Susana Elena Guzmán Tena
Expediente 294/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Susana Elena Guzmán Tena
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el sobreseimiento por auto dictado en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1 y 7.5 en sus numerales 2 y 3 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico el informe justificado rendido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, así como las constancias que adjuntó al mismo, de las que se observa que en el caso particular se actualiza una causa indudable y manifiesta de sobreseimiento, lo que permite hacer tal declaratoria, incluso, previo a la celebración de la audiencia constitucional. Para evidenciar lo anterior, es menester acotar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por esta vía constitucional, consiste en la omisión que se imputa al tribunal responsable de proveer lo conducente al escrito que presentó el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual la peticionaria de amparo promueve incidente de incompetencia dentro del expediente 324/2020. En efecto, la peticionaria de amparo señala en los hechos de su demanda y conceptos de violación, que la responsable ha sido omisa en proveer lo conducente al incidente de incompetencia que planteó, actitud omisa que considera violatoria de sus derechos humanos, toda vez que genera dilaciones innecesarias en el procedimiento laboral de origen, tal como se observa de las transcripciones siguientes: "TERCERO.- Remitidos los autos al TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, es que se radicó el juicio bajo el número de expediente 324/2020, siendo que antes de su radicación interpuse por escrito Incidente de competencia, esto con fecha 27 de noviembre del 2020, siendo que el tribunal responsable no ha acordado nada sobre el Incidente ni mucho ha sustanciado el mismo". Luego, como se indicó, el acto de que se duele la peticionaria de amparo, lo es la omisión que atribuye al tribunal responsable de pronunciarse sobre el incidente de incompetencia que promovió en el juicio 324/2020 de su índice. Ahora, con relación a lo anterior, tenemos que de las constancias que remitió la responsable, consistentes en copias certificadas del expediente 324/2020, en el que figura como parte actora la aquí peticionaria de amparo, con valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo, se obtiene que por auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, el tribunal responsable, por un lado, se avocó al conocimiento de la demanda de laboral presentada por la ahora quejosa, de la que inicialmente conoció la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, decretando las providencias del caso y, por otro, se pronunció sobre el incidente de incompetencia planteado por la peticionaria de amparo, mismo que desechó de plano, por las razones que se indican en tal acuerdo, como se observa a continuación: (.) Luego, la valoración de las documentales en comento, evidencia que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, no existía el acto omisivo que se imputa al tribunal responsable, pues dicha autoridad con antelación a la presentación de la demanda de amparo, había determinado lo que estimó pertinente con relación al planteamiento incidental de incompetencia propuesto por la ahora quejosa. Por tanto, al no existir el acto omisivo que se reclama en este juicio, según se puso de manifiesto con las constancias que se allegaron al sumario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar su sobreseimiento fuera de audiencia. En relación con lo anterior, cobra aplicación la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Civil, 21 Noviembre de 2014, Décima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar") pues en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negación de imposible demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene, no de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, susceptible de probarse, que permite presumir otro de igual naturaleza". Resulta pertinente citar, respecto a la validez de sobreseer en el juicio previo al verificativo de la audiencia constitucional, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En atención a lo determinado en párrafos precedentes, es menester dejar sin efectos el señalamiento de audiencia constitucional para esta misma data, ya que en este auto se está emitiendo la determinación correspondiente a la conclusión del presente juicio, por los motivos y fundamentos expuestos líneas atrás. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Visto el comunicado del Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, no obstante la vista ordenada en el párrafo que antecede, a fin de permitir a las partes conocer el contenido de tal informe, lo cierto es que este juzgado federal advierte que existe una confusión respecto al número de juicio laboral respecto del que se solicitó informe. En efecto, la autoridad responsable rinde informe con relación a las actuaciones que dice se contienen en el expediente registrado con el número ********************de su índice; sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que la peticionaria de amparo manifestó que los actos reclamados derivan del expediente número ********************del índice de la responsable, que es distinto al que sirve de sustento a la responsable para rendir su informe justificado. Por tanto, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, aclare si la información que remite en su informe corresponde al expediente citado por la quejosa en su demanda de amparo, es decir, si está informando sobre el expediente laboral ********************, y la cita que hace en su oficio de cuenta sólo se debe a un error mecanográfico; o, bien, informe los motivos por los que proporciona los datos de un expediente diverso al que se solicitó en la demanda de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el plazo que se otorga para tal efecto, le será aplicada una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización. Con independencia de lo anterior, con las actuaciones remitidas con el oficio que se provee, se ordena formar un tomo de pruebas, respetando sello, folio y rúbrica de éste. Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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