amparo indirecto 521/2022, promovido por Susana Alessandra García León, dado a la número emítasele testimonio certificado de la presente resolución, al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad". 4. Pronunciamiento. Del análisis de dicha resolución se observa que la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: Atendió los agravios expresados por el asesor jurídico de la víctima en el proceso penal de origen, en los que alegó en esencia lo siguiente: Que no se otorgó un trato diferenciado y proteccionista a la víctima. Que el incidente de revocación del beneficio de libertad provisional bajo caución resultaba procedente, en virtud que cuando el inculpado ejerció los actos intimidatorios sobre la víctima, ésta era menor de edad. Que si su padre no hubiese actuado de forma contraria a la ley, la incidentista no hubiese solicitado una medida tan grave. Que la génesis del asunto es la violencia física ejercida por el activo en contra de la incidentista. Que los testimonios de la víctima y su progenitora sí resultaban suficientes para la procedencia de la incidencia planteada. Que se debió otorgar valor indiciario a los audios presentados, dado que no fueron objetados por la defensa en cuanto a su alcance y valor probatorio, ni fueron tachados de falsos o alterados. Al respecto, la autoridad responsable sostuvo que se respetaron los derechos humanos de la víctima, atendiendo al interés superior, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables; además de que estuvo representada en un inicio por su progenitora, un asesor victimal y el propio Ministerio Público, por lo que sí se le otorgó un trato diferenciado dada su calidad de menor de edad. Respecto a que no se atendió el hecho de que el imputado ejerció actos intimatorios y amenazantes, en relación a que el juez de origen no valoró el material auditivo, la Sala responsable hizo constar que sí se efectuó la valoración de las constancias respectivas, testimonial a cargo de la quejosa y el propio audio referido. También se pronunció respecto a que en la causa penal de origen no quedó justificado que el inculpado haya amenazado a su descendiente ni que la haya intimidado, en términos de lo previsto en el artículo 187 del Código Penal para el Estado de Michoacán. Finalmente, dejó intocado lo resuelto por el juez de origen por lo que respecta a las restricciones y/o medidas cautelares impuestas al procesado, con el fin de salvaguardar los intereses e integridad de la víctima. Conclusión. En tales circunstancias, este juzgado federal considera que la autoridad responsable restituyó la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que dejó sin efectos la sentencia reclamada y en su lugar dictó otra en la que confirmó el incidente sobre revocación de la libertad provisional del imputado, pero subsanando los vicios formales destacados en la sentencia protectora. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez Katia Orozco Alfaro, funge como titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de que se encuentren en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente.

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